Por Mariángeles Guerrero

Las Barrancas es un pueblo catamarqueño ubicado en el municipio de Pozo de Piedra, departamento de Belén. Viven en ese paraje unas 200 personas que desde tiempos ancestrales se dedican a la cría de animales y al cultivo de alimentos. Muchas de ellas pagan anualmente a la Dirección General de Catastro de la provincia un «derecho de pastaje», para poder realizar el pastoreo de su ganado en tierras comunitarias conocidas como Pampa del Salvial. Este predio de 60 hectáreas contiene parcelas donde viven algunos vecinos, caminos y un canal que provee de agua potable a la población. En 2019, el intendente del vecino municipio de San Fernando, José Figueroa (Frente de Todos), comenzó a hacer uso de esas tierras para fines privados. El terreno fue cercado y actualmente se desarrolla allí el monocultivo de nogales. La comunidad reclama que el espacio le sea restituido y presentó una cautelar para frenar nuevas obras en el predio.

El conflicto inició hace dos años, cuando el intendente de San Fernando, municipio cercano a Pozo de Piedra y a 51 kilómetros de Las Barrancas, empezó a usufructuar las tierras comunitarias. Si bien durante algún tiempo el funcionario mantuvo la promesa de no privar a los pobladores del uso del territorio, al comenzar la pandemia de Covid-19 —y con ella el aislamiento social preventivo y obligatorio— procedió a cerrar el terreno con alambre perimetral y postes de madera cada dos metros.

Esas tareas las realizó con maquinaria y empleados que trajo desde la Municipalidad de San Fernando. En el predio comenzó a desarrollar un proyecto de monocultivo de nogales, con uso de agrotóxicos. Figueroa argumenta tener un boleto de compraventa a través de su suegra, Teresa del Valle Saadi. «Es la primera vez que viene gente de afuera y ocupa tanta cantidad de tierras sin ningún papel», denuncian los habitantes de Las Barrancas.

No solo el campo fue cercado, sino también se cerró el canal principal de riego, un estanque alternativo, la cisterna de agua potable, un camino público y sendas de pastoreo y de traslado de animales. La imposibilidad de tener un lugar donde los animales pudieran alimentarse hizo que muchos se perdieran buscando comida o que murieran, generando un perjuicio económico a las familias de la zona.

Por otro lado, los vecinos denuncian que el canal que provee de agua potable a toda la comunidad fue roto para alimentar un estanque de uso privado al interior del predio. Además, alertan que —por la pendiente— aguas con los herbicidas utilizados en los nogales derivan en los suelos de Las Barrancas, afectando directamente a toda la población.

«Uno de los puntos más importantes es el uso del agua. Él desvía el agua de riego y acapara el agua potable para el riego con uso de agrotóxicos», denuncia Paulina Ramírez, vecina de Las Barrancas, en diálogo con Tierra Viva. La situación afecta las tradiciones, la vida cultural, la economía y también la salud de quienes viven en la zona. Ramírez opina: «Figueroa es un funcionario público que no puede tener adquisiciones de tamaña envergadura, eso habla de la corrupción y de cómo los partidos políticos sostienen esto. Los medios de comunicación de Belén no quieren hablar del tema«.

Enrique Ríos tiene 33 años y nació en Las Barrancas. Él también manifiesta su preocupación por el uso de venenos, una práctica poco usual entre los pobladores. «En ese campo cercado curan las plantaciones con herbicidas, acá la gente no cura con eso, y todo el caudal de agua corre hacia el pueblo». Ríos dice que la gente que siempre vivió en Las Barrancas vive de criar animales a campo y de cultivar de forma orgánica. «Pero como es un pueblo chico, quieren hacer lo que quieren», lamenta. 

Las Barrancas en pie de lucha por las tierras comunitarias

Sobre la situación y la respuesta del pueblo, Paulina Ramírez cuenta: «La gente le venía diciendo a Figueroa que esas eran tierras de uso común de pastoreo y que no las podía cercar. Él daba su palabra de que no lo iba a hacer y que iba a dejar un paso para que la gente siga ocupando esas tierras. Pero no fue así». Pese a que la gente comenzó a movilizarse en reclamo por lo que les corresponde, el intendente continuó con las obras. Ramírez dice que ya se plantaron 3000 nogales, «con un fin de explotación para beneficio propio». Agrega además otra promesa incumplida del mandatario: dar trabajo a los lugareños, algo que tampoco cumplió.

Para poder utilizar el predio y hacer valer sus derechos ancestrales sobre ese lugar, los vecinos construyeron pasos alternativos al terreno. Por este hecho fueron denunciados y citados de forma irregular a declarar. De esta manera, fue el propio intendente quien judicializó la situación, aunque posteriormente llamó a una conciliación entre las partes. Los vecinos decidieron presentarse de forma espontánea a la fiscalía para hacer valer su derecho de uso y exponer la situación que viven desde hace dos años, además del proceder indebido de la Policía de Catamarca y de Figueroa.

También hicieron una marcha en Belén para visibilizar el conflicto. En una reunión, cuentan los pobladores a este medio, el senador provincial por el departamento de Belén Jorge Solá Jaís le pidió a la comunidad que no vaya a los medios de comunicación ni a abogados y que participen de la mediación. La población presentó una medida cautelar contra el intendente: aún no obtuvo respuestas.

Los pobladores de Las Barrancas también realizaron una presentación ante el director General de Catastro, Pedro Monferrán. «Este señor (por Figueroa) con total alevosía vino a esta localidad y sin reunirse con la gente del pueblo ni mayor advertencia, tomó posesión de una superficie de 60 hectáreas, tierra plana con extensión de dos kilómetros que es la mayor parte que esta localidad tenía para pastoreo de animales», indicaron. «Las Barrancas inicia un plan de lucha permanente, para recuperar y sacar a este intruso del lugar, que por derecho y cultura nos pertenece el campo Pampa de Salvial», manifestó la comunidad durante sus protestas en la que calificaron al intendente de persona no grata.

La ley que asiste a los vecinos es la provincial N° 3070, que prevé la figura de campos comuneros de uso comunitario. Desde la Asociación Civil Be.Pe. Bienaventurados Los Pobres, comparan lo que ocurre en Las Barrancas con el caso de la localidad santiagueña de Amicha, donde luego de muchos años se hizo valer el derecho de uso común sobre un predio. El pasado 18 de noviembre Be. Pe. realizó una presentación en el Centro de Acceso a la Justicia, en acompañamiento a los pobladores. «Hemos tomado conocimiento, a través de miembros de la comunidad sobre la problemática instalada a partir de la apropiación indebida y cercamiento del denominada Campo  Comunero de las Barrancas o Pampa del Salvial por parte del Sr. José Normando Figueroa», dice la presentación.

«Nuestra organización aprendió a través de una larga experiencia que son históricas las dificultades de los sectores campesinos para el acceso a los títulos de propiedad y que estas dificultades son aprovechadas por quienes gozan del acceso y la aquiescencia de las ficciones del sistema notarial y registral para hacerse de tierras de las cuales no reciben tradición y de las que en consecuencia no detentan posesión alguna. Este desdoblamiento del derecho real de dominio entre titulares dominiales con escritura pública y campesinos con posesiones ancestrales, pero sin título, genera la conflictividad que es puesta a consideración de los tribunales», se lee en el texto.

«Ellos no tienen los papeles y el pueblo quiere que se vayan»

La comunidad de Las Barrancas denuncia que Figueroa no tiene dominio sobre esas tierras. «Él no tiene títulos legales ni transparentes de dominio del territorio, pero hay una estrategia: cuanta más obras hace, más derechos tiene sobre el terreno», explica Paulina Ramírez. Ante esa situación, los vecinos organizados definieron avanzar por la vía legal.

El abogado Sebastián Vergara, del Centro de Acceso a la Justicia, presentó una medida cautelar para que se frenen las tareas en el lugar hasta que el conflicto sea resuelto. En el documento también se pide que «se disponga la restitución del inmueble y el restablecimiento de la situación fáctica al estado anterior a la conducta delictiva denunciada» y que se investiguen «presuntos delitos contra la administración pública» por parte del funcionario Figueroa.

Enrique Ríos afirma: «La situación perjudica mucho porque mi familia lleva sus animales a esa zona, mis abuelos tienen tierras y animales ahí desde hace muchos años». Ríos describe el lugar como «una zona muy linda, hermosa para los turistas». Cuenta que hay allí todo tipo de animales: ovejas, cabras, vacas, caballos. En sus palabras hay orgullo, pero también congoja: «Es la primera vez que viene gente de afuera y ocupa tanta cantidad de tierras sin ningún papel. Ellos no tienen papeles y el pueblo quiere que se vayan».

El entrevistado, que es presidente de la asociación local de gauchos, apunta sobre cómo la intromisión perjudica la vida cultural de la zona. «Da rabia porque nos afecta en todo sentido: allí hacíamos yerras y hoy no podemos. A los que andamos en el campo nos cortaron los caminos para llegar a otros pueblos o a puestos donde vive gente que uno pasaba a visitar con más rápido acceso». E insiste con la importancia de que esas tierras sean usadas colectivamente: «También perjudica el hecho de que la gente venga y conozca».

«Nuestro pueblo peligra con quedarse sin las tradiciones más antiguas, ya que este lugar era la principal fuente de crianza de caballos y animales. Hoy nos vemos avasallados, los que de una u otra forma apoyamos la tradición de los pueblos. Es por esto que repudiamos dicho accionar y declaramos persona no grata a este señor, hasta que abandone y deje libre dicho campo», señalan desde Las Barrancas.

FUENTE: Agencia Tierra Viva