El estado de excepción lleva más de un año desde su implementación y es seriamente cuestionado debido a las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, en su mayoría cometidas por agentes de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la Policía Militar de Orden Público.

En su informe anual sobre la situación actual de los derechos humanos en Honduras, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó una serie de violaciones graves, incluyendo siete casos que podrían constituir desapariciones forzadas (seis hombres y una mujer transgénero), cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y uno de violencia sexual. 

Además, se registraron alegaciones sobre detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza, abusos durante allanamientos de morada sin orden judicial e implantación de pruebas, especialmente en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán. 

Entre los casos documentados está el de un joven de 20 años desaparecido presuntamente por policías de la DIPAMPCO el 7 de marzo de 2023 en San Pedro Sula. Los familiares interpusieron denuncia ante el Ministerio Público y fueron amenazados. Dos días después de su desaparecimiento, y al parecer como represalia por la denuncia, el 9 de junio, su padre fue asesinado en su vivienda. El 19 de julio, el hermano del joven desaparecido fue detenido por la Policía Nacional, acusado de participar en una masacre que habría tenido lugar el mismo día que él habría permanecido en el velorio de su padre. 

Este caso ilustra la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación imparcial y transparente para esclarecer los hechos y proteger a las víctimas y sus familiares.

Radio Progreso dialogó con víctimas sobrevivientes de abusos cometidos por policías y militares durante operativos en barrios y colonias consideradas de alta peligrosidad, donde se realizan intensivos allanamientos para capturar a personas supuestamente involucradas en maras, pandillas o grupos criminales. Los casos a los que hemos tenido acceso requieren el anonimato, ya que las víctimas no desean revelar sus nombres por miedo a represalias. Temen que la policía los identifique y sepan que están denunciando las atrocidades cometidas bajo el estado de excepción. 

Los gritos de horror que imploraban no ser golpeadas más, me despertaron esa madrugada de abril. Eran las 3:00 am cuando el llanto nos sacó de la cama. Con un miedo que me impidió entender bien lo que estaba pasando, me levanté y fui al cuarto de mis hijas para asegurarme de que estaban bien, relata Martha, quien reside en uno de los sectores de San Pedro Sula, al norte de Honduras, tachado de violento e inseguro, donde los operativos en el marco del estado de excepción tienen una mayor presencia.

Al llegar al cuarto, Martha encontró a sus dos hijas adolescentes despiertas y aterrorizadas, los gritos de terror resonaban por toda la cuadra de su barrio. Al asomarse a una de las ventanas, se dio cuenta de que los militares habían ingresado de manera forzada a la casa del vecino, sin orden judicial, amparados por el estado de excepción que mantiene Honduras desde hace más de un año. “Los uniformados verde olivo rompieron el candado y entraron a la casa, acusándonos de ser delincuentes y pandilleros. Pedimos que no continuaran golpeándonos, no podíamos soportar más la paliza”, le contaron al día siguiente a Martha las víctimas, sus ojos aún llenos de miedo y dolor.

Esa noche, según los relatos de los jóvenes, en la casa había varias mujeres que suplicaban no les hicieran daño, y que nadie en ese hogar era delincuente o había cometido algún delito. Sin embargo, la respuesta de los militares fue: « Cállate si no quieres que te meta un tiro «. Todo indicaba que buscaban mantener el secreto sobre sus acciones. Esa madrugada, los militares detuvieron a cinco jóvenes, los subieron a la patrulla acusándolos de pandilleros, sin proporcionarles una explicación clara ni justificar sus acciones.

Al irse la patrulla, los vecinos llegaron para auxiliar a las mujeres que quedaban en casa, quienes también habían sido golpeadas. Sin embargo, los militares regresaron minutos después y, al ver a los vecinos, incluida Martha, apoyando a las jóvenes, les dijeron: «Por andar de sapos, también los llevaremos detenidos«.

Escenas como estas siguen siendo comunes en su sector, según Martha. La presencia de policías y militares siempre ha sido una realidad en estas colonias, pero el estado de excepción implementado en Honduras desde el 06 de diciembre de 2022 ha llevado a una mayor presencia de patrullas y a una mayor cantidad de acusaciones contra los jóvenes, a quienes se les califica de pandilleros y mareros.

“Cerca de mi casa, hace unos cinco meses, dos jóvenes fueron capturados frente a un grupo de personas que estaban allí esa tarde. Los muchachos estaban comprando cuando una patrulla de la DIPAMPCO, con agentes vestidos de uniforme y encapuchados, llegó sin mediar palabra y los subió a un carro sin placa. Las madres de los jóvenes buscaron desesperadamente en todas las postas policiales de San Pedro Sula, pero después de tanto tiempo, no han aparecido. Imagínese cómo deben estar las madres de esos jóvenes, uno tiene miedo, los muchachos pueden ser detenidos y desaparecer sin que nadie pueda hacer nada”, dice Julissa, madre de tres jóvenes, quien diariamente ruega para que nunca le toque vivir una historia como esta, “moriría de dolor”, relata.

Julissa cuenta de otros casos similares. Uno ocurrió en el mismo sector de San Pedro Sula, hace un mes, cuando su vecino estaba lavando el carro, los portones de la casa estaban cerrados. Una patrulla de la DIPAMPCO apareció, y sin pedir permiso con una almágana rompió el portón de la casa, entraron y se llevaron al joven. “Él opuso resistencia, pero los policías comenzaron a golpearlo en la cabeza, fue así que lo subieron a una paila y se fueron. Hasta el son de hoy, ese muchacho no ha aparecido”, dice.

Un tercer caso se dio la misma semana que hablamos con Julissa. Un joven del barrio que vivía con su abuela fue capturado en un allanamiento que los agentes militares realizaron en la madrugada. Allí, este muchacho fue sacado a la fuerza y la única información que revelaron a su familia fue que sería llevado a la “ballena”, un centro de detención que tiene la policía en San Pedro Sula.  Julissa asegura que la abuela del detenido fue a buscarlo a este lugar y otros más, pero el joven no está reportado como detenido. La policía asegura que jamás lo capturó. “Esa señora, su abuela, sigue buscándolo, sigue con ese dolor profundo”, lamenta Julissa.

Maira, la madre de Josué, ha vivido la captura de su hijo en carne propia en dos oportunidades. La primera vez, Josué apenas tenía 17 años y la segunda este año cuando cumplió 22 años. La primera detención ocurrió cuando Josué regresaba del colegio, cerca de la cuadra donde vive su familia. De repente, sujetos desconocidos comenzaron a disparar, y Josué buscó refugio para evitar ser alcanzado por una bala. Minutos después, una patrulla policial apareció y acusó a Josué de ser uno de los pandilleros que había comenzado a disparar. 

Ante el escándalo de ese día, los vecinos salieron a informar a Maira que la policía se llevaba a su hijo detenido. Ella salió rápidamente a la posta de la colonia para evitar que a su hijo lo encarcelaran. «Esa tarde, cuando llegué a preguntar por el paradero de mi hijo, un policía mal encarado me gritó: ‘¿Qué andas defendiendo a delincuentes?’ Le dije que mi hijo no era ningún delincuente y que estaba regresando del colegio cuando ocurrió la balacera», recuerda Maira.

Maira dice que ese día no se movió de la posta hasta que dejaron en libertad a Josué. Recuerda que antes de dejarlo libre lo golpearon, no les importó que era  menor de edad, lo fotografiaron antes de entregárselo a su madre. 

La segunda detención se dio en el marco del estado de excepción y los operativos que han incrementado en su colonia. «Josué salía de su trabajo cuando dos policías lo detuvieron y de repente le dijeron: ‘Vamos a hacer una inspección’. Allí le ordenaron que se quitara los tenis, luego la camisa, le pidieron que se bajara el pantalón en medio de la calle. Mi hijo les dijo: ‘No me quedaré desnudo, no pueden hacerme eso’. Ante su reclamo, decidieron dejarlo en libertad, pero no entiendo qué buscan haciendo esas cosas. Yo vivo con miedo de que algo le pase, en muchas ocasiones he tenido la intención de migrar, de huir de este barrio donde vivir con tranquilidad ya no se puede», culmina Maira.

Ante las denuncias de abusos y violaciones, buscamos la reacción de las autoridades policiales. Mario Fu, vocero de la DIPAMPCO, sostuvo que los operativos se realizan dentro de los procedimientos establecidos y respetando los derechos humanos.

Además, agregó que si alguien tiene denuncias contra agentes por abusar en los operativos, debe comunicarse a la línea del 143. Fu también señaló que en algunos casos, son delincuentes los que utilizan chalecos y indumentaria policial o militar para cometer actos ilícitos, lo que se presenta como una campaña de desprestigio para que no se confíe en la operatividad de la DIPAMPCO.

Martha, Julissa y Maira, todas madres, viven con miedo constante de que sus hijos sean capturados por sospecha, por ser jóvenes, por vivir en barrios y colonias estigmatizadas, por estar en el lugar equivocado o por reclamar sus derechos. Todo esto puede suceder en este momento de estado de excepción, donde los derechos y libertades están limitados y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público no está enmarcado en la ley y se justifica en nombre de combatir la criminalidad.

Luego de un año de la implementación del estado de excepción, organismo de derechos humanos exigen a la presidenta Xiomara Castro que cumpla su promesa de seguridad, implementando una política de bienestar con enfoque en derechos humanos que fortalezca la prevención e investigación y aborde las causas estructurales de la violencia y la inseguridad.

Además, organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recuerdan que las declaraciones de estado de emergencia y la suspensión de derechos deben ser excepcionales y cumplir estrictamente con el derecho internacional de los derechos humanos, garantizando no vulnerar a las personas. 

Por: Iolany Pérez

Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, política y sociedad.

FUENTE: RADIO PROGRESO, HONDURAS