Unas 19 familias debían abandonar sus viviendas por la construcción del mercado municipal, ya que justo en el pasaje de ingreso a la comunidad, se construiría un muro de unos 23 metros de altura. 

Las familias de la Pedrera 1 fueron desplazadas durante la guerra, en los años 80,  y se asentaron en esa zona, donde antes funcionaba una pedrera, de ahí el nombre de la comunidad. Rellenaron el terreno, se asentaron y escrituraron sus viviendas, afirman habitantes de la comunidad. Sin embargo, los agentes del CAM, de manera amenazante les exigieron abandonar sus casas.

Las protestas y presiones de los habitantes de la comunidad permitieron que 19 familias llegaran a un acuerdo habitacional con la alcaldía y el Gobierno central. Varias familias serían trasladadas a viviendas temporales durante 5 meses. El alcalde prometió construir un complejo de apartamentos para las primeras 30 familias y, el Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda, se encargaría de dar respuesta al resto de beneficiados.

Otras familias se quedaron viviendo en la zona. Sin embargo, el problema no ha finalizado. En el mes de agosto, de nuevo, las familias denunciaron que las vibraciones a causa de la construcción estaban rompiendo el cemento y las tuberías de agua potable. 

Otro proyecto local que ocasionó descontento y preocupación en muchas personas, fue la remodelación del parque de la Familia, ubicado en la zona de los Planes de Renderos en San Salvador. Al menos ese fue el argumento que empleados del Gobierno dieron a quienes habitaban los alrededores del parque. 

Para remodelar el parque necesitaban recuperar los terrenos. Sin embargo, los habitantes aseguraron que tenían más de 30 años de vivir en la zona, incluso antes de que el Estado comprara la finca. 

Once familias fueron obligadas a abandonar sus viviendas. Los desplazados lamentaron que el Gobierno, en lugar de ayudarles, les quitara lo que con mucho esfuerzo habían construído a lo largo de los años.

Proyectos habitacionales desplazan a familias de Nuevo Cusctlán 

Nuevo Cuscatlán es uno de los municipios que ha abierto las puertas a las empresas urbanizadoras. El presidente Nayib Bukele cuando era alcalde de ese municipio prometió una millonaria inversión para 10 años. En ese tiempo, Bukele aseguraba que las grandes inversiones en el municipio beneficiarían a las comunidades. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario, las comunidades ahora se ven obligadas a defender su territorio y sus viviendas, debido a los desalojos que han promovido las grandes empresas constructoras.

En Nuevo Cuscatlan se construye el mega proyecto Kalamanda, con 100 manzanas de terreno que forma parte de la finca Santa Elena y la finca Suiza. El proyecto lo desarrolla Inversiones Briko de El Salvador. 

El proyecto consta de 3 fases, solo la primera tendrá 60 viviendas unifamiliares y 39 apartamentos. 

Inversiones Cayalá El Salvador S.A de C.V. es parte del megaproyecto Kalamanda. Se dedica a la compra, venta, arrendamiento, gravamen y explotación de bienes muebles e inmuebles.

Según una nota del medio Malayerba, Inversiones Cayalá en el año 2014, compró la finca Santa Elena y la cooperativa Florencia. El representante legal es Julio Bracamonte Sibrian, una persona muy cercana al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y su esposa Michelle Sol, actual ministra de Vivienda. 

Desde entonces comenzaron los problemas con las comunidades que habitan las fincas de Nuevo Cuscatlán. En 2022 el Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán realizó una inspección que podría dar lugar al desalojo de 18 familias que habitan en la finca Santa Elena.  La inspección del juzgado surge por una demanda interpuesta por Inversiones Cayalá S.A de C.V., que reclama los terrenos  para el proyecto urbanístico Kalamanda.

Quienes viven en la finca aseguran que sus padres eran colonos y por ello, llevan más de 25 años viviendo en ese lugar. No tener alternativas para vivir, les preocupa.

Los desalojos han llevado a los habitantes a realizar manifestaciones para pedir ayuda al Gobierno. Deberán enfrentar una audiencia en la que deberán probar que llegaron a vivir a esa zona antes de que los actuales dueños compraran los terrenos. Si demuestran ser colonos de la finca, la situación podría cambiar para ellos. El mega proyecto intervendrá tres fincas: Finca Santa Elena, Suiza y La Esmeralda.

En medio de esta búsqueda por obtener los terrenos, también la comunidad finca Florencia ha sido afectada. Ellos forman parte de las comunidades que tendrían que desalojar por la petición del Juzgado de Paz. En esa comunidad habitan veteranos de guerra  de la Fuerza Armada. Llegaron a asentarse en la zona, en 2017, debido a que el Estado nunca les dio una solución para poder habitar una vivienda digna.  Ellos aseguran que la finca pertenece al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), que ahora reclama las tierras para ser utilizadas en el proyecto Kalamanda. Recientemente integrantes de la PNC , Fuerza Armada y la jueza de Paz, de Nuevo Cuscatlán, llegaron a realizar una  inspección a la finca. Esto llenó de temor a los lugareños, por lo que hicieron llamados al presidente de la República Nayib Bukele, el mismo que prometió abrir las puertas a la inversión en el municipio de Nuevo Cuscatlan y facilitar los procesos a las empresas urbanizadoras.

Existe una ley especial para dar beneficios y prestaciones sociales a veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN. 

El artículo 4 de la ley establece la transferencia de tierras y apoyo para la construcción y mejora de vivienda, entre otros beneficios. Sin embargo, la ley no se ha cumplido y, en este, como en otros casos, los veteranos de guerra son sacados de sus viviendas, dando prioridad a los proyectos urbanísticos.

Un tren y un aeropuerto que desplazará a miles de familias 

A nivel nacional, el Gobierno le apuesta a dos grandes proyectos, que aunque fueron anunciados en el Plan Cuscatlán, aún no están terminados, solo existen en los renders. 

Uno de ellos es el Tren del Pacífico que, según la promesa, recorrerá unos 600 kilómetros de línea férrea. Se tiene previsto que la primera fase se construya en el occidente del país, atravesando el litoral salvadoreño. El proyecto afectará a unas 70 mil familias que podrían ser desalojadas y deberán desplazarse a otras zonas. Según los integrantes  de la Mesa Nacional de Línea Férrea, las poblaciones más afectadas serán comunidades de  San Salvador, Sonsonate y Acajutla.

La preocupación aumenta debido a que el Gobierno no ha informado de manera oficial cuál será el proceso de desalojo y qué alternativas les dará a las familias. La Mesa Nacional de Línea Férrea pidió al Ejecutivo respetar los títulos de propiedad que tienen algunas de las familias que habitan en esas zonas. 

El proyecto está amparado bajo la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico. Una ley que, según los integrantes de la Mesa, afecta a familias pobres. Los habitantes de la línea férrea le recordaron al Gobierno que existe el decreto 289 que contiene las reformas a la Ley Especial para la Desafectación y Transferencia de los Terrenos Ferroviarios en Desuso y sin Viabilidad Ferroviaria a Favor de las Familias y Entidades de Utilidad Pública que las habitan. Piden revisar dicho decreto antes de llevar a cabo los desalojos

Las familias de Condadillo, Flor de Mangle y Llano Los Patos, en La Unión, también serán afectadas por el proyecto del Aeropuerto del Pacífico.

El objetivo del proyecto es dotar de una conexión aeroportuaria a la zona oriental de El Salvador y convertirse en un polo de desarrollo económico. Además de incentivar la demanda de pasajeros, desarrollar el turismo internacional y activar el Puerto de La Unión. Pero en esa búsqueda de desarrollo económico, por lo menos unas 70 familias, de unos 4 caseríos, deberán dejarlo todo y comenzar de nuevo en otro lugar.

Los habitantes de esas zonas esperan no tener pérdidas por las tierras que compraron hace años. Si el Gobierno se las compra, quieren un precio acorde a la plusvalía. Aseguran que en algunas zonas de La Unión los terrenos cuestan hasta 90 mil dólares la manzana, pero no sería justo si desde el Gobierno deciden pagar menos.

Les han prometido comprar los terrenos más lo que invirtieron en la construcción de sus casas, pero además construirles nuevas viviendas, explicó José, habitante de Condadillo.

El artículo 119 de la Constitución de la República establece que el Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Pero contrario a esa disposición legal, muchas familias están perdiendo sus casas debido a proyectos del Estado. 

No respetar el derecho a la vivienda adecuada y la falta de herramientas jurídicas en cuanto a la tenencia de la tierra provoca conflictos sociales como los desalojos, la mayoría de carácter forzado. 

Los proyectos estatales también están provocando desplazamientos internos que afectan la vida de los salvadoreños, muchos con la esperanza de tener una vivienda digna.

FUENTE: RADIO YSUCA 91.7 FM VER NOTA COKPLETA EN.: Proyectos del Estado obligan al desplazamiento de familias pobres  - YSUCA, 91.7 FM