Por Eugenia De Rossi*

Desde Río Negro

El caso del asesinato y desaparición del trabajor rural salteño Daniel Solano puede encuadrarse en distintos grupos de causas: las de los desaparecidos en democracia, las del avasallamiento a las comunidades originarias, las de los pibes pobres asesinados por la policía, las de los trabajadores rurales precarizados y, dentro todas esas; la de los trabajadores migrantes o temporarios (ultra precarizados), también llamados “golondrinas”. Sucedió el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel (Río Negro) y aún no hubo justicia.

Si bien la causa es emblemática porque pudieron ser llevados a juicio los siete policías acusados, la sentencia de 2018 de la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca presenta serias falencias. A pesar de que todos los policías fueron hallados culpables y condenados a perpetua, la Cámara rechazó el pedido de prisión preventiva, por lo que desde el 1 de agosto de aquel año hasta la actualidad los asesinos de Daniel Solano gozan de libertad hasta que haya sentencia firme. Falta que se expida la Corte Suprema de Justicia ante el recurso de queja que presentó la defensa de los acusados.

El otro problema de la sentencia es que, en líneas generales, resuelve la condena de los policías por el homicidio de Daniel Solano, pero desliga de responsabilidades a las empresas, planteando dicho homicidio en el marco de una riña en un boliche bailable. La hipótesis que había sostenido la querella de la familia Solano era que el asesinato estaba ligado a una estafa millonaria, que se producía temporada tras temporada con los trabajadores golondrina trasladados del norte argentino.

El caso Daniel Solano o el negocio de exportación frutícola

A 10 años del asesinato y desaparición de Daniel, repasar la investigacion llevada adelante por los abogados de la familia Sergio Heredia y Leandro Aparicio permite comprender las condiciones laborales en las que vivió Solano sus últimos días, al igual que el resto de los trabajadores golondrina; contexto fundamental para entender el caso como también las dinámicas de explotación e intimidación que sufren los norteños que viajan a trabajar en el sur.

Daniel era un trabajador golondrina perteneciete a la comunidad guaraní de Misión Cherenta, Tartagal, que había viajado desde Salta a Río Negro para trabajar en los campos frutícolas de Expofrut, empresa multinacional exportadora de peras y manzanas ubicada en Lamarque, Río Negro, aliada comercialmente al grupo belga Univeg-Greenyard.

En la madrugada del sábado 5 de noviembre de 2011, Daniel fue a bailar con un grupo de compañeros, también oriundos del norte argentino, y fue sacado por policías a pedido del animador del boliche. El argumento fue que supuestamente estaba borracho y molestando a una chica. Los testigos indican que afuera del boliche los policías lo golpearon y lo subieron a un patrullero. Desde ese momento está desaparecido.

Un día antes, en la tarde del viernes 4 de noviembre de 2011, Daniel y sus compañeros habían cobrado el sueldo. Disconformes con lo que les estaban pagando, por debajo de lo correspondiente a los días trabajados, iban a hacer un reclamo el lunes para que les “reintegren” lo que faltaba. La investigación que desarrolló la querella reveló una estafa millonaria por parte de la empresa Agrocosecha —una firma tercerizadora contratada por Expofrut— contra los trabajadores del norte.

La estafa podía perpetuarse temporada tras temporada porque los norteños en su mayoría no tienen estudios (primarios o secundarios) y eran disciplinados desde que llegaban para la cosecha hasta que finalizaban. Además eran intimidados y reprimidos por las fuerzas de seguridad local que custodiaban los campos donde trabajaban, los galpones donde vivían, las oficinas donde iban a cobrar y los boliches a los que iban a bailar.

Una cadena de violencias sobre los trabajadores golondrina

Las comunidades originarias en Argentina sobreviven a pesar de que sus derechos fundamentales —vivienda, alimentación, salud, educación, trabajo— son constantemente vulnerados. En su mayoría, los trabajadores rurales-golondrina cuentan solo con estudios primarios y de ahí saltan a un campo laboral devastado, que los explota a nivel local o los expulsa para que sean explotados en otros territorios.

La falta de educación y trabajo hace de estos jóvenes norteños carne de cañón para los empresarios criollos. Daniel Solano era un golondrina más, pero había finalizado la escuela secundaria. Ante la falta de trabajo en sus propios territorios los jóvenes no migran voluntariamente ‘para buscar mejor vida’, sino que son captados por punteros que les prometen buen trabajo y buena paga. La captación de obreros es el primer eslabón de una sucesión de violencias.

El eslabón que sigue es la migración hacia los campos de trabajo. Son trasladados en colectivos de larga distancia como turistas —no como trabajadores debidamente registrados— y las condiciones del viaje son deplorables. Los contratos se firman rápida e informalmente, sin leer, minutos antes de subir al colectivo, que efectúa paradas de dos o tres horas sin explicación en algunos puntos del recorrido. A lo largo de este recorrido, se va dejando a los obreros en espera en estaciones de servicio, sin comida y sin poder usar el baño del micro. Esta información recogida por los abogados de la familia en el caso de Daniel llevó a que la empresa de larga distancia, en este caso era ‘El Tucumanito’, también fuera denunciada. Los testigos afirmaron que en esos colectivos también se transportaba droga: las paradas misteriosas y la imposibilidad de usar el baño tendría vinculación con esto, algo que también fue denunciado.

El tercer eslabón es la explotación. Se configura a partir de las pésimas condiciones laborales —hacinamiento en alojamientos provisorios denominados “gamelas”, donde sufren falta de agua, gas, luz y alimentos—, sueldos bajos e intimidación empresarial y policial. Son muchos los relatos de los trabajadores golondrina respecto de cómo actuaba la empresa ante la mínima queja: los amenazaba con despedirlos o directamente los despedía. Y no solo no les pagaban lo que les correspondía sino que no les garantizaban el traslado de regreso a Salta, con lo cual el trabajador quedaba rehén de la empresa explotadora.

Respecto al actuar policial también son muchos los testigos del caso que relataron golpizas y abusos policiales hacia los trabajadores norteños y, en especial, sobre “aquel ‘negrito’ que se anime a reclamar”. El antecedente al caso Solano fue el de Hugo Hilario Corvalán, trabajador norteño que se plantó a reclamar por la pésima paga y decidió irse y con él todo un grupo de compañeros. La empresa aceptó pagarles y ponerles un micro para que los traslade, pero antes de que se fueran la policía molió a golpes a Corvalán en las oficinas de Agrocosecha. Sus compañeros que estaban en el micro escucharon la golpiza y quisieron ayudarlo, pero los policías cargaron las Itacas y los amedrentaron.

La estrategia de dominación combinaba la intimidación policial y la sujeción económica —sueldos bajos y adelantos con “vales” para comprar mercadería en supermercados— con la “onda corporativa”: patrones, empleados y policías también jugaban al fútbol y comían asados todos juntos cada tanto.

Persecución, represión policial y obstrucción judicial

El último eslabón de esta sucesión de violencias es lo que sucede al intentar reclamar: represión violenta o desaparición, como el caso de Daniel. Todos los norteños veían las injustas condiciones en las que trabajaban, pero Daniel Solano pudo ver un poco más allá, pudo detectar algo más grande que un mero sueldo mal liquidado. Solano se dio cuenta y estaba dispuesto a reclamar. De acuerdo a lo declarado por los testigos en la investigación, esta tentativa de reclamo es presenciada por un policía, Tomás Vega. Él no solo ve a los obreros disconformes sino que sabe y puede identificar quién es el referente de ese “germen de protesta”: Daniel Solano.

Solano y sus compañeros salen a bailar esa noche del 4 de noviembre al boliche Macuba. Cerca de las 2.40 del sábado varios policías lo sacan del boliche; son los testigos quienes indican haber visto a los siete policías (luego procesados) y a Tomás Vega, el policía que estaba a la tarde en las oficinas de la empresa, cuando Daniel y sus compañeros cobraron el sueldo. La querella sostuvo que este octavo policía debió marcar y reconocer quién de todos era Solano, el “líder potencial”.

Daniel fue sacado con violencia del boliche por cinco policías, que no debían estar esa noche allí y que, sin embargo, fueron vistos por los testigos. Otros tres policías llegaron en patrullero y se lo llevaron. Detrás del patrullero salió un Fiat rojo con vidrios polarizados, vehículo reconocido como perteneciente a la Policía; el patrullero y el Fiat se internaron en el camping “Isla 92”, donde pasaron a Solano de vehículo.

El patrullero volvió a la comisaría reportando que la llamada que habían recibido del boliche era una falsa alarma, pero no dejaron constancia en el libro de actas de la Comisaría de la salida de un móvil policial al boliche.

El quinto eslabón de violencias es el encubrimiento y la obstaculización del proceso de justicia: en esa instancia operaron muy coordinadamente los dueños de Agrocosecha; los policías que se investigaban a sí mismos y jueces y fiscales que obstruyeron el proceso. ¿Cómo? Se plantaron pistas falsas, se le mintió a la familia Solano —revictimizándolos a lo largo de toda la causa— se encubrió a los policías, se pretendió desviar la investigación, se cajonearon denuncias y expedientes de causas conexas a la principal. Este conjunto de estrategias de obstrucción frenaron por dos años la búsqueda del cuerpo de Daniel y se dilató más de un año por girar la causa a la Justicia Federal, cuando finalmente volvió a la esfera provincial.

La estafa golondrina

Los abogados querellantes siempre investigaron en dos direcciones: el crimen de Daniel Solano y la empresa dónde trabajaba: Agrocosecha, contratada por Expofrut. Los abogados contaron con la colaboración de una persona que les hizo llegar a los abogados los libros contables de Expofrut. Para completar esa información, la otra parte de la investigación fue recopilar los recibos de sueldo de cientos de trabajadores norteños y notar, a primera vista, que les pagaban muy poco.

Expofrut controlaba el trabajo de los obreros confeccionando una planilla diaria en la que detallaba el trabajo de cada uno, de acuerdo a las tareas de poda, raleo y cosecha. La empresa multinacional tenía el siguiente acuerdo con Agrocosecha: por cada 1000 pesos que gana un trabajador, Expofrut le paga a Agrocosecha un 70 por ciento más, para aportes patronales (50 por ciento) y el 20 por ciento restante quedaba para la tercerizadora. Es decir que cuando Expofrut pagaba 1700 pesos, 1000 eran para el trabajador, 500 para aportes patronales y 200 para Agrocosecha.

¿Qué hacía Agrocosecha? En lugar de pagarle 1000 pesos al trabajador, le pagaba 500, y con los otros 500 pagaba los aportes. De este modo, Agrocosecha en lugar de quedarse con un 20 por ciento por cada trabajador, se quedaba con un 70 por ciento. Para justificar la maniobra contable, la empresa tercerizadora alteraba la cantidad de trabajo realmente efectuada por los obreros: contabilizaban menos plantas cosechadas o menos jornadas laborales. Por ejemplo, en la planilla de Expofrut figuraba que Daniel Solano había trabajado 20 jornadas, pero en su recibo de sueldo (emitido por Agrocosecha) figuraban solo cinco días de trabajo. Agrocosecha estafaba a Expofrut a costa de los trabajadores golondrina.

Una red de asociaciones ilícitas sin responsables

El «Caso Solano» destapó una red de asociaciones ilícitas que inician en el norte del país y terminan en Río Negro. El trabajador golondrina de los pueblos originarios es la víctima elegida para que esta mafia funcione, ya que posiblemente no puedan hacer esto con un jóven de Río Negro. La mecánica se repetía: elegían 300 trabajadores originarios, los estafan una temporada y para la siguiente llevaban otros 300. Son cientos los que han sido estafados durante años. No es posible una estafa a lo largo de años sin que haya toda una organización detrás encubriendo, incluídas las secretarías de trabajo y los gremios provinciales.

Por esta estafa Expofrut es responsable en materia laboral y civil, mientras que es penalmente responsable el agente de Expofrut que debía coordinar con Agrocosecha para consumar la estafa. Expofrut pagaba todo lo que le correspondía pagar. Los abogados de la familia Solano reunieron todas las planillas con lo que pagó la multinacional y, por otro lado, los recibos de sueldo de los obreros: uno por uno para demostrar la estafa a lo largo de los cuatro años investigados, entre 2009 y 2012.

Sin embargo, ningún directivo de Expofrut fue imputado en la causa. Fernando Oris de Roa fue directivo de Expofrut desde noviembre de 2011 hasta que el entonces presidente Mauricio Macri lo designó, en 2018, como embajador argentino ante Estados Unidos. Durante 2018, año en el que se pudo efectivizar la búsqueda de Daniel en un campo de la zona, continuaron los escenarios de explotación y represión en el Valle Medio de Río Negro.

La Policía siguió reprimiendo a obreros del norte. Los mismos trabajadores lo registraron y viralizaron en redes sociales, como ocurrió con la represión a obreros de Expofrut en febrero de 2018 en la localidad rionegrina de Lamarque. Esos mismos días, obreros del norte que llegaron al sur para trabajar huyeron de regreso a sus comunidades. Unos días más tarde, consultado por el caso Solano, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck defendía la libertad de los policías acusados por el crimen de Daniel, quienes llegaban al juicio en condición de libres y negaba la existencia de explotación laboral en la provincia.

Los trabajadores golondrina que no huyen en las temporadas de cosecha siguen sufriendo las mismas pésimas condiciones. En 2019 fue denunciado un nuevo caso de explotación en Lamarque, la misma localidad donde trabajó Daniel Solano. Trabajadores tucumanos denunciaron trabajo en negro, pagos por debajo de lo convenido y engaño por parte de la patronal en una chacra de la firma Gabriel Román e Hijos S.A.

Los modos de exigir justicia por Daniel Solano

El homicidio y desaparición de Daniel Solano es la ‘causa madre’ de la que se desprenden más de veinte causas conexas por narcotráfico, trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, corrupción empresarial, estafa laboral y por otras desapariciones forzadas y muertes dudosas de trabajadores del norte.

Daniel Solano no era un líder gremial ni fue mentor de un reclamo colectivo por salarios o estafa; simplemente era un trabajador que pudo leer su recibo de sueldo, identificó una liquidación mal realizada, compartió esto con sus compañeros y se dispuso a realizar el planteo ante la patronal, con todo lo que implicaba en términos de opresiones y de control en ese contexto laboral. Hacer un reclamo por lo adeudado claramente podía implicar el develamiento de la estafa millonaria que estaba por detrás. La hipótesis de la querella es que los siete policías condenados ejecutaron a Solano por orden de miembros de una asociación ilícita conformada por empresarios, funcionarios judiciales y agentes de la policía de Río Negro, para encubrir la estafa laboral a Daniel y a cientos de trabajadores golondrina.

Las formas de búsqueda de justicia que se ensayaron e impulsaron a lo largo de estos diez años en torno al Caso Solano son diversas y también diversos los sujetos que participaron, dando lugar a prácticas interculturales de lucha y resistencia: la familia de Solano, con la praxis política de Gualberto Solano sosteniendo un acampe a modo de reclamo durante cuatro años frente al juzgado N°30 de Choele Choel, viviendo en una parroquia, con su idiosincrasia guaraní que hablaba con su silencio, con su mirada o con su sonrisa, con sus huelgas de hambre, con su persistencia y que perdió la vida en esta lucha, muerte de la que también el Estado es responsable.

La resistencia de las mujeres de la familia Solano, Romina y Mayra, viviendo cuatro años en una carpa en una plaza, con su mirada firme y su frontalidad. La presencia y acompañamiento sostenido y frontal también de Cristian Bonin (cura parróco); y sobre todo los jóvenes de Choele Choel del acampe, con sus praxis políticas, culturales y su firmeza y perseverancia, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas y medios de comunicación alternativas. A diez años del asesinato y desaparición de Daniel Solano, la lucha que se levantó y se sostiene cada 5 de noviembre en ese pequeño pueblo rionegrino, donde naciera Rodolfo Walsh, es una muestra más de fuerza y dignidad.

* Autora junto a Jessica Visotsky de la publicación “Derechos de los Pueblos y trabajadores ‘golondrina’ en Argentina. Una mirada desde el ‘Caso Solano’”, Revista NuestrAmérica.

** Diario de una causa / pelicula documental de Leandro Aparicio (abogado casos Solano, Moscoso, Avalos, Castro)

Fuente: Agencia de Noticias Tierra Viva