Sonia Pérez es corresponsal de Radio Progreso desde el año 2018 y su labor está destinada a informar lo que acontece en el municipio de San José, departamento de La Paz. En su tarea informativa, Sonia ha dado cobertura al conflicto en la comunidad indígena lenca Nueva Palestina, a quienes el Ministerio Público les acusa de los delitos de usurpación, alteración de términos linderos y daños a la propiedad, a pesar de que la comunidad cuenta con título de propiedad comunitario extendido por el Instituto Nacional Agrario en 1999 que prueba la legitimidad de la posesión indígenas de las tierras en conflicto.  

El día 18 de mayo del presente año, decenas de familias indígenas de la comunidad lenca Nueva Palestina fueron violentamente desalojadas de su territorio por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en el marco de una orden judicial de desalojo promovida por el Ministerio Público. Nuestra compañera Sonia Pérez cumplió con su papel de informar sobre este acontecimiento, como lo ha venido realizando desde años atrás en este y otros conflictos, y, por ello, fue acusada criminalmente por los mismos delitos imputados a la comunidad.

Desde Radio Progreso-ERIC-SJ denunciamos enérgicamente este proceso judicial en contra de nuestra corresponsal Sonia Pérez y de la comunidad lenca Nueva Palestina, el cual se enmarca dentro de un contexto de acoso judicial en contra de personas defensoras de derechos humanos, ambiente, tierra y territorios, así como de trabajadoras de los medios de comunicación que cubren estos temas, convirtiendo a Honduras en el país con más acciones judiciales abusivas contra la participación política (SLAPPs por sus siglas en inglés) en el mundo, de acuerdo con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Lamentamos que instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial sigan siendo instrumentos de criminalización en la labor de defensoría de los derechos humanos y la defensa de los territorios, contrariando los estándares internacionales en la materia, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Observación General N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas con respecto a los desalojos.

Recordamos al Estado hondureño que, a la luz de su obligación de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, y de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas N° 19/35 del 23 de marzo de 2012 y N° 22/10 del 21 de marzo de 2013, debe reconocer que las personas periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la documentación de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el contexto de conflictos sociales y abstenerse de criminalizarlas.

Demandamos al Congreso Nacional que evalúa la conducta permanente del Ministerio Público y del Poder Judicial en la criminalización social; a la Secretaría de Derechos Humanos que promueva dentro del Poder Ejecutivo las medidas necesarias para erradicar la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado; y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos que inicie de oficio un procedimiento investigativo para determinar las responsabilidades pertinentes por abusos a los derechos de las víctimas.