Por Mariángeles Guerrero

En 2010, isleños y organizaciones socioambientales lograron frenar el proyecto inmobiliario Colony Park en el Delta de Tigre, que pretendía levantar viviendas de lujo en un barrio privado sobre las islas. El emprendimiento quedó suspendido por la Justicia Federal por los daños ambientales que la construcción estaba ocasionando: desmontes, desvíos de cursos de agua y pérdida de fauna. Ese es el territorio donde hoy resurge la disputa por el uso de la tierra, el agua y la protección de los humedales frente a nuevos desarrollos inmobiliarios en connivencia con los gobierno municipal. El intendente de Tigre, Julio Zamora, desarticuló los mecanismos de participación ciudadana, nombró a un empresario inmobiliario en un puesto clave y esquiva la propio legislación local con "excepciones".

En agosto pasado se desarticuló el Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI) de Tigre. Dicho espacio estaba conformado por organizaciones isleñas y trabajaba de forma colaborativa con la Dirección General del Plan de Manejo municipal en lo relativo a la vida en las islas. Las y los integrantes del CAPI que dejaron ese espacio lo hicieron argumentando que “en los problemas de transporte, electricidad, contaminación, desarrollo productivo sustentable, mantenimiento de vías navegables (dragado y destronque) es poco lo que el municipio ha podido aportar” y que “la ausencia de políticas públicas para el ordenamiento territorial implica un avance constante de la especulación inmobiliaria”. 

Las organizaciones socioambientales que decidieron abandonar el CAPI detallaron la inacción municipal en un documento y denunciaron que, en junio de este año, el intendente de Tigre, Julio Zamora (Frente Renovador) pidió el levantamiento de una medida cautelar dictada por la jueza Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en 2016, que puso un freno a los grandes desarrollos inmobiliarios en las zonas de planicie del Río Luján y en el Delta hasta que se realice un informe de impacto acumulativo de estos emprendimientos en la zona. Dicho informe nunca se realizó. Arroyo Salgado también fue quien, en 2010, dictó la cautelar que mantuvo el primer gran símbolo de la lucha de los isleños: el emprendimiento Colony Park.

La Asamblea Delta y Río de la Plata, la Asociación Civil Itekoa, el Centro Comunitario Casa Puente, las cooperativas Isla Esperanza e Igarape, el Observatorio de Humedales, Residuoteca, Unidad Isleña y Control Ciudadano Delta, son las organizaciones que dieron un paso al costado del consejo asesor.

Cecilia Hemming es la ex directora general del Plan de Manejo municipal —nombrada por el Municipio de Tigre a propuesta de las organizaciones ambientales— y trabajaba de manera conjunta con el CAPI. De su experiencia analiza que la política de participación de los consejos asesores en Tigre "de ningún modo es plural y participativa". "Solo quieren la foto de la reunión, bajan línea sobre lo que supuestamente van a hacer y no hay diálogo", sentencia sobre las autoridades municipales. El intendente Zamora no los recibía hace tres años; el interlocutor era su hermano Mario Zamora, que dejó de recibirlos a comienzos de 2022. 

Hemming agrega que “no había voluntad de darle capacidad de acción real al plan de manejo” sino que el CAPI terminó siendo "un agente recaudatorio de multas sin un trabajo de acción real en el territorio”. Por ejemplo, menciona el accionar destructivo de las retroexcavadoras que, sin necesidad de que se aprueben grandes desarrollos, dañan el ecosistema al remover el suelo para construir cabañas de fin de semana.

Desde el CAPI se presentaron proyectos de plantación de árboles nativas, de ordenamiento territorial para proteger las islas o de construcción de viviendas sociales, pero ninguno prosperó. “Todos esos proyectos requerían mayor presencia del municipio con políticas públicas en salud, educación, energía y transporte para los isleños. Abordan aspectos que hoy son tan precarios que hacen que la población local se vea amenazada en sus posibilidades de subsistencia y que se deje espacio para la privatización de la naturaleza por parte de una elite que puede autoabastecerse de esos servicios”, grafica Hemming. 

Un "boicot" para rehabilitar el desarrollo inmobiliario en el Delta de Tigre

El gobierno del intendente Zamora minimizó lo denunciado por las organizaciones socioambientales y la respuesta oficial fue que los integrantes que se retiraron del CAPI “no cumplieron las expectativas”. Además, nombraron como nuevo director del Plan de Manejo a Santiago Serantes, un empresario inmobiliario que en 2015 embistió la canoa en la que viajaba el isleño Víctor Zavala y lo mató. Serantes fue condenado en 2019 con ocho meses de prisión condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir embarcaciones. No se trata de un hecho aislado: cada vez hay más accidentes náuticos por la proliferación de embarcaciones de lujo que atropellan las canoas de los pobladores.

Diego Domínguez, integrante de la Cooperativa de trabajadores junqueros Isla Esperanza que enfrentó a Colony Park, califica lo ocurrido con el consejo asesor como un “boicot”. Para él esto muestra que “hay una intención gubernamental de rehabilitar el desarrollo inmobiliario en el Río Luján y en todo el Delta”. 

En caso de quedar sin efecto la medida cautelar de Arroyo Salgado, una serie de proyectos inmobiliarios frenados podrán reactivarse en la planicie de inundación del Río Luján : Nuevo Rincón 2030. Villa Irsa, Barrio San Pedro. Otro emprendimiento que está a la espera de que caiga la cautelar se ubica en el barrio Parque Alegre y es impulsado por Hugo Schwartz, una de los empresarios procesados en el marco del juicio por el barrio Colony Park. 

Mientras tanto, pese a que hay una ordenanza de 2019 que prohíbe las construcciones de gran escala en las islas, Hemming explica que el Ejecutivo municipal delega la aprobación de estos proyectos al Concejo Deliberante, que los acepta como “excepciones”. Actualmente están en trámite dos: Delta del Plata y Emprendimiento Rowinco. 

"Debajo del negocio inmobiliario hay un impacto social enorme"

El Delta del Paraná es un territorio codiciado para el agronegocio y el extractivismo: la ganadería —los reiterados incendios con los que se busca ampliar la frontera agropecuaria—, la extracción de arena para el fracking en Vaca Muerta o los propios desarrollos inmobiliarios. Todo ocurre mientras el Congreso nacional deja pasar los períodos legislativos sin que se trate la Ley de Humedales. Lo que pasa en Tigre es una muestra de la realidad nacional.

“Hay una acción muy superficial, asistencialista o de la foto de la inauguración de la senda aeróbica o de una calle mientras están privatizando toda la costa. En Tigre quien vive en el continente prácticamente no tiene acceso al río”, denuncia Hemming sobre la política local. Por ese motivo, quienes salieron del CAPI se están rearticulando para seguir su acción de vigilancia y monitoreo por fuera del aparato institucional. 

Sobre cómo los barrios cerrados impactan ambientalmente sobre los humedales, Hemming menciona como ejemplo que, en muchas ocasiones, no tienen finalizadas sus obras de cloacas o plantas de tratamiento de residuos cloacales suficientes. “La gente que vive en los barrios cerrados, que cada vez es más, excede la capacidad de sus plantas de tratamiento y estos aportes van al río, más allá de que el río también tiene aportes fuertes de contaminación de las industrias de pinturas, de los frigoríficos y textiles de la cuenca del Reconquista. El crecimiento de la población sin infraestructura genera contaminación”, resume Hemming.

Actualmente el acceso al río en Tigre es complejo. La gente que no tiene movilidad propia o que no puede pagar el boleto de la lancha municipal, no tiene un espacio gratuito y cuidado donde bajar. No hay recreos públicos y el acceso a los paradores privados es costoso. “El resto está privatizado o abandonado adrede porque con el levantamiento de la cautelar los emprendimientos inmobiliarios se vienen a instalar ahí”, dice la ex integrante del CAPI.

En el mismo sentido, Domínguez apunta: “Por debajo del negocio inmobiliario ligado al turismo y loteos para sectores de altos ingresos, hay desalojos de la población ancestral. El cambio de uso del suelo implica destrucción de las islas, del humedal. Pero además del impacto ambiental, hay un impacto social enorme porque en esas islas hay familias”. “El avance de la propiedad privada y del capital es un proceso intensamente violento que el Estado en sus distintos niveles termina avalando”, sentencia el integrante de Cooperativa Isla Esperanza.

Extractivismo urbano o humedales para vivir, cultivar y trabajar

Esa realidad de despojo está latente en estos días para diez familias de la comunidad del Arroyo Dorado y el río San Antonio, que están bajo amenaza de ser desalojadas por un grupo de empresarios. Los inversores sostienen que cuentan con las papeles que certifican que son dueños de la isla donde viven las familias. Jorge Monzón, uno de los vecinos afectados, señala que ya pudieron frenar dos desalojos, en septiembre y en octubre, y que el próximo plazo vence el 2 de noviembre. 

“Somos diez familias que hace 40 años que vivimos acá, ellos vinieron con unos papeles diciendo que son dueños. Estamos en una instancia difícil pero no imposible, vamos a pelear por lo nuestro”, afirma. Y apunta contra dos empresas: Paglietini, fabricante de lanchas, y la inmobiliaria Batellini. 

Monzón agrega: “Estos empresarios quieren que el gobierno de Tigre se haga cargo de nosotros. Le pregunté al municipio si tiene diez viviendas y no las tienen. Entonces que se hagan cargo los empresarios”. Las familias afectadas se dedican a la pesca, a la mimbrería, a las huertas, a la construcción de muelles y a la carpintería. “Con eso subsistimos. Ellos quieren la tierra para hacer departamentos y casas y eso afecta el humedal y también los derechos de los niños, que van a la escuela en la isla, y de los ancianos”, argumenta el entrevistado.

El referente de la Cooperativa Isla Esperanza vuelve sobre cómo se vive en el cuerpo y en el ambiente el extractivismo inmobiliario: “El problema ambiental no se puede escindir del problema de la tierra porque hay una relación directa entre destrucción del ambiente y ciertos modelos económicos. El Estado debería darle poder y reconocimiento a los sectores económicos que valoran el ambiente de otra manera”. Esos grupos son las poblaciones isleñas dedicadas a la pesca artesanal, a la mimbrería, a la producción hortícola (con experiencias de agroecología) y la apicultura. El miembro de la cooperativa de junqueros insiste en la necesidad de dar visibilidad a estas actividades para “no caer en la falsa dicotomía entre ambiente y economía”.

“Con la demora en el tratamiento de la Ley de Humedales queda claro que hay grupos económicos que están involucrados en la destrucción del humedal. El tema es hacer visible que hay otros grupos económicos vinculados a su cuidado”, afirma Domínguez. Además de cumplir un rol biológico relevante, estos ecosistemas son la cuna de poblaciones con una identidad cultural, social y económica específica, asociada al ambiente que los rodea. Ante el avance del lobby inmobiliario, el cooperativista resume: “La destrucción del humedal es la destrucción de esos modos de vida”.

FUENTE: Agencia de Noticias Tierra Viva

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