Organizaciones defensoras de los derechos humanos dieron a conocer un informe sobre tres años de implementación del régimen de excepción, en el que se evidencian —según el informe— políticas de represión, pactos con las pandillas, hechos de corrupción, el incremento de la militarización de la seguridad y la cooptación del sistema judicial, entre otros hallazgos.

El informe, titulado “Tres años de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos”, revela cómo, a través de las medidas excepcionales, han operado una serie de cambios institucionales y normativos que han reconfigurado el modelo de justicia penal, manifestaron las organizaciones. Así lo señaló Alejandro Díaz, de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, quien destacó que el gobierno salvadoreño continúa aplicando una política de represión.

Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), manifestó que el actual gobierno, con la prórroga del régimen, está usando el estado de excepción como una medida de represión.

David Ortiz, de Tutela Legal, señaló por su parte que el régimen de excepción, con su prórroga, tiene como único objetivo ejercer un control social sobre todas las voces contrarias a la voz oficial. Agregó que algunas de estas medidas se están aplicando a personas defensoras de los derechos humanos.

Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), coincidió y enfatizó que el régimen de excepción está siendo usado con otros fines: “generar temor, apresar y torturar” a la población. Montenegro añadió que estas medidas de represión están generando “miedo” entre la ciudadanía. Lamentó que instituciones surgidas a partir de los Acuerdos de Paz, como la PDDH y la PNC, están siendo dominadas por el Ejecutivo, olvidando su rol.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la 39.ª prórroga del régimen de excepción.