En abril de 2024, la organización tuvo acceso a una base de datos filtrada de la Policía Nacional Civil (PNC) correspondiente al período de enero a marzo de ese año. Tras un proceso de depuración y análisis del documento, que contenía 21,502 registros, identificaron una clasificación de 497 delitos bajo la variable «Sobre averiguar muerte». 

Dentro de esta categoría, se detectaron 36 casos de privados de libertad fallecidos por diversas causas durante el primer trimestre de 2024.

De estos 36 decesos, 7 presentaban indicios de violencia, 23 fueron atribuidos a enfermedades y los restantes no contaban con una clasificación específica.

Ingrid Escobar, abogada del Socorro Jurídico Humanitario, advirtió sobre la existencia de una «cifra negra» de muertes dentro de los centros penales y bartolinas, estimando que el número real de fallecidos en los 36 meses del régimen de excepción podría superar las 1,000 personas.

La organización considera preocupante este panorama, especialmente ante la proximidad de los juicios masivos, en los cuales temen que se enjuicie y condene a personas que ya han fallecido en prisión. Este riesgo se ve agravado por el uso de juicios telemáticos, en los que no se verificará presencialmente la situación de los detenidos.

Los 36 decesos identificados en la base de datos se distribuyen de la siguiente manera: 9 en el penal de Mariona, 6 en Izalco, 3 en Apanteos, 3 en Quezaltepeque, 3 en la Granja de Rehabilitación de Zacatecoluca, 2 en Ilopango, 1 en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), 1 en San Vicente, 2 en bartolinas de la PNC (Santa Ana y Sonsonate) y 8 casos en los que no se especificó el lugar de reclusión.

Asimismo, se determinó que de estos 36 casos, solo 9 habían sido divulgados públicamente por instituciones oficiales. El Socorro Jurídico Humanitario señala que al menos 25 de las muertes registradas no fueron reportadas por familiares ni difundidas públicamente, lo que genera preocupación sobre la falta de transparencia en la gestión de información relacionada con la población penitenciaria.