“Como cada 20 de mayo desde que asumimos en la Intendencia de Montevideo realizamos un homenaje en el memorial del Cerro junto a Crisol (Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay) y Famidesa (Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos) a nuestros detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado”, escribió Cosse en su cuenta de Twitter.

La funcionaria de Montevideo participó en un breve acto junto a representantes de los organismos de derechos humanos en el que se arrojaron margaritas (el símbolo que identifica a los desaparecidos en Uruguay), se hizo un minuto de silencio y se cantó el himno.

La Marcha del Silencio, que hoy tiene su 28 edición, se hace cada 20 de mayo en recuerdo del asesinato en esa fecha de 1976 de los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser ultimados.

Al convocar la víspera la movilización, que se realizará por la céntrica avenida 18 de julio en Montevideo, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclamó una vez más “por la verdad que las Fuerzas Armadas mantienen secuestrada”.

"La búsqueda de nuestros familiares no puede continuar siendo una búsqueda a ciegas: es necesario que quien tiene información, la otorgue, es urgente quebrar el silencio y romper con la cultura de la impunidad", señaló la agrupación a través de un comunicado, leído en conferencia de prensa por Alba González Souza, madre de Rafael Lezama González, secuestrado en Buenos Aires en octubre de 1976. "Los avances son lentos e insuficientes, el tiempo corre y seguimos sin saber qué hicieron con nuestros familiares; seguimos con una justicia incompleta, que desoye el reclamo por verdad", añadió el texto.

“Seguimos en la lucha porque no conseguimos nada, pero es evidente que el Estado debe decir qué pasó con nuestros familiares. Siempre estamos pidiendo información y no nos contestan, es como si fuera natural los desaparecidos y no es natural, es algo terrorífico lo que ha sucedido”, señaló González Souza a Télam tras la conferencia de prensa.

Tras el fin de la dictadura en 1986, en Uruguay se aprobó la denominada Ley de Caducidad, refrendada por la ciudadanía en las urnas en el Referéndum de 1989 y en el Plebiscito de 2009, lo que permitió que durante años hubiera una amnistía a los militares y policías, que habían violado los derechos humanos en la dictadura (1973-1985) y delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados.

Con el arribo del Frente Amplio al poder en 2005, se buscaron excepciones a la ley para iniciar varios juicios a militares y políticos por su rol en esa época.

A partir de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la aprobación de la Ley 18.831 (Restablecimiento de la Pretensión para los Delitos cometidos en la aplicación del Terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985), ambas de 2011, se permitió ampliar los procesos, que en algunos casos terminaron con condenas de cárcel de hasta 30 años.