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DERECHOS HUMANOS

27 de marzo de 2022

Ciudadanos sin garantías constitucionales

EL SALVADOR:
En un madrugón y con dispensa de trámite, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales, por un plazo de 30 días, con 67 votos a favor, 4 abstenciones y 13 diputados ausentes

Las garantías constitucionales suspendidas son las referidas a la libertad de asociación, derecho de defensa, plazo de detención e inviolabilidad de correspondencia e intervención de las telecomunicaciones.

El artículo 29 de la Constitución de la República establece el régimen de excepción en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público.

Además, establece que la detención administrativa no excederá de quince días.

Entre el viernes 25 de marzo y el sábado 26, se registraron 76 homicidios a nivel nacional, según cifras confirmadas por la Policía Nacional Civil. Tras este registro, el presidente de la República solicitó a la Asamblea Legislativa, el Régimen de Excepción. 

El proyecto de Decreto para la suspensión de las garantías constitucionales no había sido compartido con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, previo a la lectura en el pleno. Además, la sesión plenaria extraordinaria dio inicio dos horas después de la hora convocada.

Unas horas después de ser aprobado el Régimen de Excepción en la Asamblea Legislativa, fue sancionado por el presidente de la República y publicado en el Diario Oficial, por lo que entra en vigencia a partir de este domingo 27 de marzo. (Archivo del Diario Oficial).

Además, Bukele ordenó al director de Centros Penales, Osiris Luna que decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad.

El artículo 30 de la Constitución establece que el plazo de la suspensión de las garantías constitucionales podrá prolongarse por 30 días más, mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron.

La directora de Programa de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, Leonor Arteaga, manifestó a través de su cuenta de twitter que los homicidios de las últimas horas deben combatirse con la ley penal, nada lo impide. “Dar poderes extraordinarios al gobierno de Nayib Bukele vía un Estado de Excepción, como ocurrió en pandemia, no beneficia a la ciudadanía, sólo generaría miedo y facilitaría la corrupción”, señaló Arteaga.

El Centro de Estudios Jurídicos también hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que sea responsable en su función, “analizando y debatiendo los alcances del régimen de excepción solicitado, no pasando por encima de los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución”.

Acción Ciudadana también manifestó que el gobierno debe agotar las vías y procedimientos ordinarios para combatir el delito, antes de adoptar medidas extremas que signifiquen la afectación de los derechos de la ciudadanía.

“Llamamos al gobierno a que haga uso más eficiente de los organismos de inteligencia del Estado para desarticular a los grupos criminales que están actuando con total impunidad, sin afectar los derechos de la ciudadanía honesta”, señaló Acción Ciudadana.



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