Berta Cáceres fue asesinada la noche del 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, después de un largo proceso de lucha y de oposición a la represa hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). David Castillo era el presidente ejecutivo de DESA, empresa propiedad de la familia Atala Zablah.

El Poder Judicial, a través de un comunicado público, detalló que, según el Tribunal que conoció el proceso, los medios de prueba, entre ellos las pericias de vaciados telefónicos, la prueba documental y testifical presentados fueron suficientes para quebrantar el estado de inocencia de Castillo.

La sentencia contra David Castillo también incluye las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta y suspensión de la ciudadanía.

El abogado Pedro Mejía, representación legal de la familia de Berta Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), explicó a Radio Progreso que la sentencia reafirma la culpabilidad de David Castillo utilizando recursos, logística y empleados de la empresa DESA para ejecutar el asesinato.

“Los hechos acreditados por esta representación probaron que el asesinato de Berta Cáceres fue posibilitado por una red criminal público privada que estaba integrada por la familia Atala Zablah que le permitió a Roberto David Castillo y toda la estructura criminal recursos de dinero”, puntualizó el abogado Mejía.

En diciembre de 2019, el Tribunal de la Sala I condenó a Edilson Duarte Meza, Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández y Óscar Arnaldo Torres Velásquez a 34 años de cárcel por el asesinato de Cáceres y a 16 años por el delito de tentativa de asesinato en perjuicio de Gustavo Castro, ambientalista mexicano, quien acompañaba a Berta la noche de su asesinato.

Además, Douglas Geovanny Bustillo, un exmilitar, y Sergio Rodríguez, gerente del proyecto Agua Zarca, fueron condenados a 30 años de reclusión como coautores del asesinato. Mientras que el oficial del ejército Mariano Díaz Chávez fue sentenciado a 34 años de prisión.

Durante los seis años en búsqueda de justicia, el COPINH y la familia de Berta Cáceres ha sido acompañada por organizaciones nacionales e internacionales que exigen un proceso judicial apegado a derecho y a estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En ese sentido, Melissa Cardoza, feminista e integrante de la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, considera que la sentencia contra David Castillo se logra por la lucha del COPINH y de las organizaciones nacionales e internacionales que han sido solidarias.

Cardoza comenta que el crimen contra Berta Cáceres puede considerarse un feminicidio territorial, puesto que los asesinatos de mujeres que defienden los bienes naturales cortan la vida de los pueblos y asesinan el tejido comunitario que sostiene la lucha.

“Asesinar a una mujer luchadora es asesinar la vida de las comunidades, son feminicidios en territorio y tienen un impacto político muy poderoso, porque asesinan a una mujer, pero, además, a una defensora potente”, explica Cardoza.

En las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las hijas de Berta Cáceres, junto con integrantes del COPINH, recordaron que la sentencia contra David Castillo fue suspendida en cuatro ocasiones, pero, además, señalaron que la Fiscalía de Delitos Contra la Vida no ha realizado “ni un solo avance real en esclarecer la autoría intelectual”.

Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y coordinadora del COPINH, apunta que la Fiscalía tiene que determinar las responsabilidades en el caso y en los crímenes de corrupción vinculadas a la entrega de territorio “que son la causa y la razón fundamental por las cuales no solo se asesinó a Berta Cáceres, sino se ha agredido a otros compañeros y compañeras que han defendido el Río Gualcarque”.

Organizaciones internacionales y nacionales, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), en una declaración, demandaron que la justicia avance con la identificación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales involucrados en el asesinato de Berta Cáceres.

En la declaración titulada Foro Internacional, las organizaciones instan al Estado hondureño a abordar las problemáticas que dieron origen al riesgo de las comunidades del pueblo lenca, “para alcanzar una justicia integral”, lo cual incluye la cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.