“Injerencias sistemáticas contra la independencia" del sistema judicial, "irregularidades en el proceso de elección de magistrados", "criminalización y estigmatización" de los jueces: ésas son las violaciones a los derechos humanos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), destaca en su decisión para introducir a Guatemala en su lista negra.

“Se viola la democracia”

Para Héctor Sánchez, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), con las acciones del actual gobierno y de los gobiernos anteriores que vulneran los Derechos Humanos, y el hecho de que el “sistema de justicia esté cooptado desde las más altas cortes, como la Corte de Constitucionalidad, definitivamente no podía hacer menos que aparecer en esa lista. Creo que somos en este momento uno de los países donde se viola la democracia como tal”.

Defensores de Derechos Humanos denuncian que la reelección por otros cuatro años de Consuelo Porras como fiscal general es una estrategia del gobierno de Alejandro Giammattei para asegurarse impunidad. 

“Se garantiza impunidad”

“En dos años de poder, los actos de corrupción en los que él y sus funcionarios del gobierno han caído, no van a ser investigados. Toman en consideración que el gobierno anterior de Jimmy Morales en ningún momento ha sido investigado, non obstante que su gobierno estuvo relacionado en hechos de graves violaciones a Derechos Humanos, como la muerte de las 41 niñas el 8 de marzo de 2017. Él como cabeza de gobierno tuvo una injerencia directa y tendría que haber sido investigado por ese hecho pero también un montón de actos de corrupción, y la fiscal del ministerio público actual, que fue renombrada, se encargó efectivamente que estos casos no fueran investigados”, recuerda Sánchez.

Por esa razón, según él, “ahora el actual gobierno la confirma por otro periodo más, pues se garantiza impunidad definitivamente por los actos de corrupción que se han cometido en su gobierno tanto por él como por funcionarios públicos allegados a su gobierno”.

Washington afirma que al menos seis fiscales anticorrupción en activo o retirados han sido detenidos y otros se han visto obligados a huir del país.