RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS:

(i) La persistencia y el recrudecimiento de factores de riesgo para la vida e integridad personal y colectiva de líderes, lideresas y comunidades en los territorios de los Montes de María y del Magdalena, derivados del ejercicio de liderazgos sociales, comunitarios en defensa de los DDHH, de los derechos ambientales y territoriales y de la construcción de paz territorial. Así como el inminente riesgo para la población de N/N/A nacionales y migrantes, con necesidades de protección internacional frente a prácticas de reclutamiento forzado, VBG, explotación sexual y la violencia generalizada contra la población civil. Lo anterior profundizado por el ambiente preelectoral y el manifiesto interés de control político y electoral por parte de actores armados en relación a los próximos comicios a Presidencia y Congreso de la República en la presente anualidad.

(ii) Con el propósito de controlar política y electoralmente los territorios, los actores armados ilegales están haciendo uso de la violencia política, VBG y otras manifestaciones contra la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades. Mediante intimidación, amenazas, asesinato de líderes, lideresas, candidatxs, excombatientes, así como a través de convocatorias forzando a las comunidades a eventos políticos, ordenes de confinamientos y censos poblacionales buscan tener el control de los procesos electorales y del territorio, violentando los derechos humanos de las comunidades a través de delitos de lesa humanidad como el desplazamiento y el reclutamiento forzado. Esto da cuenta de un continuum de violencia -y sus repertoriosen estos territorios, duramente afectados por el conflicto armado interno en este país.

(iii) Que estas situaciones de riesgo ya habían sido identificadas y puestas en conocimiento por la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional, mediante el Ministerio del Interior y la Secretaría técnica de la Comisión intersectorial para la respuesta rápida de alertas tempranas (CIPRAT). Ello mediante 4 alertas tempranas de inminencia: (No.009-21 de mayo 2021 de ovejas sucre), (No.012-21 de junio de 2021 de Magdalena y Cesar), (No.004-19 de enero de2019, Maríalabaja) y (No061-18, de julio 2018, San Onofre) y 6 alertas tempranas estructurales también en la subregión de Montes de María y el departamento del Magdalena.

(iv) Desde la fecha de emisión de las alertas, no se tiene conocimiento si en su totalidad las mismas fueron transmitidas de forma inmediata a las autoridades competentes para una respuesta rápida conforme al Art.14 del Decreto 2124 de 2017.

(v) Dentro de dichas alertas se emitieron recomendaciones a los entes territoriales, fuerza pública, UNP y ART, procuradurías provinciales, Fiscalía General de la Nación, entre otras autoridades, a fin de prevenir los riesgos identificados, sin que a la fecha se tenga conocimiento, de parte de las instancias de seguimiento, sobre la implementación de las medidas recomendadas, informes de seguimiento o al menos de su verificación comunitaria.

(vi) Desde la emisión de estas alertas a la fecha se han presentado múltiples hechos de todo tipo de violencia, atentados e inseguridad contra líderes y lideresas campesinxs, comunidades étnicas, campesinxs, líderes y lideresas comunales de las JAC y consejos comunitarios y de paz, candidatxs a las circunscripciones especiales de paz y a corporaciones municipales, quienes han sido asesinadxs, amenazadxs, víctimas de atentados fallidos y en ocasiones obligados a salir de los territorios.

(vii) De esta forma manifestamos que existe una persistencia y evolución de los riesgos alertados, junto a una falta de información y evidente ineficacia de la respuesta institucional, en relación a la adopción de medidas de prevención y protección. Lo cual derivaría en un posible incumplimiento de la obligación del Estado de actuar con debida diligencia, para la prevención de riesgos, al no atender oportunamente las alertas adecuando su actuar al estándar internacional de prevención, protección y debida diligencia.

(viii) Así mismo exigimos que en adelante las autoridades administrativas, de orden nacional, departamentales y/o encargadas de dar cumplimiento a las recomendaciones de dichas alertas actúen guiadas bajo el principio de coordinación y corresponsabilidad institucional, a fin de garantizar la efectividad de las medidas adoptadas. Contenido en el N°8, Art.3 Decreto 2124/2017.

(ix) Se hace un llamado de urgencia a las Instancias De Orden Territorial Para Reacción Rápida, a fin de recopilar información comunitaria de la situación, impulsar medidas de reacción rápida y preventivas, así como a otras instancias institucionales y demás espacios e instancias competentes dentro del SAT.

(x) Finalmente exhortamos a todas las instancias de seguimiento y cumplimiento de política pública de atención a las alertas tempranas, así como a las instituciones responsables de implementar las recomendaciones realizadas por la defensoría del pueblo y a los órganos de control en Colombia y órganos del sistema interamericano como la comisión interamericana de derechos humanos, la relatoría sobre defensores y defensoras de DDHH y órganos del sistema universal de protección de los derechos humanos a adoptar acciones y tomar medidas que brinden garantías para el ejercicio de los derechos y la disminución del riesgo que a través de este pronunciamiento se denuncia.

Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar.

Corporación Red de Empoderamiento de las mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar.

Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos -

ODDC. Red de Consejos Comunitarios del Caribe -

REDECOM.

Corporación Colectivo de Abogados del Karibe - ABOKAR.

Corporación Caribe Afirmativo.

Asociación Municipal de Usuarios Campesinos del municipio de Zambrano - AMUC Zambrano.

Proceso Pacifico de Reconciliación e Integración de la Alta Montaña.

Sujeto de Reparación Colectiva Rincón Guapo.

Sujetos de Reparación Colectiva del municipio de Ovejas.

Sujeto de Reparación Colectiva El Salado.

Mesa de Participación de Víctimas de Chibolo.

Mesa de Participación de Víctimas de El Carmen de Bolívar.

Comisión Étnico Campesina de Sujetos de Reparación Colectiva de los Montes de María y del Magdalena - CEMMA.

Red de Mujeres Salaeras Resistentes en el Territorio.

Fundación de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia en Colombia - FUNDEHUVICOL.

Sujeto de Reparación Colectiva Chimborazo.

Asociación de Campesinos Víctimas de Salaminita, Suiza y Jardín - ASORENACER.

Asociación Afrocolombiana Benkos Biohó.

Asociación Etnico Campesina Sueño Verde.

Asociacion Mujeres Espejo. PCN - Ku suto.

Consejo Comunitario de Comunidades Negras Afrodescendientes de El Carmen de Bolívar.

Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno de la Universidad de Cartagena.

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos - ILSA.

Ricardo Cubides - Historiador, investigador de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María.

Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES