Ministerio Público insiste en criminalizar a corresponsal de Radio Progreso

DERECHOS HUMANOS

18 de junio de 2022

Ministerio Público insiste en criminalizar a corresponsal de Radio Progreso

HONDURAS:
El Ministerio Público de Honduras continua el proceso de criminalización del trabajo periodístico Sonia Pérez, corresponsal de Radio Progreso

Este miércoles, en los juzgados de Marcala, La Paz, se desarrolló la audiencia de presentación de imputados, en el caso contra 30 pobladores y pobladoras de la comunidad Nueva Palestina en el municipio de San José, La Paz. El Ministerio Público les acusa de los delitos de Usurpación, Alteración de Términos Linderos y Daños a la Propiedad, a pesar de que la comunidad cuenta con título de propiedad comunitario extendido por el Instituto Nacional Agrario, INA desde el 1999, que prueba la legitimidad de la posesión indígenas de las tierras en conflicto.

En este mismo caso, el Ministerio Público incluyó a nuestra corresponsal Sonia Pérez López, quien no pertenece al Consejo Indígena Lenca Nueva Palestina. Su labor ha sido informar y sacar al aire las informaciones desde la zona.

Al finalizar la audiencia, Dunia Pérez, abogada del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, explicó que el juez impuso medidas sustitutivas de prisión, relacionadas con firmar quincenalmente en los juzgados de Marcala, no realizar reuniones, no acercarse a los terrenos en conflicto, ni a Don Juan Argueta (acusador), esto en el caso de los pobladores y pobladoras.

En el caso de Sonia Pérez, las mismas medidas a excepción de firmar cada 30 días en los Juzgados de Marcala.

La audiencia inicial quedó programada para el 29 de junio, a las 10:00 AM.

El proceso judicial en contra de nuestra corresponsal Sonia Pérez y de la comunidad lenca Nueva Palestina, se enmarca en un contexto de acoso judicial en contra de personas defensoras de derechos humanos, ambiente, tierra y territorios, así como de trabajadoras de los medios de comunicación que cubren estos temas, convirtiendo a Honduras en el país con más acciones judiciales abusivas contra la participación política, denunció la abogada Pérez.