Según la RAE, el ecocidio es “la destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada". Con esta definición como punto de partida podemos comprender que si dañamos al ecosistema con una fuerza superior a su capacidad de regeneración, el proceso será irreversible. Tan terrible de imaginar que, a veces, elegimos no pensarlo.

    Tal vez por eso, en muchas ocasiones, tomamos conciencia de estas problemáticas cuando sus consecuencias son demasiado visibles: cuando un humedal queda completamente destruido por el fuego intencional en el Delta del Paraná y el humo afecta a ciudades como Rosario, cuando se incendian bosques y pastizales en Córdoba, cuando vemos a los animales huir o morir por las llamas, cuando nuestras montañas quedan arrasadas por la megaminería, cuando su aplicación destructiva consume nuestros glaciares o derrama cianuro en el río Jáchal; cuando el fracking destruye y contamina territorios por un pequeño puñado de hidrocarburos; cuando hay plomo en sangre o glifosato en los organismos de niños y adultos de tantos pueblos y ciudades, debido a la contaminación de las aguas, el aire y la tierra. Consecuencias que llegan a nosotros/as por el grito desesperado de quienes las padecen.

    Pero esa destrucción es, durante mucho tiempo, invisible. Llega a nuestro cuerpo a través de la comida que ingerimos, llega a las ciudades cuando otra plaza se transforma en cemento y el aire se hace más difícil de respirar, se diseña a través de negociados, especulaciones y corrupción; se entreteje muy lejos de los medios de comunicación o de las redes sociales. Incluso frente a nuestros ojos, aunque no lo veamos.

    Este último es el caso de Santa Catalina, un pulmón verde de 670 hectáreas que alberga un bosque implantado mixto, una laguna, un humedal, una reserva micológica y cientos de especies animales y vegetales; ubicado en la localidad de Llavallol, Partido de Lomas de Zamora, y administrado por la Universidad Nacional de La Plata.

    Silenciosa e ilegalmente, Santa Catalina fue vendida: a Covelia, a Fabricaciones Militares, a Metrogas. Con total impunidad y complicidad de los gobiernos de turno locales y provinciales, se loteó y remató espacio verde público y zona de usos específicos, con el único afán de hacer negocios para unos pocos. Por aquel entonces, también se oyó el grito desesperado de vecinas y vecinos que se autoconvocaron para dar pelea en el barrio: “Santa Catalina no podía ni debía venderse”. Y del fruto de esa lucha vecinal nació la Ley 14294/11, que declaró a Santa Catalina Reserva Natural Provincial y Paisaje Protegido.

    Nuestro sentido común indicaría que los problemas en el área llegaban a su fin. Implementándose un plan de manejo para preservar y disfrutar de la Reserva, llegarían guardaparques, serenos, servicios básicos, actividades organizadas para la recreación y la salud. La reglamentación de la Ley obligaría a resolver los asuntos de titularidad de la tierra y a realizar el saneamiento de los daños causados por quienes habían destruido ese riquísimo ecosistema.

     Pero no, no es el sentido común lo que prima en quienes nos gobiernan; de distintos espacios políticos, en forma de OPDS o de Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos aires, la Ley jamás fue reglamentada. Y durante 11 años, también silenciosa y sistemáticamente, la Universidad Nacional de La Plata abandonó a Santa Catalina a su suerte.

    Ninguneando y desgastando la lucha, aludiendo a la inseguridad en el Predio -de la que ellos mismos son responsables- esperaron el momento propicio para finalizar la tarea. El 1-06-2022, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP loteó y solicitó autorización para vender lo que le queda de la Reserva, las 300 hectáreas que contienen el bosque.

    Mientras, el municipio de Lomas de Zamora inunda las calles con carteles que llaman “espacio recuperado” a un parque municipal construido sobre tierras que eran de la Reserva Natural. Los medios nos muestran noticias sobre la inseguridad en el área, sin el nombre de los responsables en sus páginas. Mientras, nos hacen creer que es un terreno baldío el hogar de mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios, hongos y algas.

     Pero esta verdad ya no puede esconderse y es momento de convencernos de que la transformación está en nuestras manos. Si bien la pelea es desigual e injusta, no podemos esperar las consecuencias observables de esta irresponsabilidad: vecinas y vecinos inundados, sufriendo, porque permitimos que el dinero mate al humedal; el fin de la vida de cientos de especies en Santa Catalina a cambio de un negocio inmobiliario más; mayor contaminación y riesgos para nuestros cuerpos, hijas e hijos viviendo en urbes superpobladas sin pulmones verdes, solo para que unos pocos llenen sus bolsillos.

 Ya no. Que éste sea el ecocidio que no fue, el que pudimos evitar organizados y fortalecidos en la lucha.

¡Santa Catalina no se vende SE DEFIENDE! Reglamentación YA de la Ley 14.294.

Multisectorial Santa Catalina