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DERECHOS HUMANOS

3 de abril de 2022

La dura polémica por operativo en Putumayo que dejó 11 muertos

COLOMBIA:
Tras denuncias de organizaciones indígenas de que en un operativo que el Ejército presentó como contra disidencias de las Farc, en realidad murieron civiles, la Defensoría del Pueblo pidió esclarecer pronto las circunstancias de la muerte de 11 personas en la vereda El Remanso, Puerto Leguízamo, Putumayo.

Estos hechos fueron dados a conocer el lunes por la Fuerza Pública, que celebró un golpe contra la disidencia 48 de las Farc. Pero horas después la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) señaló que habían sido asesinados habitantes de la zona que estaban en un bazar comunal para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda.

Frente a esa versión, el general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, le dijo a este diario que esto sí fue un operativo contra las disidencias. 

"Que quede claro, aquí no hubo una masacre. Aquí se desarrolló una operación militar legítima contra las disidencias, con base en los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario", afirmó.

De acuerdo con las denuncias de la organización indígena, en los hechos murieron el Presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, entre otras personas.

En ese sentido, desde la Defensoría Regional Putumayo se ha brindado acompañando a los familiares de los fallecidos, y la entidad "ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados", señaló la entidad en un comunicado. El organismo añadió que se brindará el servicio de representación judicial a través de un defensor público de víctimas en todos los procesos que se deriven de los hechos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insistió en que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido.



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