Las organizaciones rechazaron la normativa y señalaron que muchas de ellas trabajan en favor de la población y del ejercicio de los derechos ciudadanos.

De acuerdo con Alfredo Leiva, de ADES Santa Marta, con la nueva normativa se verán afectados. Señaló que ADES impulsa diversos proyectos que el Estado no logra resolver. “Los más afectados son las comunidades”, reiteró. Leiva añadió que se someterán al proceso de inscripción, dado que su labor es en beneficio de la comunidad: 

"Bueno respecto a la ley de agentes extranjeros nosotros hacemos un total rechazo porque más allá del impuesto que es una extorsión a la cooperación es un mecanismo para controlar a las organizaciones y sus actividades. ¿Que si nos vamos a ver afectados? por supuesto que sí porque nosotros trabajamos con fondos de cooperación y realmente desarrollamos proyectos en el tema agricultura sostenible,  de agua entre otras cosas que el estado no es capaz de resolver, entonces, a través de estos fondos se están resolviendo problemas reales de las comunidades Y en este sentido en una situación que la cooperación se retire por estas medidas, los principales afectados van a ser las comunidades.  hay organizaciones que son  su comité de aplausos probablemente no vayan a ser afectadas pero aquellas organizaciones que mantienen una posición firme en su hacer y que le incomodan al gobierno probablemente sean afectadas independientemente la labor que desempeñan. Nosotros después de estas dos, tres semanas de análisis de la ley,  de todo lo que implica nuestra decisión es buscar la inscripción, o sea,  nosotros no vamos a caer en la ilegalidades porque ya la ley de agentes extranjeros es un instrumento legal del país, nosotros no no vamos a caer en ilegalidades y vamos a buscar la inscripción y la exoneración sin embargo eso no nos garantiza y a ninguna organización le garantiza por un lado inscribirse, exonerarse y por el otro lado poder seguir funcionando porque lo que buscan es que estas organizaciones incómodas sean apartadas".

Morena Murillo, del Foro Nacional de la Salud, afirmó que la Ley de Agentes Extranjeros “es un castigo” a las organizaciones no gubernamentales por el trabajo que realizan en favor de las comunidades, abordando problemáticas como educación, salud, agricultura y agua.

"Y lo otro que queremos decirle al pueblo salvadoreño que la ong existen de hecho, las ong desde mucho antes tienen una ley que es de asociación y fundaciones que las ha registrado por siempre,  que les da credenciales, que le que acredita a los asociados o socios. Se rinde informe financiero, se lleva un informe financiero al Ministerio de gobernación,se paga impuestos y se pagan las prestaciones laborales de todos los trabajadores y todos los otros servicios que también se prestan; entonces la ley realmente viene a como a decir que las ong no están reguladas,  las ong  si están reguladas en este país pero al hacer un registro, es un registro que realmente va a castigar aquellas ong que son incómodas para el gobierno, las ong están haciendo trabajo en defensa de los Derechos Humanos y también de los derechos económicos y sociales y culturales de la población".

Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, dijo que la Ley de Agentes Extranjeros está orientada a afectar a las organizaciones sociales y la labor que han realizado por décadas, expuso el también profesor universitario.

La Ley de Agentes Extranjeros entró en vigencia tras su aprobación por la Asamblea Legislativa el pasado 20 de mayo y su publicación en el Diario Oficial el día 30 del mismo mes. Toda persona natural o jurídica que reciba financiamiento desde el extranjero debe inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), bajo la administración del Ministerio de Gobernación.

La ley contempla multas de hasta $250,000 y la cancelación de la personería jurídica para quienes incumplan con la inscripción. También impone un impuesto del 30 % a todas las transferencias internacionales, incluidas donaciones y bienes en especie.

Nayib Bukele defendió el pasado 1 de junio la Ley de Agentes Extranjeros, argumentando que se trata de una herramienta para “proteger la cooperación internacional” y garantizar que los fondos provenientes del extranjero destinados a proyectos sociales, sean utilizados correctamente. Afirmó que la normativa permitirá exonerar de impuestos a quienes realmente vengan a colaborar con la población, pero advirtió que aquellos que persigan “intereses políticos” no recibirán el mismo trato.

Fuente: YSUCA Radio, El Salvador