En el juicio, también fueron sentenciados su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
"Declararon culpables a todos. El 21 de marzo leen la sentencia", dijo Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, a la agencia de noticias AFP.

Cristiana Chamorro, de 68 años, es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021.

En el momento de la detención se perfilaba como favorita en las encuestas para enfrentar a Ortega en los comicios de noviembre del año pasado, elecciones en los que el presidente logró su cuarto mandato y que fueron cuestionados por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

"Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir, jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente", dijo la opositora al finalizar el juicio, según consignó el portal de internet 100% Noticias, crítico del gobierno.

La fiscalía pidió una pena de hasta 13 años para Chamorro y los trabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, encontrados culpables de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos.

En tanto, solicitó una condena de hasta nueve años para el hermano de Chamorro, Pedro Joaquín, al que le eximieron del cargo de lavado de bienes y activos.

También se pide siete años para su chofer Pedro Vásquez como "colaborador necesario" en el delito de lavado de dinero.
La sentencia se produjo tras un juicio de siete días, sin acceso a la prensa ni al público, celebrado en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial de la policía en Managua, conocida como El Chipote.

Chamorro, periodista de profesión, es una de los siete exaspirantes a la presidencia que fueron detenidos el año pasado, junto a 39 opositores, en la antesala de las elecciones del 7 de noviembre.

Ortega, un exguerrillero de 76 años, está en el poder desde 2007. Su reciente mandato fue cuestionado por la comunidad internacional, entre ellos la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Europea, por considerar que las elecciones nicaragüenses no fueron democráticas.

Desde que iniciaron los juicios el 1 de febrero, de los 46 opositores detenidos el año pasado al menos 31 recibieron condenas de entre ocho y 13 años de prisión, la mayoría por "menoscabar la integridad nacional" y "difundir noticias falsas".

Los opositores son juzgados al amparo de una ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por el Congreso que controla el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La norma castiga a quienes promueven actos que atentan contra la integridad nacional, apoyan sanciones y la injerencia extranjera.