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DERECHOS HUMANOS

13 de abril de 2022

Alertan sobre riesgos de criminalización a ejercicios legítimos de la libertad de expresión en El Salvador

Foto CIDH

EL SALVADOR:
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió una alerta sobre riesgos de criminalización severa a ejercicios legítimos de la libertad de expresión en El Salvador, tras la aprobación de reformas al Código Penal y las prohibiciones dirigidas específicamente a los medios de comunicación en la Ley de Proscripción de Pandillas.

Para la Relatoría, las reformas, tal como fueron redactadas, activan riesgos de criminalización severa sobre actividades legítimas en la sociedad y de especial trascendencia para la vida democrática como lo son el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la actividad parlamentaria, la investigación académica, entre otras. Todas estas actividades requieren de garantías a la libertad de expresión y en su conjunto contribuyen a que la sociedad esté informada sobre su entorno y pueda participar libremente de las decisiones que la impactan. La comprensión democrática de los asuntos de interés general -incluyendo la seguridad ciudadana- necesita certidumbre jurídica para que las personas puedan participar libre e informadamente de los asuntos que le atañen como sociedad sin temor a ser criminalizadas.

La Relatoría llama al Estado a adecuar las legislaciones a los estándares interamericanos de derechos humanos en materia de libertad de expresión.

Las reformas al Código Penal señalan que se impondrían sanciones de prisión de 10 a 15 años a aquellas personas que elaboraran, facilitaran o fabricaran cualquier forma de expresión visual que “explícita o implícitamente” transmitan “mensajes, señales, denominaciones, propagandas o cualquier tipo de manifestación escrita”

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión activará los canales correspondientes con el Estado para exponer en detalle su preocupación, escuchar a la representación del Estado y compartir estándares interamericanos relevantes para abordar la situación aquí expuesta.

Esta Oficina resalta su deber de desplegar el mandato para estimular la defensa del derecho a la libertad de expresión en El Salvador, y así contribuir a dimensionar los riesgos de criminalización de discursos legítimos que plantean las legislaciones bajo análisis. No obstante, la Relatoría observa que las mencionadas preocupaciones en torno a las potenciales afectaciones a ejercicios legítimos de la libertad de expresión no deben ser entendidas como un respaldo a discursos que alienten o promuevan la violencia y discriminación.

 La CIDH expresa que ha monitoreado por años de manera sostenida y cercana la compleja situación de seguridad ciudadana en El Salvador. Detalla que en 2004, la Comisión reconoció el derecho y la obligación del Estado de El Salvador de velar por la seguridad pública y resalta que el cumplimiento de ese deber no es incompatible con el respeto de los derechos humanos.

Asimismo, en el reciente informe sobre la “Situación de derechos humanos en El Salvador”, la Comisión confirma que el grave fenómeno de violencia e inseguridad ha constituido uno de los principales temas de preocupación del país, y reconoce progresos en los índices de seguridad durante el periodo 2019-2020.

Para la Relatoría, el incremento de la violencia es un asunto sobre el cual las autoridades están en la obligación de tomar, tanto medidas como precauciones para que el despliegue institucional no restrinja el ejercicio de derechos de personas que ejercen actividades legítimas en la sociedad y de especial trascendencia para la democracia.

 

FUENTE: YSUCA, 91.7 FM



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