Redacción YSUCA / EL SALVADOR

El pasado 1 de noviembre, el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pidió  a Estados Unidos una solución justa y permanente para los salvadoreños que viven y trabajan en ese país bajo el TPS.

De acuerdo con Celia Medrano, defensora de derechos humanos, existe incertidumbre sobre qué pasará con los salvadoreños adscritos al TPS, pues las elecciones de medio mandato decidirán el control de la Cámara de Representantes y del Senado. 

Medrano aseveró que poco o nada puede hacer el Gobierno de El Salvador en medio de la disputa electoral de los Estados Unidos y menos cuando la actual administración de Gobierno no ha demostrado voluntad política para evitar la posible deportación de los tepesianos.

El TPS, creado en 1990, es una forma de ayuda humanitaria otorgada a países devastados por desastres naturales o guerras y permite a los beneficiarios trabajar legalmente en Estados Unidos. Honduras y Nicaragua lo recibieron en 1999 después de los estragos causados por el huracán Mitch a su paso por el territorio centroamericano. El Salvador, por su parte,  lo obtuvo en el 2001 luego de dos devastadores terremotos.

Desde entonces, este programa se renovaba cada 18 meses. En el pasado, los gobiernos se involucraban y realizaban cabildeos en Washington, para influir en la extensión del alivio migratorio. Sin embargo, en los 16 meses que han durado las negociaciones entre Biden y los demandantes, los mandatarios centroamericanos, Nayib Bukele y Xiomara Castro, han estado ausentes en dichos cabildeos que ahora ponen en peligro la extensión del estatus temporal.

¿Tiene El Salvador la capacidad de recibir a los 200.000 salvadoreños que podrían ser deportados?

Medrano dijo que El Salvador no tiene la capacidad para recibir a los tepesianos, pues las personas ya han formado una comunidad,  un estilo de vida,  que muy difícilmente pudieran tener aquí, en el caso que se diera una deportación.