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DERECHOS HUMANOS

21 de mayo de 2023

Sentencia de la Corte Suprema genera preocupación en Perú por criminalizar la protesta

PERÙ:
Una sentencia emitida esta semana por la Corte Suprema de Perú que califica como delito la protesta social fue duramente cuestionada por expertos en el tema, que advirtieron que establece precedentes contra ese derecho ciudadano

"Hay que expresar una seria preocupación por esta decisión que está en el ámbito de una resolución casatoria, es decir, va a sentar línea jurisprudencial en otros casos", afirmó el ex procurador general Antonio Maldonado, uno de varios expertos que cuestionaron la sentencia de la Sala Penal de la Corte.

"Es preocupante, porque se estaría haciendo una interpretación muy literal y sesgada del ordenamiento jurídico constitucional", agregó Maldonado en el Canal N de televisión.

La sentencia, referida a un caso en que cuatro personas son procesadas por daños causados en una movilización en 2019, indica en la práctica que la protesta no es un derecho de por sí, lo que generó revuelo en momentos en que el país sigue conmovido por la ola de violencia ocurrida entre diciembre y marzo pasados, tras la destitución de Pedro Castillo.


 

Instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la ONG Human Rights Watch, entre otras, han documentado excesos que hasta ahora no son procesados por la Justicia peruana


Aunque la Corte aclaró luego que la Sala Penal -presidida por el juez César San Martín, el mismo que condenó a 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad-, se refiere a excesos de violencia durante las protestas, el daño ya estaba hecho, según los analistas, por los antecedentes jurídicos que genera.

Para Maldonado y otros prestigiosos abogados, la sentencia es un paso más hacia la denunciada criminalización de la protesta en Perú, que en los últimos lustros fue escenario de masivas movilizaciones, incluidas las que derribaron a los gobiernos de Fujimori en 2000 y Manuel Merino en 2020.

"Que de pronto el derecho que nos permite abrir el espacio de la discusión pública libre, plural, democrática sea postergado o termine en algún artículo del código penal tiene que llamarnos profundamente a la preocupación", afirmó el constitucionalista Pedro Grández.

Según Grández, quien en el programa de televisión online No Hay Derecho recordó que la democracia peruana, "con todas sus limitaciones", es producto de protestas que derribaron a Fujimori tras diez años de autoritarismo, la sentencia tiene "profundos errores conceptuales con relación a lo que es el contenido de los derechos básicos".

El constitucionalista destacó además que la sentencia se adopte en un contexto en que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte es señalado en diversos foros internacionales como responsable de excesos en la represión que dejó 49 civiles muertos en acciones militares y/o policiales directas y alrededor de 70 si se tienen en cuenta los hechos colaterales.

Coincidentemente, la posición de la Corte Suprema se reveló en momentos en que el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Asociación, Clement Nyaletsossi, ratificaba, durante una visita de trabajo a Lima, que hubo "excesos" del Estado en la represión de las movilizaciones que exigían la renuncia de Boluarte.

"Quiero decirles que sí hubo uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte. No solamente civiles murieron en la protesta, sino también algunos miembros de las fuerzas del orden", afirmó Nyaletsossi en una conferencia de prensa.


 

La controvertida sentencia de la Corte Suprema se conoció además en un contexto en que el Gobierno, el Congreso y otros aliados son permanentemente acusados de copar las instituciones y generar un clima hostil contra la oposición

 
"Invito a la población peruana a pensar cuál es la mejor forma para resolver esa crisis política, social y económica, al pensar en mejores reformas políticas que podrían incluir a los grupos vulnerables, a las poblaciones indígenas, las minorías para que se sientan más protegidas", agregó el jurista togolés.

Instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la ONG Human Rights Watch, entre otras, han documentado excesos que hasta ahora no son procesados por la Justicia peruana, al margen de abrirse investigaciones que incluyen a Boluarte y a su primer ministro, Alberto Otárola, hasta ahora sin avances.

Boluarte, cuya respuesta ha fluctuado entre negar en público que hubo excesos o admitir en privado que los hubo al margen de las órdenes del gobierno, como hizo en una carta para la CIDH, añadió esta semana un nuevo argumento al culpar al destituido expresidente Castillo, encarcelado desde el 7 de diciembre. "Castillo es el asesino, el autor de las más de 60 víctimas en la crisis política", dijo en un discurso la mandataria sobre su ex jefe, de quien aseguró, sin pruebas, que desde la cárcel dirige a terroristas y delincuentes comunes para entorpecer las acciones gubernamentales.

La controvertida sentencia de la Corte Suprema se conoció además en un contexto en que el Gobierno, el Congreso y otros aliados son permanentemente acusados de copar las instituciones y generar un clima hostil contra la oposición.

En ese marco, por ejemplo, se sitúa la polémica designación por parte del Congreso este martes como nuevo Defensor del Pueblo del excongresista Josué Gutiérrez, elegido por una antes inimaginable alianza parlamentaria de fuerzas radicales de derecha e izquierda. Con la Defensora saliente Eliana Revollar, que ocupaba el cargo en forma interina por la tardanza del Legislativo para designar titular, la institución era considerada una de las pocas que se mantenía fuera de la órbita de las fuerzas cogobernantes. Su participación fue incluso destacada para denunciar los excesos en la represión de las protestas.

El gobierno, el Congreso y otros eventuales aliados, que según denuncias de la oposición ya se tomaron el Tribunal Constitucional y otras instituciones estratégicas, como la Fiscalía, avanzan ahora, según la oposición, en un plan para controlar a los entes electorales, por lo que está en marcha una campaña contra sus actuales funcionarios.

Todo eso en un contexto en el que, según encuestas, la desaprobación popular al Congreso bordea el 90% y la de Boluarte se acerca a 80%, y se mantiene el anhelo ciudadano de que se hagan elecciones generales para cambiar al Ejecutivo y el Legislativo antes de que terminen su período en 2026.



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