El año 2022 comenzó con una fuerte arremetida no solo económica, sino una oleada de violencia que afecta directamente a la clase trabajadora y los sectores populares. Los acontecimientos en Arauca, Cauca, la frontera con Venezuela, el asesinato de líderes y lideresas sociales, la persecución política, los llamados “falsos positivos judiciales” y la profundización de la violencia basada en género, terminan siendo paisaje en el marco de una coyuntura electoral que hace ver la escalada de la violencia como una noticia más de la farándula colombiana.

En la frontera entre Colombia y Venezuela, se han producido hechos violentos específicamente en espacios de Arauca en Colombia y de Puerto Páez en el Estado Apure, Venezuela. Más de una veintena de personas han sido asesinadas y hay un gran número de pobladores desplazados de sus territorios. Ambos lados de la frontera colombo-venezolana, en la zona de Arauca, constituyen territorios en los que se realizan operaciones militares, guerrilleras y paramilitares, afectando la vida y los bienes de la población colombiana y venezolana que habita en esos parajes. Los factores armados libran sus enfrentamientos sin reparar en los intereses, la seguridad y la vida del pueblo. Detrás de todo esto también hay operaciones económicas de carácter ilícito (narcotráfico, contrabando, industria del secuestro, despojo y apropiación de tierras, etc.).

Existen versiones contradictorias de los sucesos recientes. Incluso entre fuentes oficiales de Colombia, que los atribuyen a supuestos enfrentamientos entre un frente del ELN y un sector de las disidencias de las FARC que no se “pacificó” tras las negociaciones de paz con el gobierno colombiano de Santos. Algunos presuntos combates u operativos, según estas fuentes, se habrían producido en Venezuela y otros del lado colombiano, trayendo una fuerte militarización de la frontera que involucra a los ejércitos de los dos países. En el caso colombiano, se estima que también involucra a agentes de los Estados Unidos, potencia que mantiene bases militares propias en Colombia y actuaría con la fuerza armada colombiana en el marco de su adhesión a la OTAN.

En un supuesto comunicado de las disidencias de las FARC señalan a la guerrilla del ELN y a la Nueva Marquetalia liderada por Iván Márquez de tener una alianza conjunta con bandas del narcotráfico y el ejército colombiano, declarándoles la guerra. Las investigaciones de la Fiscalía colombiana concluyen que en realidad no hubo combates sino que pobladores fueron sacados de sus casas y asesinados por sicarios con disparos a muy corta distancia, bajo la acusación de ser colaboradores de las guerrillas.

Entre los acontecimientos más recientes está la toma armada de La Gabarra, un poblado venezolano que forma parte de una ciudad comunal en el estado Apure, por combatientes del ELN, a lo que la comunidad organizada y un comunicado de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (de Venezuela), responden que se declaran en “resistencia pacífica”, mientras que batallones de la Fuerza Armada Bolivariana, se movilizan en la frontera colombo-venezolana. Algunos analistas hablan de una especie de “guerra híbrida” de “baja intensidad” que aseguran está desarrollando el ejército colombiano junto a fuerzas militares de los Estados Unidos, como un ensayo para mantener una presión militar sobre el gobierno de Nicolás Maduro en la frontera con Venezuela y generar una especie de “Contra” como la que utilizaba el territorio de Honduras para agredir a Nicaragua.

El gobierno de Duque en Colombia ha respondido a la situación en la que se producen las masacres de Arauca, con una profundización de la militarización, que ya era utilizada por el gobierno de Uribe, dándole a los problemas un tratamiento de “guerra interna”, con el despliegue de dos batallones, junto a helicópteros, aeronaves y drones, lo que suma un aproximado de 7.425 militares para una población de un poco más de 295.000 personas. Y esto lo hace sin que implique, de ninguna manera, una mayor seguridad o garantía de resguardo de la integridad de los habitantes, sino que, por el contrario, multiplica los abusos y empuja con mayor intensidad al desplazamiento de los pobladores del territorio, que tienen que abandonar caseríos, poblados, tierras y bienes, huyendo del escenario de guerra.

Organizaciones sociales y humanitarias en el área han denunciado que, mientras se lleva adelante esta escalada de militarización, ocurren hechos como el lanzamiento de explosivos contra las instalaciones de la empresa comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena, y líderes del movimiento social y popular araucano son amenazados de muerte, además, se quejan de que se “permite” que en medio del despliegue “los autores de este tipo de agresiones anden a sus anchas por las cabeceras de los municipios” (según un comunicado de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra).

Los sectores y las organizaciones populares perciben que el propósito de la militarización no es realmente resolver la situación que afecta a los derechos y a la seguridad de pueblo o evitar el desplazamiento forzoso de los habitantes, sino que lo que está en marcha es principalmente una operación militar dirigida a asegurarse la ocupación y control de territorios que estuvieron dominados por la guerrilla antes del acuerdo con sectores de las FARC y en los que también operaban otros grupos guerrilleros, así como paramilitares vinculados con el ejército y el gobierno o grupos delictivos relacionados con el tráfico ilícito de droga u otros productos.  Pero los derechos del pueblo son pisoteados de la misma manera y siguen siendo víctimas de los conflictos armados y las disputas por intereses económicos entre el Estado colombiano, grupos y particulares que no tienen en cuenta ni respetan en lo más mínimo los derechos democráticos y humanos de los habitantes.

Con una lógica similar proceden integrantes de las fuerzas militares que actúan del lado venezolano, que también han sido señaladas por la gente de practicar “falsos positivos” y de ejecutar masacres.

En estas confrontaciones, parecen tener más peso los factores económicos y militares que los elementos políticos y sociales. Es sabido que, desde hace años, el narcotráfico se convirtió en uno de los mecanismos de financiación de las guerrillas que se disputan el predominio sobre la zona (tanto en Colombia como en Venezuela), lo que ha ocasionado su degeneración, desviándolas de cualquier reivindicación revolucionaria genuina y dándoles un carácter reaccionario frente a la clase trabajadora y los sectores populares, como lo están demostrando nuevamente los últimos acontecimientos en Arauca. Entre los militares también hay quienes están involucrados en estas actividades.

En el caso de Colombia, hay que ver el contexto en que se producen todos estos acontecimientos, pues viene de cerrar el año 2021 con un enorme estallido social, que hace parte de todo un avance de la lucha de clases a nivel mundial, y que sigue dando muestras de la crisis del uribismo y de su gobierno genocida actual, el de Iván Duque. El estallido puso en jaque al gobierno y logró agrietar aún más al régimen uribista de Duque, al hacer retroceder temporalmente las reformas tributaria, pensional y laboral. 

Pero el levantamiento no logró derrotar al régimen, producto de las políticas de conciliación de los sectores burocráticos y reformistas del Comité Nacional del Paro (CNP) y por la falta de una clase trabajadora organizada y correctamente dirigida, que impulsara la lucha en la calle y pudiera dar un segundo aire al desgaste natural que afectó al sostenimiento y escalada del movimiento social.

En estas circunstancias, la respuesta del gobierno colombiano a la movilización social y la lucha en la calle fue la profundización del Terrorismo de Estado, a través de sus fuerzas represivas, dejando un recorrido de muerte y represión en las principales ciudades a lo largo de más de dos meses de lucha y resistencia.

La claudicación de la dirección de la lucha le permitió al régimen reacomodarse y preparar una contraofensiva, como represalia al estallido social y a quienes luchan, expresada en montajes judiciales, persecución política y asesinatos selectivos, lo que ha coincidido con una serie de masacres que se han producido en distintas regiones de Colombia.

Así lo reflejan informes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, como el último informe de la ONG INDEPAZ (https://indepaz.org.co/cifras-de-la-violencia-en-las-regiones-2021/): en el marco del estallido del 28 de Abril, al menos 79 compañeros y compañeras fueron asesinadas por las fuerzas represivas, 92 víctimas de violencia ocular, 35 víctimas de violencia sexual, 4.687 agresiones, 2.005 detenciones arbitrarias, 833 intervenciones represivas y 1.661 casos de violencia física por parte de las fuerzas represivas; un balance del Terrorismo Estatal en medio del estallido social que demuestra cómo este régimen tiene, como principal instrumento de respuesta, a las fuerzas represivas combinadas con acciones paramilitares ante cualquier movilización.

Además, según este mismo informe, terminó el año con 96 masacres perpetradas, que dejan 335 personas asesinadas; el asesinato de 195 líderes, lideresas y defensores de DDHH; 48 excombatientes asesinados; y un sin fin de montajes judiciales con presas y presos políticos que continúan en centros de reclusión con procesos en su contra.

Todo esto devela el carácter autoritario y bonapartista de derecha que tiene el actual gobierno colombiano y este régimen, para frenar la lucha y la organización de la clase trabajadora y los sectores populares por lo que la única salida es la movilización y la organización clasista.

En el caso venezolano, el escenario de enfrentamientos, operaciones guerrilleras y militares en áreas fronterizas de ambas naciones, acrecienta el drama de los desplazados, que se suma al de la migración masiva de venezolanos hacia Colombia o en tránsito hacia otros países de América Latina, producto de la terrible situación socio-económica que sufren en Venezuela, tanto por el bloqueo y sanciones imperialistas como por las políticas anti obreras y ya abiertamente contrarrevolucionarias del gobierno de Nicolás Maduro.

Es la población la víctima de las acciones militares, de los movimientos armados que se le imponen contra su voluntad desajustando por completo sus vidas, así como las distorsiones que genera esa combinación del narcotráfico, contrabando, abigeato, bandas delictivas que trafican lo extraído por la minería… donde se mezclan las mafias, las guerrillas y los cuerpos armados de nuestros países.

La situación fronteriza es utilizada por los Estados Unidos y su aliado colombiano como excusa para instalar una presión militar sobre Venezuela, en el marco del conflicto geopolítico con el gobierno de Maduro, donde los militares tienen un peso fundamental y cada vez está más ligado a los intereses económicos e influencia china y rusa, que le desajusta el deseado equilibrio de su “patio trasero” latinoamericano. Y eso, a la vez, es utilizado por el gobierno venezolano y por la burocracia civil y militar, como excusa para justificar las políticas que le impone a la población, descalabrando todas las conquistas de la revolución bolivariana, y dando cobertura a intereses particulares en la frontera. Todo ello se complica más con uno de los últimos sucesos, como ha sido el ataque del ELN a instalaciones policiales y militares, incluidas bases norteamericanas en Colombia, lo que traerá indudablemente la consecuencia de una contraofensiva.

Con fundamento en esta percepción y análisis de la situación en la frontera colombo-venezolana, las organizaciones Impulso Socialista de Colombia y Marea Socialista de Venezuela, como parte de la Liga Internacional Socialista (LIS), desde nuestra visión y con nuestros principios de compromiso con la clase trabajadora y los sectores populares de nuestros países, nos pronunciamos por:

¡El cese de la guerra contra el pueblo colombiano y venezolano venga de donde venga!

1. Destitución, juicio y castigo para la cúpula militar y policial que dio la orden de asesinar, desplazar y hostigar a la población Araucana. Destitución inmediata de Diego Molano en cabeza del ministerio de defensa, de Luis Fernando Navarro Jiménez comandante general de las FFMM, Eduardo Enrique Zapateiro comandante del ejército, Eduardo Mora López comandante de la XVIII brigada del ejército, y demás autoridades militares que hayan determinado y llevado adelante la orden del gobierno genocida de perpetuar la guerra contra el pueblo Araucano.

2. Repudio y cese inmediato a la masacre, los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado de la población Araucana perpetrado tanto por las fuerzas represivas como por las guerrillas en disputa. Que cesen los asesinatos y hostigamientos por parte de las guerrillas, que no sobrepongan sus intereses económicos por sobre la necesidad del pueblo Araucano de paz y permanencia en los territorios. Que el gobierno colombiano retire su avanzada militar que hasta ahora ha sido completamente insuficiente para frenar la guerra desatada y avance en una vía concertada con el pueblo Araucano y las guerrillas, única manera de frenar este conflicto. La voluntad democrática de las poblaciones locales debe estar por encima de todo.

3. Rechazo total a la injerencia imperialista de EEUU en Arauca por medio de tropas, apoyo técnico o militar al igual que a cualquier intento de injerencia imperialista en Venezuela con la excusa de los conflictos actuales en la frontera. Rechazamos el acuerdo que Colombia tiene con la OTAN y cualquier intervención de organismos imperialistas en Colombia y Venezuela.

4. Rechazo a toda operación militar que bajo la excusa contrainsurgente reprima, desplace y mate a campesinos y pobladores.

5. Fuera las bases militares estadunidenses de Colombia y no al establecimiento de bases militares de cualquier potencia en alguno de los dos países. En especial, rechazo al adelanto de base militar en Arauquita, Arauca que vienen denunciando organizaciones sociales y de DDHH.

6. Necesario es reconocer el derecho del pueblo colombiano a luchar por echar fuera del territorio a las bases imperialistas, pero eso no puede ser una acción unilateral que exponga a los sectores populares como víctima afectada por las consecuencias. La vía que debemos defender para sacar las bases es la movilización masiva del pueblo colombiano que desautorice su presencia en el territorio e imponga su desmantelamiento, todo ello en el marco de la lucha por un cambio de gobierno, hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo de Colombia.

7. De la misma manera expresamos nuestro rechazo a las insinuaciones de Rusia y la aceptación tácita de Maduro a la posibilidad de emplazamiento de armas y bases rusas en Venezuela, que nos envuelve más en el marco de las disputas geopolíticas-económicas-militares de las grandes potencias imperialistas del mundo.

8. Llamamos a las organizaciones sociales, políticas, sindicales populares, juveniles, de DD. HH, a retomar la calle y solidarizarnos con nuestro pueblo hermano en la frontera colombo-venezolana. Preparemos jornadas de resistencia contra el gobierno genocida en rechazo de sus políticas de terrorismo estatal.

9. Luchamos en nuestros países por una verdadera revolución socialista, que dé el poder a las y los trabajadores y sectores populares, con un régimen político de democracia obrera y popular, sin burocracias ni autoritarismo, con predominio pleno de una economía con propiedad social al servicio del pueblo, y que abra históricamente el camino hacia la integración solidaria y cooperativa de nuestros países, sin guerras fratricidas y sin dominio imperialista alguno sobre nuestras naciones.

Impulso Socialista (Colombia) y Marea Socialista (Venezuela), organizaciones hermanadas en la Liga Internacional Socialista (LIS)