Las Fuerzas Armadas (FFAA) chilenas han tenido un lugar privilegiado por las imposiciones legales que dejó la institucionalidad heredada de la dictadura cívico-militar expresadas en la Constitución de 1980. Por un lado, han gozado de una autonomía absolutamente discordante con un régimen democrático. Han mantenido su adscripción a la Doctrina de Seguridad Nacional inculcada por los diferentes institutos militares estadounidenses donde la mayoría de la oficialidad militar chilena y latinoamericana se ha formado; especialmente, en la Escuela de las Américas, hoy llamada Instituto para la Cooperación y la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, por sus siglas en inglés).

Esta autonomía permite -aunque se diga que no son deliberantes- tomar decisiones políticas en cuanto a doctrina militar, alianzas con otros países, (especialmente con los EEUU y Colombia), las que se expresan en ejercicios militares conjuntos, asistencia, compra de armamento, y entrenamiento en el exterior. También han dispuesto de un alto presupuesto y de una amplia “discrecionalidad” y autonomía económica lo que ha permitido la corrupción y un uso abusivo del erario nacional.

Las FFAA chilenas han gastado más de 56 mil millones de dólares, entre el año 2009 y 2019, siendo el cuarto país con mayor gasto militar después de Brasil, Colombia y Argentina. Y el segundo en gasto per cápita.
A este gasto del erario público es necesario decir que las FFAA disponen de una gran cantidad de bienes y propiedades fiscales que fueron traspasadas durante el período dictatorial convirtiendo al estamento militar en un gran poder económico sin un control real, ni rendición de cuentas efectivas, por parte de alguna institucionalidad fiscalizadora.

Es importante decir también que no hay una total transparencia en diferentes materias ya que bajo el concepto y pretexto legal de la “Seguridad Nacional” se oculta información que pudiera ser relevante y  necesaria para una real rendición de cuentas y control del poder civil.

En cuanto a la formación y entrenamiento, en Chile y en el exterior, en WHINSEC, la situación es discordante con un régimen democrático y respetuoso de los Derechos Humanos y de la paz. Se sigue adoctrinando y actuando bajo las concepciones del “enemigo interno” (sólo recordar, como ejemplo, el espionaje de militares chilenos a periodistas) principio eje de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
La Doctrina de Seguridad Nacional tiene como objetivo nuclear la defensa de los intereses económicos de las transnacionales y de los grupos económicos nacionales.

A todo lo anterior, se suman situaciones de corrupción, abusos y maltratos, dentro de las FFAA, inaceptables, que son amparados por la existencia del estamento de la justicia militar que funciona claramente como un dispositivo de impunidad.

Si a esto unimos, la ausencia de un reconocimiento claro de los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos en la época dictatorial, y la defensa corporativa de los militares que han cometido crímenes de lesa humanidad, y los gravísimos casos de corrupción cometidos por personal militar, de todos los rangos, y los casos recientes de violaciones a los derechos humanos, donde están involucrados uniformados chilenos, nos encontramos con unas FFAA que no están preparadas y en sintonía con un régimen democratico respetuoso de los derechos humanos.  

Las FFAA, con esta ideología, son contrarias a la democracia puesto que la Doctrina de Seguridad Nacional, por la que se rigen, considera que la democracia atenta contra la “unidad nacional” al someter valores inmutables a mayorías ocasionales.

Con el actual diagnóstico, son más bien un obstáculo para una real y efectiva democratización de la sociedad y del desarrollo integral de los pueblos que habitan el territorio del país. Son necesarias reformas profundas y la reeducación de todos sus integrantes así como constituir mecanismos reales y efectivos de supervisión civil de sus estamentos.

Esta realidad coloca a la Convención Constitucional en la necesidad de debatir en profundidad el rol que deben tener las FFAA en la sociedad chilena. Concepciones como nación, soberanía, defensa, seguridad, deben ser revisadas a la luz de las concepciones de una sociedad plurinacional, diversa, de múltiples memorias, etnicidades y procedencias que habitan hoy nuestro territorio enmarcado dentro de las  fronteras. Fronteras que han surgido en la lucha por la independencia contra el colonialismo. Sin embargo, la Constitución actual permite que intereses económicos privados, de poderes lejanos, se beneficien y se adueñen de nuestras riquezas.

Dentro de este debate es muy probable que se expresen concepciones y narrativas que apuntan a mirar a los países fronterizos como enemigos para justificar la  necesidad, por lo mismo, de las FFAA y de un elevado gasto militar y la posibilidad del uso de la fuerza para asegurar las fronteras terrestres y marítimas en los hipotéticos conflictos que puedan surgir en el futuro. En contraste, esas concepciones no protegen nuestra soberanía en la esfera económica y con la falacia del “libre mercado” han permitido no sólo el saqueo de nuestros recursos naturales sino también el daño que dejan los megaproyectos.
El multilateralismo y la integración latinoamericana plantean el deber de construir un horizonte de construcción de paz, de amistad y colaboración entre los pueblos, especialmente los fronterizos, y que lleva largo tiempo sin ser considerado como un futuro posible por los actores políticos que han gobernado nuestro país.

Darle una oportunidad a la paz puede ser un gran objetivo de esta Convención como escuchar, darle espacios y voz a nuestro pueblo.

Propuestas para la nueva Constitución

1 – Declarar constitucionalmente a Chile como un territorio de paz, libre de armas nucleares, de armas de destrucción masiva, de armas biológicas y químicas.

2 –  Expresar en el texto constitucional que Chile buscará solucionar los conflictos por la vía pacífica, y que se guiará bajo los principios de la integración y la hermandad entre los pueblos.

3 – Expresar en el texto constitucional que las FFAA deben y están obligadas a tener una doctrina militar basada en los principios y la doctrina de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Que reconozca la soberanía del pueblo como el poder constituyente primordial. Que garantice la subordinación real del estamento militar al poder civil democráticamente constituido. Que establezca la rendición de cuentas a las instancias legalmente establecidas con predominio de participación civil.

4 – Eliminación de la Justicia Militar constituyendo salas especializadas en la justicia ordinaria para juzgar los delitos que se pudieran derivar de órdenes y/o tareas militares.

5 – Establecer un mecanismo único de ingreso a la profesión militar, gratuito, eliminando las escuelas diferenciadas que actualmente profundizan el clasismo dentro de las instituciones armadas.

6 – La nueva Constitución debe reconocer constitucionalmente el derecho a la objeción de conciencia en dos ámbitos a lo menos: a no portar armas y no recibir entrenamiento que tenga como objetivo matar seres humanos, y el derecho a desobedecer órdenes que impliquen riesgos innecesarios para la vida o que tengan como consecuencia violaciones a los derechos humanos.
7 – Prohibición constitucional de la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional.

8 – Establecer en el texto constitucional que siendo las FFAA un organismo no deliberante, las decisiones sobre compra de armamento, formación y entrenamiento en instituciones en el extranjero, la alianza con otras fuerzas militares extranjeras, la realización de ejercicios militares conjunto con otros países, son decisiones políticas, que nos pueden afectan o favorecer,  por lo cual las FFAA, en estas materias, deben pedir autorización fundada al Congreso Nacional.

9 – Se debiera agregar a la nueva Constitución que queda prohibido realizar tareas de vigilancia a ciudadanos chilenos y ciudadanas chilenas.

10 –  Que la tarea y objetivo de las FFAA es la defensa de la soberanía del país y que son las fuerzas policiales las encargadas de la seguridad interior y su prioridad es proteger a las personas y derechos humanos de toda la población.

11 – Las policías serán desmilitarizadas, con diferentes ámbitos de acción, autónomas entre sí, con una nueva doctrina guiada por el respeto a los derechos humanos.

Fuente: Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas  SOAW – Chile