Jueves 18 de Agosto de 2022

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DERECHOS HUMANOS

20 de mayo de 2022

Comunicado de la Misión Humanitaria en Buenaventura, mayo 16 al 19 de 2022

COLOMBIA:
La misión humanitaria convocada por la Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura, visitó durante los días 15 al 18 de mayo de 2022 el área urbana de Buenaventura y la zona carreteable del Bajo Calima, el Consejo Comunitario la Esperanza, la Comunidad Wounaan Phobor con el objetivo de expresar solidaridad y acompañar la situación de crisis humanitaria de estos territorios colectivos.

Buenaventura, 19 de mayo de 2022

La misión humanitaria convocada por la Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura, visitó durante los días 15 al 18 de mayo de 2022 el área urbana de Buenaventura y la zona carreteable del Bajo Calima, el Consejo Comunitario la Esperanza, la Comunidad Wounaan Phobor con el objetivo de expresar solidaridad y acompañar la situación de crisis humanitaria de estos territorios colectivos, así como obtener insumos para el Eje Humanitario como propuesta regional, interétnica y de articulación de mecanismos concretos de autoprotección en medio del conflicto armado, como alberges humanitarios, resguardos humanitarios, áreas de protección ambiental para la humanidad y áreas biodiversas. Estas iniciativas son una respuesta de resistencia al modelo de desarrollo que está expulsando las comunidades de sus territorios colectivos. El Eje Humanitario busca también la definición de las garantías de dignidad y protección a exigir para el retorno, la reubicación, las medidas de reparación colectiva y las garantías de no repetición.

En esta misión participaron: en calidad de observadores internacionales Acción Permanente por la Paz, FOR Presente por la Paz, Colectivo Sur-Cacarica, acompañantes internacionales de CONPAZCOL; en calidad de acompañantes como organizaciones de iglesia y defensoras de derechos humanos Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura; Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, las Misioneras de la Madre Laura; la Misión Evangélica Luterana de Finlandia, Solidaridad Interreligiosa en zonas de conflicto -SIZOCC, CODHES, Fundación Podion, CONPAZCOl, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Mesa de Acceso a Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del paro cívico, Pares, Fundación Aribi; En calidad de autoridades étnico territoriales ACADESAN, Cabildo Wounaan Phobor, Cabildo Valledupar, consejo comunitario la Esperanza, Consejo Comunitario del Bajo Calima, ACIVA – RP así como prensa nacional e internacional.

 

Reconocemos que esta Juntanza Humanitaria es una iniciativa que busca disminuir el impacto del conflicto armado sobre la población civil. Como observadores bajo el principio de la no-violencia nos preocupan las afectaciones a los territorios y las comunidades. Nuestro compromiso es con la vida, la dignidad, libertad y la paz en los territorios. Es claro que en la guerra ante todo mueren los pobres, sean civiles víctimas o combatientes. Por eso seguiremos buscando e impulsando soluciones a través del diálogo.

Respecto de la situación de la población desplazada en Buenaventura, encontramos que:

  • Las comunidades negras e indígenas están en condiciones de indignidad, por cuenta de la desatención del Estado: hacinadas, con insuficientes alimentos, sin garantía efectiva y adecuada de los derechos a la salud y educación, con una parte de la población durmiendo en el suelo sin colchonetas. La precaria respuesta institucional carece de los enfoques diferenciales. Es importante mencionar que varios de los lugares denominados “albergues” no tienen las mínimas condiciones para garantizar el derecho fundamental al mínimo vital.
  • Encontramos a mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes revictimizados y en alto riesgo, por la presencia y control territorial de actores armados, al punto que la población desplazada está confinada en la zona urbana. Una parte de la población desplazada ha sido señalada, estigmatizada y hostigada en los “albergues”, sin que se hayan implementado medidas efectivas de protección.
  • Encontramos que las instituciones del Estado y del Gobierno siguen sin reconocer a la autoridad étnica, lo cual además de una vulneración de derechos en sí misma, hace imposible avanzar en un proceso de restablecimiento y goce efectivo de derechos.

Respecto de las comunidades negras del Consejo Comunitario del Bajo Calima encontramos que:

  • La mayor parte de la población está desplazada forzadamente fuera del territorio.
  • Las pocas familias que permanecen en el territorio están confinadas y atemorizadas por la agudización del conflicto armado.
  • En el caso de Colonia, un pueblo militarizado, una población confinada en medio del Estado sentimos que “el pánico, el terror y el miedo se respiraba en el aire”. Una nueva demostración de que la militarización no es la solución a la problemática de la región.

En términos generales:

  • Encontramos un etnocidio en curso contra las comunidades indígenas y negras del Bajo Calima, Bajo San Juan y Buenaventura, como consecuencia de:
    • Ataques sistemáticos contra la vida, libertad e integridad.
    • Desplazamiento forzado y confinamiento que rompe la relación con el territorio y con las prácticas ancestrales.
    • Despojo del territorio para megaproyectos, intereses empresariales y economías ilegales.
    • La violación del derecho fundamental a la dignidad humana por las constantes humillaciones causadas por la desatención del Estado: pasar de ser libres, autónomos, dueños y autoridades de su territorio, para terminar en una ciudad puerto internacional mendigando alimentos y colchonetas, siendo diariamente violentados por servidores públicos negligentes.
  • Encontramos que las políticas públicas de prevención y protección (locales, regionales y nacionales), no garantizan el goce efectivo de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, ni la protección y la permanencia en el territorio.

Todas las comunidades visitadas han solicitado medidas individuales y colectivas a través de la Unidad Nacional de Protección – UNP:

  • La mayoría de las medidas implementadas son individuales.
    • En el caso de Acadesan la inmensa mayoría de las medidas de protección colectiva solicitadas han sido negadas o ignoradas por las entidades del Estado. En otros casos las medidas implementadas por la UNP en el marco de la ruta de protección colectiva no corresponden a lo establecido en el decreto 2078 del 2017 constituyéndose en una acción con daño.
  • Encontramos una situación generalizada y sistemática de incumplimiento y desacato de múltiples decisiones judiciales (medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, sentencias de tutela, medidas cautelares de los jueces de restitución de tierras, decisiones de la Corte Constitucional). Como ejemplo, en la visita al Consejo Comunitario de la Esperanza constatamos daños ambientales, compra y venta ilegal de territorio, invasión con ocupantes de mala fe, y hay preocupación por los cultivos de uso ilícito y minería que afectan el territorio y su propuesta de conservación ambiental para la humanidad. A eso se suma las amenazas a líderes y lideresas por exigir el cumplimiento de la medida cautelar.
  • Encontramos que han sido incumplidos todos los acuerdos asumidos por las entidades del Estado para garantizar los retornos en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad. Uno de los ejemplos más claros de esta falta de voluntad para garantizar derechos fundamentales son las comunidades de Wounaan Phobor y el Consejo Comunitario La Esperanza, que completan 19 años en situación de desplazamiento forzado.

En medio de este panorama desolador y ante la indiferencia del Estado, donde las mujeres expresan su dolor por ver crecer a sus hijas e hijos en un medio hostil y alejado del territorio, ellas siguen siendo parte fundamental para que las comunidades étnicas, indígenas y negras siguen en resistencia desde sus territorios o albergues. Nos alegra haber sido testigos y testigas también de la hospitalidad, valentía, las capacidades comunitarias, desde lo espiritual, la danza, el teatro, la poesía y la música para afrontar los impactos de la guerra y desde ahí proyectar su buen vivir y vivir sabroso en el territorio.

Por lo anterior, ratificamos nuestro acompañamiento a la Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura y su propuesta de Eje Humanitario a constituirse en los territorios de Bajo Calima, Bajo San Juan, Buenaventura, Dagua y Cali como espacios de protección del territorio y de las vidas en medio del conflicto armado.

 

Exigencias:

  1. La declaratoria de La Emergencia Humanitaria en el Distrito de Buenaventura (urbano y rural).
  2. Se avance en la ruta de atención integral y diferencial a las comunidades confinadas y desplazadas. Es urgente que:

a. Se tome la totalidad de las declaraciones para la población que esta desplazada y confinada.
b. Se concerte una alimentación con enfoque diferencial y en cantidades
suficientes.
c. Se adecuen albergues en condiciones dignas y diferenciales: posibilidad de recreación y etnoeducación para la niñez, adolescentes y jóvenes, espacios colectivos para la sanación y ejercer las practicas ancestrales
d. Se garanticen entornos seguros para evitar confinamiento y revictimización en los albergues.
e. Se garantice una atención concertada en salud integral y psicoespiritual desde los saberes propios.

3. La interlocución entre las autoridades étnicas y entidades estatales se rija por el respeto a la autonomía y la autodeterminación como pueblos. Es imperativo que se erradiquen las actitudes, comportamientos o afirmaciones racistas, discriminatorias, autoritarias, displicentes por parte de servidores públicos.

4. La implementación integral y efectiva del acuerdo de paz y en especial el capítulo étnico.

5. La firma de un Acuerdo Humanitario YA reconociendo las iniciativas y propuestas de construcción de paz desde los territorios.

6. Insistimos en que se retomen diálogos con todos los actores y grupos armados que permitan salidas negociadas.

7. A la defensoría del Pueblo la emisión de una Alerta Temprana sobre la crisis humanitaria y el etnocidio en el distrito de Buenaventura.

8. A los jueces de restitución de tierras de los departamentos del Valle del Cauca y Chocó tomar decisiones contundentes para el cumplimiento de sus propias órdenes orientadas a la protección de los territorios, de las comunidades, lideres, lideresas y autoridades étnicas del Bajo Calima, Bajo San Juan, Consejo Comunitario de la Esperanza.ç

9. A las autoridades judiciales el cumplimiento de las sentencias de tutela emitidas a favor del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, el Cabildo Wounaan Phobor en el Bajo Calima así como el Consejo Comunitaria Cabeceras, Comunidad Unión Agua Clara, Resguardo Pichima Quebrada en el Bajo San Juan.

10. Se suspenda indefinidamente el estudio, trámite, otorgamiento y desarrollo de megaproyectos, y por lo tanto de las consultas previas, mientras no exista plena garantía de los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y dignidad humana así como de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

11. A la Procuraduría General de la Nación dar cuentas de sus investigaciones y sanciones respecto a las responsabilidades de las y los servidores públicos por sus acciones y omisiones en la garantía de los derechos de las comunidades desplazadas y confinadas.

12. Al Ministerio del Interior dar revisión a las medidas de protección colectiva aprobadas por el CERREM a los procesos organizativos aquí mencionados, teniendo en cuenta que son insuficientes, inadecuadas e ineficaces. Esta revisión debe recoger todas y cada una de las medidas de protección colectiva definidas por los sujetos colectivos y presentadas ante el CERREM de manera urgente.

13. Al Director Nacional de la Unidad Nacional de Protección-UNP, implementar las medidas extraordinarias que requieren las autoridades étnico-territoriales afectadas por la crisis humanitaria. Que se asigne un enlace que tenga conocimiento en enfoque étnico y conozca el territorio.

14. A la delegada de las Victimas de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo iniciar un acompañamiento para que la población desplazada conozca de manera detallada los derechos que tienen en relación con el retorno, la reubicación y la protección colectiva.

15. A la UARIV como coordinadora del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Victimas, las alcaldías, gobernaciones implementar los planes de retorno y reubicación que sean presentados por las comunidades teniendo en cuenta el principio de corresponsabilidad, subsidiaridad y complementariedad.

Así mismo solicitamos a la Honorable Corte Constitucional una audiencia y seguimiento a la sentencia T025, y en particular a los autos 004 y 005 de 2009, 091 del 2017, 266 del 2017 relacionados con la política pública de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el marco del desplazamiento forzado.

Solicitamos a la comunidad internacional ser garante para verificar y exigir la implementación de acuerdos e iniciativas humanitarios.

Firman,

FOR Presente por la Paz

Colectivo Sur-Cacarica – España

Acción Permanente por la Paz – EEUU

Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia -CONPAZCOL

Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia

Misioneras de la Madre Laura

Solidaridad Interreligiosa en zonas de conflicto -SIZOCC

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES

Fundación Podion

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Mesa de Acceso a Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del paro cívico

Fundación Paz y Reconciliación – PARES

Fundación Aribi

 



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