Y es que el pasado 27 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un Régimen de Excepción para “combatir a los grupos delincuenciales”, a su vez el 30 de marzo se aprobaron una serie de reformas entre las que se destacan la edad de imputabilidad penal que permite juzgar a niños como adultos. Por otro lado se ha aprobado reformas para criminalizar la labor periodística.

Sobre esto el abogado brasileño Paulo Abrão explico en un conversartorio sostenido en la Radio 106.9 que con estas acciones El Salvador estaría dejando de lado la defensa de los derechos humanos.

Las reformas aprobadas en el Legislativo no buscan la rehabilitación de los delincuentes, señala Abrão. En este caso el estado esta fallando gravemente.

Es momento que las autoridades salvadoreñas recapaciten y no pierdan de vista a los derechos humanos, ya que es la única forma de lograr pacificar el país, dice el  exsecretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão.

Abrão cree que El Salvador podría colocarse “a nivel” del presidente nicaragüense Daniel Ortega con estas acciones, donde los derechos humanos no son respetados y son constantemente violentados.

Según el abogado, el país está negando el respeto de la dignidad de la humanidad misma. Esto ocurre porque El Salvador estaría evadiendo el monitoreo que se haga al país sobre su compromiso de cumplimiento a los derechos humanos reconocidos a nivel internacional.

Al seguir este camino El Salvador se esta aislando del resto del mundo y con ello se estaría negando a si mismo en un futuro la cooperación internacional que promueve el desarrollo.