Por Kenia Gómez 

Pero se trata de un país fachada, todo cambia al sacar un teléfono celular y comenzar a grabar. El miedo se percibe y los nicaragüenses optan por callar, dice el periodista. 

Sacar un teléfono en la calle y hacer una grabación puede llevar a la cárcel a cualquiera. Es la advertencia que le hicieron.

Los nicaragüenses le tienen miedo al exilio, a la cárcel y a la tortura. No es para menos, la cárcel El Chipote guarda a unos 180 presos políticos por haber cometido el “crimen” de desafiar al dictador. En esa cárcel pasan hambre, los torturan y los aislan. Muchos de los que están privados de libertad son excandidatos presidenciales que soñaron con derrocar a Ortega. 

El turno de la Iglesia

Las acciones represivas contra las voces críticas han ido incrementando y el odio del gobierno autoritario llegó más allá de sus contrincantes políticos y ahora se enfocó de lleno en la Iglesia Católica.  

Matagalpa, a 128 kilómetros de Managua, es por hoy el foco de atención de la comunidad internacional, desde que el obispo Rolando José Álvarez comenzó a ser perseguido por el régimen Ortega – Murillo.

La persecución de la Iglesia Católica se incrementó el 01 de agosto cuando el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) notificó el cierre de 11 emisoras locales, 10 de ellas católicas que pertenecían a la Diócesis de Matagalpa. El cierre de las estaciones de radio se dió bajo el argumento de que operaban de manera ilegal.

Ese día, en la capilla Niño Jesús de Praga, en el municipio de Sébaco, los antimotines entraron de manera violenta, sacando a los feligreses que se encontraban en oración. El fin era llevarse los equipos de una radio que el régimen de Ortega había cerrado. 

El obispo Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, al ser uno de los mayores críticos del régimen de Ortega, no tardó en pronunciarse sobre el cierre de las radios católicas, en una de sus homilías.

Pero  las palabras del obispo de Matagalpa no le gustaron al régimen de Ortega y no lo dejaron entrar a la iglesia para la adoración eucarística. Entonces, el obispo decidió salir a la calle, con sus feligreses, en un acto de oración. Pero una vez más le cerraron el paso.

Pero al régimen no le bastó y el 4 de agosto encerró en la curia episcopal al obispo Rolando José Álvarez, 6 sacerdotes y 6 laicos. Desde ese día están privados de libertad. Mediante videos compartidos por redes sociales se ve y se escucha al obispo denunciar el bloqueo a su libertad de movilización.

No pasó mucho tiempo para que la policía mediante un comunicado informara que había iniciado una investigación contra el obispo. Pese a que no se ha resistido a los bloqueos y la represión  de la policía, lo acusan de incitar al odio y  provocar un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad. Como todo régimen autoritario se recurrió a la mentira y a la desinformación.

Ahora, Matagalpa está sitiada por policías antimotines y crece la presión para obligar al obispo Álvarez a exiliarse, según fuentes eclesiásticas.

La Conferencia Episcopal de Honduras y el Consejo Episcopal Latinoamericano han dado muestras de solidaridad con el obispo. También la Arquidiócesis de Managua lo motivó a seguir con su trabajo pastoral.

Para el periodista y teólogo español José Manuel Vidal, los videos en los que se ve encerrado a monseñor Alvarez le recuerda a la época en que la Iglesia Católica tenía que esconderse y era perseguida. Parece que Ortega está dispuesto a masacrar a quien sea, opinó en un medio nicaragüense.

Las acciones de Ortega, a juicio del teólogo, se deben a que ve a la Iglesia como  el mayor enemigo que puede aglutinar el disenso en la población. Ante el encierro del que es objeto monseñor Rolando Álvarez, el silencio del Vaticano sorprende a muchos. Sin embargo, el periodista y teólogo cree que el Vaticano está analizando la situación y posiblemente decida sacar de Nicaragua al sacerdote.

El asedio a la Iglesia Católica no inició con el obispo Álvarez. Se acentuó en el mes de mayo cuando la policía y paramilitares se apostaron afuera de la parroquia San Juan Bautista en Masaya, presidida por el sacerdote Harving Padilla. “Tengo la parroquia por cárcel”, dijo el sacerdote ante la acción de la policía. 

El régimen de Ortega ha encarcelado a dos sacerdotes, uno de ellos el párroco Manuel Salvador García Rodríguez del municipio de Nandaime, del departamento de Granada. El juez lo condenó a dos años de prisión, por supuestamente haber amenazado con arma a cinco personas. Fue el primer religioso encarcelado por el régimen. 

La noche del 30 de mayo, el sacerdote  salió al atrio de la iglesia con un machete en mano en actitud defensiva ante un grupo de personas que le gritaban asesino. Se valieron de esa acción para acusarlo y apresarlo por amenazas. En julio encarcelaron a otro sacerdote, monseñor Leonardo Urbina, vicario episcopal de Boaco, acusado de una supuesta violación a una menor. Los feligreses dieron respaldo al sacerdote y aseguran que fue un montaje del que fue víctima. Los religiosos han sido acusados de conspirar contra el Órgano Ejecutivo, luego de asumir el rol de defensa de los derechos humanos hacia la población oprimida por el Estado.

Otro es el caso del obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez, a quien el Vaticano ayudó a salir del país. Antes de irse deseó a Nicaragua “llegue a tener una sociedad fundada en la justicia social de donde brote la paz verdadera, donde la pluralidad ideológica no sea un delito”. Otro sacerdote que salió del país fue Edwin Roman, quien ya tiene un año en el exilio. 

En Nicaragua ya no hay libertad religiosa, opinan los analistas. Lo evidencia el exilio y la cárcel para los religiosos.

Más de mil 200 oenegés cerradas por el régimen 

Además de los ataques a la Iglesia Católica, el régimen ha cerrado 1.268 oenegés desde 2018, luego de la revuelta popular. Este año la Asamblea Nacional anuló otras 100 Organizaciones No Gubernamentales. Entre esas organizaciones hay defensores de campesinos, mujeres, diversidad sexual, protectores de animales, productores de café y hasta un hogar de ancianos.

Para cerrarlas se recurre al argumento de haber incumplido sus obligaciones establecidas en la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Además no reportar los estados financieros por varios años y no dar detalles de donaciones, y sus beneficiarios. Entre esas organizaciones anuladas está la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de Santa Teresa de Calcuta.

El Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó que las Misioneras de la Caridad no estaban acreditadas para realizar operaciones de asistencia social. La asociación fue anulada por la Asamblea Nacional, controlada por el partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Las religiosas fueron deportadas.

En El Salvador y otros países del mundo, la situación que vive Nicaragua ha despertado preocupación. El cardenal Gregorio Rosa Chavez opinó que la persecución que vive la Iglesia por parte del régimen de Daniel Ortega es el caso más horrendo de martirio de la región. 

Por otra parte, Omar Serano, vicerrector de Proyección  Social de la UCA, dijo que lo que sucede en Nicaragua es indefendible e injustificable. Llamarlo dictadura queda corto porque sobrepasa los límites imaginables de un dictador.

La represión en Nicaragua contra las voces críticas no cesa. Se siguen cerrando medios de comunicación católicos como el canal  de televisión de la conferencia episcopal y otros canales de diócesis y radios católicas. El último medio cerrado ha sido el canal NGTV3, que transmitía en el Caribe Sur de Nicaragua, en Nueva Guinea. 

Son cuatro años de represión desde el 2018. Según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, desde el 19 de abril de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019, murieron 651 ciudadanos, hubo 4 mil 922 personas heridas, 516 secuestrados y 853 nicaragüenses desaparecidos. Según la misma asociación, 293 homicidios están relacionados a ejecuciones en ataques en protestas pacíficas.

Entre las muertes se destaca la del exguerrillero sandinista y general de brigada retirado Hugo Torres Jiménez, de 73 años, quien falleció en circunstancias poco claras y en espera de un juicio por traición  a la patria. 

El régimen de Ortega también ha obligado a muchos nicaragüenses a refugiarse  en otros países. Se estima que unos  56 mil nicaragüenses han emigrado buscando protección humanitaria.

Por los actos cometidos, un grupo de exjefes de Estado y de gobierno agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunció que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murrillo han cometido violaciones a los derechos humanos contra opositores, que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.