La decisión del Gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos migrantes en Estados Unidos. Como respuesta, este bloque de organizaciones anuncia la presentación de una demanda federal con el objetivo de frenar la deportación de más de 70.000 personas acogidas a este programa humanitario.

“La presentación de esta demanda es seguir luchando en las cortes y calles para evitar la desdocumentación masiva que promueve este gobierno, que está generando tanta incertidumbre para miles de familias hondureñas y nicaragüenses”, declaró Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros de Estados Unidos y miembro de la Alianza Nacional TPS.

El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por el futuro de decenas de miles de personas que, desde hace más de 25 años, han echado raíces en Estados Unidos. Estas comunidades no solo han contribuido activamente a las economías locales y al tejido social del país, sino que también forman parte de familias de estatus mixto, en las que uno o más miembros son ciudadanos estadounidenses, dijo al momento de conocer la noticia la organización Alianza Américas.

“Revocar el TPS en este momento histórico no solo rompe con el compromiso moral y legal de protección, sino que pone en riesgo la salud, la seguridad y la estabilidad de miles de familias, afectando a comunidades enteras”, advirtió Teodoro Aguiluz, director ejecutivo de CRECEN Houston, organización comunitaria con sede en Texas.

Alianza Américas también expresó su rechazo mediante un comunicado en el que califican la decisión de “malintencionada” y “violatoria” de los principios que dieron origen al programa. “Los argumentos utilizados para justificar la cancelación son falsos, malintencionados y violan la ley que creó el TPS: proteger a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen”, señala el documento.

La organización recuerda que tanto Honduras como Nicaragua siguen enfrentando condiciones que imposibilitan un retorno seguro y digno. “Muchas comunidades aún sufren los estragos del huracán Mitch, agravados por el abandono estatal, la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades”, añade el comunicado.

Mientras se alistan las acciones legales, las organizaciones llaman a las comunidades afectadas a no bajar la guardia. “A las comunidades afectadas les reiteramos que no están solas. Nos unimos a los esfuerzos de defensa legal y comunitaria, y les animamos a organizarse, buscar asesoría legal y mantenerse informadas”, concluye el texto de Alianza Américas.

La lucha por el TPS entra así en una nueva etapa, marcada por las acciones jurídicas y el activismo comunitario, en medio de un clima de incertidumbre y temor creciente.

Incertidumbre en Honduras

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos y ciudadanas de Honduras por parte del gobierno de Estados Unidos ha generado una oleada de preocupación y cuestionamientos en diversos sectores del país. Más de 60.000 personas hondureñas fueron beneficiadas con este estatus migratorio tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998. Hoy, después de más de dos décadas en suelo estadounidense, su permanencia legal pende de un hilo.

Se trata de familias que han construido una vida en Estados Unidos, muchas de ellas con hijos nacidos allá, ciudadanos estadounidenses de pleno derecho. La noticia de la revocación del TPS ha sido recibida con consternación por organizaciones sociales, expertos y académicos que advierten sobre el impacto humano, económico y diplomático que puede tener esta medida.

César Ramos, sociólogo e investigador en temas migratorios de la Comisión Social Menonita (CAMS), subraya que el centro del debate no debería limitarse al ámbito legal, sino a los derechos fundamentales. “El tema central sobre la decisión del gobierno estadounidense está vinculado a los derechos humanos y la dignidad para nuestros compatriotas que han estado beneficiados de este programa”, sostuvo.

“La decisión nos cayó como balde de agua fría. Sabemos que es una decisión soberana, porque Estados Unidos está en su derecho, aunque esa decisión traiga consecuencias negativas para nuestro país”, declaró Ramos, quien también hizo énfasis en los efectos económicos que implicaría una eventual deportación masiva. Según un estudio reciente, los migrantes hondureños amparados bajo el TPS envían más de 200 millones de dólares anuales en remesas, un flujo vital para sus familias y para la economía nacional.

Ante este escenario, el investigador plantea una serie de interrogantes sobre el papel que ha jugado la diplomacia hondureña en el proceso. “Ahora nos toca ver cuáles son las acciones diplomáticas que hizo este gobierno. Es necesario que brinde un informe de rendición de cuentas sobre qué factores fueron determinantes para que esta decisión fuera tajante”, cuestionó. “Incluso reflexionar si faltó una estrategia política clara para incidir en los tomadores de decisiones de Estados Unidos”.

Ramos también recordó que en 2017 se logró una extensión del TPS, por lo que no descarta que aún exista un camino legal para apelar la decisión. No obstante, insiste en que toda gestión futura debe partir de un proceso transparente y de responsabilidad institucional: “Eso pasa por una rendición de cuentas del gobierno de su gestión diplomática en materia de Estatus de Protección Temporal, TPS”.

La dimensión del problema, según el sociólogo, trasciende lo político y lo económico. “Es la vida de más de 60.000 familias hondureñas las afectadas, porque son las que han dependido de este estatuto de protección, y no es cualquier cosa, no es únicamente el tema económico, es la vida, es la humanidad, los derechos y la dignidad de la familia hondureña que han tenido dos o tres hijos en Estados Unidos, que nacieron allá, que son ciudadanos, que tienen una raíz en el país del norte”, concluyó.

La decisión sobre la cancelación del TPS deja abierta una herida que no solo toca el ámbito migratorio, sino que interpela directamente a los valores de protección, solidaridad y justicia en un contexto donde la movilidad humana sigue siendo una de las mayores expresiones de desigualdad global.

FUENTE: Nots de Radio Progreso, Honduras