Ariela González y Rodolfo Calles, miembros de la Alianza, explicaron que las Juntas de Agua enfrentan dificultades para inscribirse bajo la ley, mientras que unas 18,000 empresas privadas han logrado hacerlo, subrayando una clara desigualdad.

Luís González, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, criticó que, dos años después de la promulgación de la ley, muchas comunidades siguen sin acceso a agua potable, contrastando con sectores privilegiados que no carecen del recurso. González enfatizó que el objetivo de la ley era beneficiar a la población, no a grandes empresas.

Amalia López, también de la alianza, destacó que la lucha por una Ley de Recursos Hídricos busca asegurar la gestión adecuada de este bien estratégico en todas las actividades humanas. López señaló la falta de confianza de muchas comunidades hacia la ASA y urgió a invertir en la promoción y divulgación de la ley, así como en brindar asistencia técnica a las Juntas de Aguas para facilitar su inscripción.

Las organizaciones critican que la ASA no esté haciendo lo suficiente para nivelar las condiciones entre las Juntas de Agua y las empresas, incumpliendo así el espíritu de la ley que garantizaría el derecho humano al agua.

La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua sostiene que es crucial reformar la ley para abordar los puntos que fueron ignorados durante su aprobación y que están socavando su implementación. Además, enfatizan la necesidad de una participación ciudadana efectiva en este proceso.