A criterio de Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), es positivo que El Salvador cuente con una Ley Anticorrupción. Sin embargo, considera que su efectividad dependería de un contexto en el que existan separación de poderes y transparencia. Santos expone que las instituciones estatales no están cumpliendo con sus facultades. “Ante la concentración de poder y la falta de garantías, queda la duda sobre su impacto”, dijo Santos.

Santos agregó que la ley es un requisito que el gobierno se vio obligado a cumplir a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI). “No hay señales claras de que el gobierno tenga una apuesta por la transparencia y la lucha contra la corrupción; es todo lo contrario. Hay un listado de actuales funcionarios en la Lista Engel que da pie a pensar que la corrupción está en las propias entrañas del gobierno”, expresó Santos.

Por su parte, la directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, calificó la Ley Anticorrupción como una fachada, pues, a su criterio, esta debería aplicarse a varios diputados que han adquirido préstamos en la banca pública.

La Lista Engel suele relacionarse únicamente con temas de corrupción, pero también incluye a quienes atentan contra la democracia y el Estado de derecho. Entre los actuales funcionarios del gobierno mencionados en esta lista se encuentran Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele; Osiris Luna, director de Centros Penales; Rolando Castro, ministro de Trabajo, entre otros. También figuran ex funcionarios como Conan Castro, quien fungió como secretario de la Presidencia, y Pablo Anliker, exministro de Agricultura, entre otros.