El abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayerdis dijo que sintió que lo "golpearon con un bate en el cuello" al enterarse de que el Gobierno de Nicaragua lo había despojado de su nacionalidad, sus derechos políticos y sus bienes, luego de acusarlo de "traición a la patria" junto a más de 300 opositores, periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, a la par que ponderó los pronunciamientos en contra de esas medidas de algunos gobiernos progresistas de América Latina, entre ellos el argentino.

La medida tomada por el Gobierno de Daniel Ortega alcanzó también al exvicepresidente Sergio Ramírez y a la escritora Gioconda Belli, entre otros, e "indica la erosión absoluta del Estado de Derecho y la concentración evidente de atribuciones en el Poder Ejecutivo", opinó ante Télam Ramírez Ayerdis, quien con intermitencias reside en Buenos Aires desde 2014 y brinda apoyo jurídico gratuito a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua y a sus familiares.

El 9 de febrero, 222 presos políticos fueron liberados y expulsados a Estados Unidos, además de despojarlos de su nacionalidad, y posteriormente se tomó una medida similar contra 94 opositores exiliados, entre quienes está Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos (Calidh).


- ¿Cómo se enteró de que lo habían despojado de sus derechos políticos y su nacionalidad?
- Estaba redactando una nota para proponer a (el obispo de Matagalpa) monseñor Rolando Álvarez, que está preso, como Premio Nobel de la Paz. Y en eso me escribió un amigo diciéndome que estaba en una lista de acusados. Y le digo ¿de qué me hablas? y me dice sí, te quitaron la nacionalidad, te suspendieron los derechos políticos y además te quitaron los bienes. Fue como si me dieran muchas veces con un bate en el cuello.


- Una semana antes, el Gobierno había deportado a 222 presos políticos a Washington y también los habían despojado de sus derechos políticos. ¿No era esperable que la medida fuera ampliada a más personas?
- Creíamos que únicamente iba a alcanzar a las personas que habían desterrado, pero jamás pensé que iba a alcanzarme a mí.


- ¿Qué significa esta medida en el actual contexto de Nicaragua?
- Indica la erosión absoluta del Estado de Derecho, la concentración evidente de atribuciones en el Poder Ejecutivo, evidencia que el Gobierno ya no impone las penas ni siquiera conforme a las leyes que se dictaron especialmente para reprimir a las voces disidentes y opositoras, sino que ahora las penas se inventan. Este delito que se aplicó a las 222 personas desterradas en Washington no existía, lo crearon a través de una ley y de una reforma constitucional que ni siquiera entró en vigencia todavía.


- Colombia dijo que la expatriación de opositores recuerda la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. ¿Ves paralelismos en cuanto al trato de opositores?
- Sí, no solamente hay paralelismos, sino que hay cosas en que Daniel (Ortega) superó a Somoza. Una de ellas, y aclaro que soy un firme antisomocista, es que Somoza jamás se atrevió a desnacionalizar a ningún opositor. Y tampoco encarceló a un obispo. Nunca se había atrevido a hacer todas las cosas que Ortega hizo hasta ahora. El somocismo era brutal, pero había cierto margen de respeto. O sea, hay una especie de pacto en Nicaragua, o había, que sostiene que no se toca ni a la oposición, ni a las élites. Y no es que Somoza era un hombre sabio, sino que era brutal, pero Ortega lo superó con creces en su brutalidad.


- ¿Cuál cree que fue el quiebre en el Gobierno de Ortega?
- Él toma el poder y empieza a cometer excesos, porque el Frente Sandinista, a pesar de que se incorpora a las reglas de una democracia liberal, nunca abandona la violencia política. Así, llegó al poder en 2006 después de establecer un acuerdo con Arnaldo Alemán, un presidente corruptísimo, en el que se bajó el porcentaje para acceder al poder del 45% a 35% de los votos, siempre que el siguiente candidato tuviera una distancia del 5%. Obtuvo la presidencia con un magro 38% en 2006 y después no soltó la silla presidencial y todas (las siguientes elecciones) fueron fraudulentas porque él ocupó y concentró progresivamente todas las atribuciones de los otros poderes del Estado.

- Pero durante muchos años el Gobierno tuvo apoyo popular. ¿Cuál fue el quiebre?
- Sí, hubo un apoyo. Pero hay que tener en cuenta que Ortega viene de un contexto donde las masas, el pueblo como tal, nada más veía la democracia. Otro factor es que los gobiernos neoliberales extenuaron a la población con ajustes estructurales. Y así, yo creo que entre 2007 y 2011, a pesar de que vemos que hubo un Ortega que venía manifestando su autoritarismo, logró un apoyo gracias a los programas sociales del Gobierno. Luego hay otro factor, que es que el tradicionalismo político queda enterrado por sus actuaciones corruptas y él queda prácticamente sin ninguna oposición real. Pero el quiebre fundamental es con las protestas de 2018, cuando los fusiles del Gobierno se dirigen contra la población que decía representar. La gente siente una doble traición: por parte de ese Gobierno que debe tutelar sus derechos, pero que arremete contra los pobres, y después porque los fusiles también se dirigen hacia personas que pertenecen al Frente Sandinista, su propio partido.


- ¿Cómo valora la reacción de los países de Latinoamérica ante las últimas deportaciones de opositores?
- Positiva. Sobre todo porque los que se han pronunciado son los gobiernos de izquierda. Hasta el momento los gobiernos de derecha no han dicho nada. Es sorprendente, porque son los mismos que ante cualquier evento autoritario, por estar supuestamente del lado de la democracia, se pronuncian. Pero son los gobiernos de izquierda o progresistas los que se han pronunciado. El de Chile, el de México, el de Colombia y también el Gobierno argentino ofreciendo ciudadanías.


- ¿Usted obtuvo la nacionalidad argentina?
- No, yo no tengo la nacionalidad argentina. Sin embargo, esta semana me llamó la jefa de Gabinete del ministro (de Relaciones Exteriores, Santiago) Cafiero y me dijo que me iba a otorgar la nacionalidad. Fue todo muy rápido, lo que demuestra la intención verdadera del Gobierno (argentino) de querer subsanar esta atrocidad del gobierno nicaragüense.

- ¿Cuáles son las causas que tramita desde Calidh en Argentina y en que estado se encuentran?
- Tenemos actualmente una cantidad considerable de personas representadas y unas peticiones que ya están a punto de resolverse en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Ahorita viene una petición, sobre los 222 desterrados políticos. Y ya nos buscaron un grupo de líderes estudiantiles visibles de la resistencia pacífica y civil nicaragüense para que los representemos ante la CIDH. El pasado 20 de febrero enviamos una denuncia a favor de Monseñor Álvarez, el obispo que está detenido en el Centro Penitenciario Nacional. También enviamos informes a los órganos de Naciones Unidas y hacemos un trabajo de incidencia emitiendo comunicados respecto de la situación