La publicación precisa que la tasa de pobreza extrema alcanzó a un 10,6% de la población de la región, cifra inferior a la de 2022 en 0,5 puntos porcentuales, pero por encima de los niveles de 2014. En total, 172 millones de personas viven la pobreza y de ellos, 66 millones sufren pobreza extrema, apunta.

Los 172 millones en situación de pobreza no pueden cubrir sus necesidades elementales y los 66 millones en pobreza extrema no pueden adquirir una canasta básica.

El estudio atribuye en más de un 80% la disminución de la pobreza regional a Brasil, donde habita más de una tercera parte de la población regional y existen transferencias no contributivas. La CEPAL estima que sin Brasil, la cifra de pobreza hubiera sido de 28,4%.

La pobreza seguiría bajando este año

Para este año, la entidad de la ONU proyecta disminuya un poco, al 26,8%, lo que representaría a 170 millones de personas. La pobreza extrema la calcula en 10,4%.

Los datos desagregados indican que Colombia, El Salvador, Paraguay y República Dominicana redujeron la pobreza en al menos un punto. En Honduras y Perú, la pobreza subió.

Un total de doce países disminuyeron la pobreza, sobre todo gracias los ingresos de los trabajadores formales y a las transferencias públicas, las ayudas de emergencia y las pensiones no contributivas.

Más mujeres que hombres pobres

La CEPAL destacó que la pobreza sigue afectando más a las mujeres que a los hombres en edad laboral y que el porcentaje de niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos etarios.

“La división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados crean brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para la inclusión laboral y protección social”, plantea el estudio.

En 2022, sólo un poco más de la mitad de las mujeres de la región estaba vinculada al mercado laboral (53,5%) y, entre las mujeres que se encontraban fuera de la fuerza laboral, el 56,3% se dedicaba exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en comparación con el 7,3% de los hombres.

Además, a partir de los 65 años, las mujeres tienen mayores niveles de pobreza que los hombres aunque reciban pensiones y el 70,3% de las que no recibe ningún tipo de pensión percibe ingresos propios menores a la línea de pobreza.

La pobreza también es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, con tasas de 39,1% y 24,6%, respectivamente.

Desigualdad alta y movilidad social baja

En tanto, la distribución de la riqueza es aún más concentrada y desigual que la del ingreso, subraya el texto, que especifica que en 2021, el 10% de las personas de mayores ingresos concentraba el 66% de la riqueza total y el 1% más rico concentraba el 33%.

América Latina es una región de desigualdad alta, movilidad social baja y cohesión social débil con políticas sociales y sistemas de protección endebles, dice el informe, y enfatiza la necesidad de fortalecer la protección social para combatir la desigualdad.

Al presentar el informe, el secretario ejecutivo de la CEPAL argumentó que el fortalecimiento de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, en particular la protección social no contributiva, supone un espacio estratégico para la adopción de un enfoque integrado” que podría ayudar a reducir la pobreza, las diversas causas de la desigualdad y los bajos niveles de cohesión social de la región y el desarrollo social inclusivo”.

José Manuel Salazar-Xirinachs añadió para enfrentar la crisis de desarrollo en la región se debe avanzar hacia sistemas de protección social “universales, integrales, sostenibles y resilientes”.

El reporte indica que en 2023 el gasto social representó el 11,5% del PIB en América Latina y que siguió siendo el principal componente del gasto público total, llegando a un 53,3% en 2023.

En los países del Caribe, esa asignación fue de 41,3%, ampliando más la brecha existente con las naciones latinoamericanas.

Para progresar en la erradicación de la pobreza se requiere establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre 1,5% y 2,5% del PIB o entre 5% y 10% del gasto público total, sostuvo la CEPAL.