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SOCIEDAD

11 de noviembre de 2022

Niñez y adolescencia desprotegida en El Salvador

EL SALVADOR:
La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud presentó un informe de la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador 2021 y primer semestre de 2022.

Redacción YSUCA

El informe revela que la violencia sigue siendo una problemática que afecta los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En 2021, se reportaron 14,962 casos recibidos sobre violencia contra este sector de la población.  Los delitos contra la libertad sexual  cometidos contra la niñez aumentó en 2021 a 3,351 casos, mientras que en 2020 hubo 2,578 casos, explicó Patricia Portillo, del Observatorio de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA.

Asimismo se registran vulneraciones en los derechos de salud y educación. Se reporta violencia familiar, social, digital y de género, precisó Portillo.

Por su parte, Henry Fino, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, añadió que el régimen de excepción está vulnerando también los derechos de la niñez y adolescencia de manera directa e indirecta, pues los impactos no se están midiendo.

Asimismo, el informe revela que la niñez y adolescencia salvadoreña se encuentra desprotegida con las reformas a la Ley Penal Juvenil en la que se disminuye la edad para juzgar a un joven. Además, la aprobación de Ley Crecer Juntos que viene a derogar la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA),y eliminación del CONNA y el ISNA. 

Si bien se crea otra institución como el  Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, CONAPINA, aún hay funciones que no están claras en la nueva ley, que entra en vigor el primero de enero 2023,  y se han dejado fuera otros aspectos que contiene la LEPINA, dijo Fino.Las organizaciones hicieron una serie de recomendaciones, entre ellas fortalecer los espacios de participación que tienen las niñas, niños y adolescentes en el país, garantizando una representatividad pluralista, para favorecer la toma de opiniones, el liderazgo, la contraloría social y la participación en la toma de decisiones políticas en favor de sus derechos humanos, entre otras.



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