Según la información proporcionada por la familia, Ramírez es mecánico y realiza también trabajos de carpintería. La familia explicó que, el 29 de marzo, agentes policiales llegaron a su casa pidiéndole que los acompañara a la delegación. Según los agentes, recibieron una llamada anónima en su contra y le indicaron que su acompañamiento sería posiblemente un “error” y que regresaría pronto.

La familia asegura que Ramírez salió de la casa confiando en los agentes, pero no regresó. José Ramírez presentaba una lesión en el pie debido a un golpe recibido mientras trabajaba en el taller mecánico. La familia teme que su estado de salud se haya agravado, ya que no tienen información sobre su paradero ni el centro penal en el que se encuentra. La familia afirma que “él es inocente y no pertenece a grupos criminales”.

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, manifestó que el caso de José Ramírez encaja en la figura de desaparición forzada “de corta duración”, ya que no hay certeza sobre su lugar de reclusión. El imputado está siendo procesado por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado.

Otto Flores, abogado penalista, explicó que la policía, al violar las leyes, “engaña” a las personas para sacarlas de sus casas y acusarlas de diversos delitos.

La abogada Jayme Muñoz, del SJH, dijo que desconocen con certeza el paradero de la víctima y lamentó el actuar de los agentes de la PNC, quienes, según ella, están cometiendo delitos por los cuales podrían ser juzgados en el futuro.

El Socorro Jurídico Humanitario asegura que el caso de Ramírez debe ser clasificado como desaparición forzada y pide al Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado que verifique su estado de salud y lo libere. La institución también reporta más de 300 fallecidos bajo el régimen de excepción.