Por Paloma García

"Abrir un camino para todas las víctimas de falsos positivos" y "desmantelar la impunidad" forman parte de los objetivos de los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, que esta semana presentaron una querella contra el expresidente Álvaro Uribe ante la Justicia argentina.

"Lo que me da fuerzas para estar aquí es saber que abrimos un camino para todas las víctimas de falsos positivos, y para que otros hijos puedan disfrutar de los abrazos de sus padres, ya que el Ejército me arrebató el mío", dijo Laura Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña, un taxista y pintor automotriz que fue asesinado por las fuerzas de seguridad y forma parte de las más de 6.000 víctimas de "falsos positivos" en Colombia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un tribunal especial surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cifró en febrero de 2021 en 6.402 las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden, quienes hacían pasar a las víctimas, sobre todo campesinos e indígenas, por guerrilleros para obtener pagos especiales y reconocimiento militar afirmando que se trataba de milicianos caídos en combate.

"Estamos aquí para visibilizar y así desmantelar la impunidad y el negacionismo que hay en nuestro país", afirmó Piña en diálogo con Télam en Buenos Aires.

"A mi papá le ofrecieron una oportunidad de trabajo y él aceptó confiando obviamente en el Ejército Nacional. Vivíamos en el caribe colombiano, en Barranquilla, al lado del sol y del mar. Lo asesinaron por la espalda, junto a otra persona, y la hicieron pasar como muertos en combate", contó la joven atlanticense.

"A mi papá le ofrecieron una oportunidad de trabajo y él aceptó confiando obviamente en el Ejército Nacional. Vivíamos en el caribe colombiano, en Barranquilla, al lado del sol y del mar. Lo asesinaron por la espalda, junto a otra persona, y la hicieron pasar como muertos en combate"Laura Piña

Varios militares en retiro han contado cómo convencían a los jóvenes con ofertas de trabajo para luego asesinarlos a cientos de kilómetros de sus hogares.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, definió recientemente la práctica como un "genocidio" y la calificó como el "peor crimen contemporáneo", después de pedir perdón en nombre del Estado, junto a otros funcionarios, por estas ejecuciones extrajudiciales.

"Las mujeres de mi familia empezaron la búsqueda. Logramos encontrar el cuerpo de mi papá, pero todavía hay muchísima gente que sigue desaparecida en Colombia, y esa fue una política que se extendió en todo el país", contó Piña que, con una bandera colombiana anudada al cuello, participó el jueves pasado de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la Pirámide de Mayo.

Para la joven, "caminar junto a estas mujeres luchadoras" era un sueño. "Hoy me llena de esperanza y fortaleza estar acá para vencer lo que veía como algo inalcanzable", relató.

Algunas víctimas cambiaron su identidad en la presentación de la querella por razones de seguridad, como es el caso de María Camila Mendoza, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, una de las zonas más complicadas por la inseguridad del conflicto armado y las actividades ilegales.

"Quisiera ya no buscar, ya no esperar a mi hermano en la puerta de mi casa", relató a Télam la mujer, hermana de Pablo Mendoza.

"Mi hermano era un jovencito de 17 años, al que le apagaron su voz y le cegaron sus sueños", lamentó.

"No sé qué pretendía el señor (Uribe), sería acabar con la pobreza de Colombia, porque para él los pobres no tenemos derechos, no tenemos voz, no tenemos sueños, ni siendo pueblos indígenas ancestrales", aseguró.

Por su parte, Sebastián Escobar, coordinador del equipo penal de la organización de derechos humanos colombiana Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), que acompañó a Piña y a los demás familiares en la denuncia contra Uribe (2002-2010), explicó por qué eligieron Argentina.

"Argentina tiene una particularidad y es que su Constitución reconoce el principio de derecho jurisdicción universal, que permite que las víctimas de crímenes internacionales puedan acceder a la justicia para pedir que se investigue y se juzgue a los perpetradores de estos casos", señaló a Télam el abogado.

"Si bien existe jurisdicción universal en algunos países de Europa como Alemania y Bélgica, entre otros, estos piden requisitos tales como que los perpetradores residan ahí, o al menos que las víctimas residan ahí y en el caso argentino no se contempla ninguno de estos requisitos y, por lo tanto, hacía viable la presentación de esta querella", confió Escobar,

Además, remarcó que "es relevante que en los últimos años Argentina ha tenido una experiencia importante en causas, con la querella que

presentaron familiares de víctimas del franquismo en España

y familiares del pueblo rohingya en Myanmar (ex Birmania) y también recientemente familiares de víctimas de Venezuela".

Otro de los abogados que acompañan a los familiares es el suizo Bénédict De Moerloose, experto en litigios bajo el principio de la jurisdicción universal.

"Fruto de los Acuerdos de Paz nació una jurisdicción especial transicional y ella se encarga de investigar y sancionar. En estos casos de falsos positivos hay muchas declaraciones voluntarias, que nos permiten entender el fenómeno. Pero la Jurisdicción Especial para la Paz no es competente para los altos mandos civiles, entonces el presidente no puede ser juzgado ni perseguido por esta instancia", explicó De Moerloose.

"No es posible que después de tantos años no sabemos cuál es la responsabilidad del más alto mandatario", subrayó De Moerloose.

Uribe, en tanto, aseguró que no tenía conocimiento de esta práctica, aunque madres de las víctimas y diferentes ONG lo han señalado, y cuestionó al colectivo de abogados que presentó la denuncia.

"El Colectivo de Abogados, el mismo de las falsas víctimas de Mapiripán, el mismo de infamias contra mí durante 30 años, el mismo que se arropa en los Derechos Humanos para proteger la violencia de terroristas supuestamente de izquierda. Ese mismo ahora me denuncia en Argentina", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Y agregó: "Expreso a la justicia de Argentina que estoy listo a enfrentar esta nueva temeridad de abogados al servicio de causas políticas".

Para los querellantes, la respuesta de Uribe a las acusaciones en su contra no son novedosas.

"Siempre el expresidente ha descalificado las organizaciones y sus denuncias, si hubiera escuchado oportunamente, seguramente no hubiera adquirido esta dimensión. Pero no lo hizo. Y hoy replica ese mismo patrón de conducta", dijo Escobar.

Las querellantes son once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales de Colombia que han acompañado estos casos durante años. Están representadas por Máximo Castex, abogado argentino, y asesoradas por De Moerloose, ambos expertos en este tipo de procesos.

Cuentan, además, con el respaldo de organizaciones no gubernamentales de carácter internacional como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos argentinas, y sobrevivientes de la dictadura, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense y la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros.