Por: Kenia Gómez

La madrugada del 27 de enero de 2021 dejó vacío y tristeza en más de una decena de hogares de Dulce Nombre de María.

Mientras las familias dormían, policías y militares tocaron las puertas de las casas de 15 jóvenes. Buscaban armas y droga. Al no encontrar nada ilícito sacaron un documento, dijeron que era una orden de un juez que los reclamaba por extorsión. Ninguno de los familiares de las víctimas que presenciaron las detenciones tienen certeza de que  fuera una orden judicial. No la vieron de cerca  ni la leyeron. De los 15 jóvenes que buscaban, solo encontraron a 14, a todos se los llevaron detenidos. Un menor de edad quedó libre a los 5 días de su detención. Trece siguen detenidos.

Este no es el primer caso de redadas arbitrarias en esas comunidades, antes, en 2018, cuatro jóvenes de la misma zona fueron sacados en una madrugada de diciembre por el mismo delito: extorsión. Los cuatro fueron condenados a 15 años de prisión. Actualmente esperan una resolución, luego de haber interpuesto una apelación.

Radio YSUCA documentó los testimonios de 11 casos de los 17. Familiares y allegados a las víctimas contaron los momentos en que fueron detenidos y de cómo los policías semanas antes llegaron a sus casas, anotaron sus números de DUI y los de sus hijos con la mentira de que hacían un censo para registrar los casos de covid-19, aunque nadie del Ministerio de Salud los acompañaba.  Estas son sus historias.

Entre las sombras, la madrugada en que lo vio por última vez

Aquella madrugada de enero, Lucía Pérez no la olvida. Tocaron la puerta y para que Juan, su hijo de 21 años, no se despertara se levantó despacio evitando hacer ruido lo menos posible. Eran las cuatro de la madrugada, pero en medio de la oscuridad supo que eran policías. Lucía hace una pausa, sus ojos se llenan de lágrimas cuando recuerda lo que le hicieron a su hijo. Juan  padece de epilepsias desde los 14 años, casi no salía de casa, pues su enfermedad no le permitía trabajar.

El relato de Lucía deja ver una serie de arbitrariedades en la captura. Según comentó, los policías le preguntaron si su hijo tenía armas y de inmediato comenzaron a registrar la casa. Le preguntaron hasta por el televisor que tenía, a lo que respondió que se lo había comprado su hija.  

Al no encontrar nada ilícito, le notificaron que su hijo tenía una orden de captura por el delito de extorsión. Lucía no sabe leer ni escribir, no pudo corroborar si en realidad se trataba de una orden judicial. Cuando a su hijo le notificaron el delito, ya estaba esposado y sobre el suelo.

Lucía lleva una bolsa negra, ahí guarda los medicamentos que tomaba Juan. Vitaminas para el cerebro, otra para la presión y la que le había recetado el médico para las epilepsias. Recuerda que les mostró las medicinas a los policías y les dijo que su hijo estaba enfermo. De nada sirvió la explicación, se llevaron a Juan y desde enero solo lo ha visto una vez, cuando del penal de Chalatenango lo llevaron al hospital.

En prisión también ha desarrollado insuficiencia renal y, ahora además de las epilepsias y la presión alta recibe tratamiento de diálisis. En los 15 minutos que estuvo con él, Juan no habló mucho, recuerda Lucía. “Que le pidiera a Dios me dijo”, fue el único ruego de su hijo.

A sus 21 años, Juan tiene varios padecimientos. También estaba en un tratamiento riguroso por sus pulmones, dice Gloria, madrina del joven, quien da fe de su dedicación al hogar y a la iglesia. Aun no sale de su asombro, no comprende por qué al joven lo acusan de extorsión. Juan fue trasladado al penal de Sensuntepeque, Cabañas, ahí espera su segunda audiencia.

La ausencia de dos hijos  

Verónica no imaginaba que el 26 de enero sería el último día que vería a sus dos hijos, Jeovani de 25 años y Ezequiel de 21. Ese día se fue a dormir a otra casa, en otro departamento, sin imaginar que la madrugada del 27, en su ausencia, a sus hijos los detendrían por extorsión.

Jeovani y Ezequiel no estudiaban, se dedicaban a trabajar en la finca. Ezequiel, el menor de sus hijos, estaba postrado en la cama, recién habían tenido un accidente de tránsito que le dejó lesionada la pierna derecha. Estaba inmóvil y en recuperación por la operación que le hicieron en el hospital. Beatriz, su pareja de 20 años, fue testigo de lo que pasó esa madrugada.  Eran las tres, golpearon la puerta y dijeron que era la policía, recuerda. Al ingresar, sin mediar palabras, esposaron a Jeovani, su cuñado. A su esposo por estar con su pierna vendada, no lo tocaron en ese momento.  

Beatriz estaba confundida, al inicio los policías le dijeron que llevaban una orden de cateo, pero no de captura. Revisaron todos los cuartos, pero no encontraron nada. Luego le dijeron que un juez quería que los jóvenes se presentaran, por lo que Beatriz creyó que debían ir al siguiente día. Sin embargo, se los llevaron esa misma madrugada por supuesta extorsión agravada. Ninguno se resistió, pero frente a los policías expresaron que eran inocentes y que no habían cometido el delito del que los acusaban.

Eran entre 5 y 6 policías y afuera había soldados, recuerda Beatriz. Es la única fotografía que tiene grabada en su memoria. “Únicamente el recuerdo queda en la mente y no se puede borrar”, dice.

Para entonces tenía tres meses de embarazo, su hijo ya tiene dos meses de haber nacido y Ezequiel en el penal de San Miguel pasa sus días sin conocer a su hijo. También ha perdido sus citas médicas porque en el penal les han dicho que no lo pueden llevar a sus consultas con el doctor.  

Para la madre de Jeovani y Ezequiel  no ha sido fácil la ausencia de sus hijos. Asegura que además de trabajar recibían ayuda de su padre que lleva décadas viviendo en los Estados Unidos, no tendría sentido extorsionar, reflexiona.

Se arrepiente de haber entregado el DUI de sus hijos a los policías cuando llegaron a su casa semanas antes de la redada. Según Verónica, los policías mintieron, llegaron diciendo que estaban haciendo un censo.    Además mintieron en el relato que posteriormente citaron en el informe policial, donde los jóvenes aparecen con apodos, cuando nunca han tenido sobrenombres. Además, según el informe, el día del supuesto censo, los dos jóvenes estaban en la calle, ahí los habría encontrado la policía. Su madre asegura que, de nuevo, la policía mintió.

Sus hijos guardan prisión en el penal de San Miguel. Desde enero no los ha podido ver. “Sabemos que están vivos por el dinero que se les deposita mensualmente. Sabemos que cuando vamos a depositar, la cuenta está vacía”, asegura.

Ni los abogados pueden hablar con los jóvenes, debido a que desde la pandemia quedaron prohibidas todas las visitas. Tampoco le dan mucha esperanza de que puedan salir libres, ya que les han fabricado pruebas de la supuesta extorsión que habría ocurrido en la calle principal de Dulce Nombre de María, aunque no hay día ni hora exacta en la que ocurrieron los hechos. Una situación extraña porque la comunidad es bastante segura, nadie ha sido extorsionado, ni siquiera los dueños de grandes tiendas, comentaron los familiares de los detenidos.

En El Manzano, no se observan paredes manchadas, en alusión a las pandillas, ni jóvenes en las calles. No se observan agentes de la policía, ni militares patrullando la zona. La comunidad El Manzano refleja tranquilidad.  

Más allá de la prisión: el amor de dos hijos

Carmen tiene la mirada triste, se ve preocupada por la difícil situación que ahora debe enfrentar. Francisco, su hijo de 24 años, está en el penal de San Miguel desde enero de 2021. No solo dejó su ausencia, dejó también a su hijo de 6 años para quien vivía y trabajaba, luego que su pareja se marchó. Hace poco el niño cumplió años, ese día esperaba a su padre, quien siempre le llevaba un pastel para celebrar. Para Carmen no es fácil explicarle dónde está su padre.

Un mes antes de llevarse a Francisco, los policías llegaron preguntando si recibían el paquete de alimentos del Gobierno. Hicieron muchas preguntas, recuerda Carmen. Ella les entregó el DUI de su hijo para que lo anotaran por ser beneficiario de la ayuda gubernamental.

Los datos que entregó de su hijo sirvieron a los policías para preguntar por él un mes después. Esta vez le dijeron que llevaban una orden judicial, que Carmen nunca vio. Al llevarse a Francisco, su hijo de 6 años quedó solo en la casa, pero a los policías eso no les importó, dice Carmen.

El hijo de Francisco no fue el único que se quedó solo la madrugada del 21 de enero. También el hijo de Mayra de 5 años quedó abandonado en la casa el día que se llevaron a sus padres. A ella y a su esposo se los llevaron el mismo día, acusados del mismo delito de extorsión. Tenían apenas un mes de vivir juntos en El Manzano. El joven  vivía en el cantón Los Planes de la Palma, pero decidió mudarse para vivir juntos.

Gabriela, tía de la joven, recuerda que ese día también buscaban a su hijo, pero no lo encontraron, estaba viviendo en San Salvador porque estudia en la universidad. Anteriormente unos vecinos lo habían amenazado, le dijeron que se fuera si no quería ir preso. Lo acusaban de ser pandillero, dice su madre, quien niega que su hijo anduviera en malos pasos, pues se dedicaba a estudiar. No ha vuelto a ver a su hijo, no regresó al Manzano por temor a ser apresado, al igual que el resto de jóvenes.

 Aunque su hijo se salvó de esa redada, a Gabriela le incomodó la forma en que los policías entraron a su casa y registraron buscando armas y droga. Tampoco encontraron nada.

Otro joven víctima de las detenciones arbitrarias es Jaime de 24 años. Fue él mismo quien abrió la puerta cuando los policías llegaron a su casa. Lidia, su esposa de 23 años y sus dos hijos aún dormían. Eran las tres de la mañana, cuando uno de los policías entró y encendió la luz. Cuando Lidia se levantó, Jaime ya estaba en el suelo amarrado con un objeto que ella no sabe describir, pero está segura que no eran esposas. Con los policías también llegaron militares y mientras revisaban la casa acosaban al joven y le preguntaban dónde tenía la droga. Lidia asegura que no encontraron ninguna evidencia de que su esposo fuera un delincuente. En este caso, los policías también leyeron la supuesta orden judicial hasta que se llevaban a Jaime.

María, madre de Jaime, no estaba ese día en la casa, no vio cuando se llevaron a su hijo, y no logra entender por qué lo detuvieron. Asegura que es un hombre trabajador que se dedicaba a la albañilería.  

María lamenta que la Fiscalía no investigue bien los casos y los procesos judiciales sean tardados. Los 13 jóvenes detenidos en enero llevan casi 9 meses en prisión, sin haber sido condenados. Se les ha realizado solo una audiencia. La otra estaba programada para el 14 de junio, pero se suspendió.

María entiende poco sobre las leyes, pero sabe que el proceso está lleno de irregularidades.

Los familiares de los 13 jóvenes llevan meses sin verlos, ni los abogados han logrado hablar con ellos. Sin embargo, el paquete de objetos personales no debe faltar. Cada tres meses deben llevarlo al penal y cada mes deben depositarles dinero. Ninguno de los familiares dijo estar seguro de que los paquetes sean entregados a los jóvenes. En cuanto al dinero, creen que se lo gastan porque la cuenta queda vacía cada mes, pero tampoco tienen certeza de que lo reciban.

Las madres de los 13 jóvenes piden que se investigue a fondo el caso de Dulce Nombre de María antes de que sean condenados, al igual que los cuatro jóvenes que se llevaron en 2018, historias que serán contadas en la segunda entrega de esta nota.