El Consejo Comunitario General del San Juan –ACADESAN– denunciamos, ante la opinión pública y la comunidad internacional, la continuidad de la grave situación de violación de derechos humanos, materialización y el riesgo inminente de victimización que viven actualmente las comunidades negras que habitan los territorios de ACADESAN, en los municipios de Istmina, Sipí, Medio San Juan, Litoral del San Juan (Chocó), derivado de las acciones de grupos armados. Es importante mencionar que los primeros hechos de la grave situación denunciada datan del mes de junio de 2021, sin embargo, en este comunicado se da a conocer los hechos acontecidos en lo corrido de año 2022, dado que a escasas dos semanas de presente año, se han presentado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y asesinatos de miembros de la comunidad negra, los cuales describiremos a continuación.

❖ El día 10 de enero de 2022, hubo presencia de actores armados en la comunidad de Paimadó La Rancha, ubicada en el Municipio de Medio San Juan, quienes dispararon su armamento para generar miedo, obligando a la comunidad a reunirse contra su voluntad y llevándose contra su voluntad a señor Nilson Antonio Velásquez Gil, miembro de la comunidad, de lo cual se remitió informe en su momento preliminar a las entidades del Ministerio Público, lo cual generó un confinamiento en el caserío de la población. En esa misma fecha se habrían generado hechos que afectaron a la población civil de San Isidro en el territorio colindante de Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima, situación que afecta a las comunidades de ACADESAN ubicadas en el municipio de Litoral del San Juan; por estos hechos han ocurrido desplazamientos inter-veredales, siendo Palestina la comunidad receptora.

❖ El día 11 de enero de 2022, otro grupo armado ingresó al caserío de la comunidad de Paimadó La Rancha. la comunidad continuó en confinamiento por los hechos narrados y la sospecha de presencia de minas antipersonales, lo cual les impide continuar las actividades de aprovechamiento de los cultivos de pan coger u otras actividades productivas

Por estos hechos también sufrieron afectaciones las comunidades de Chaqui del municipio de Istmina y Calle Fuerte del municipio de Medio San Juan, dado los hechos presentados y la sospecha de minas antipersonales. Dada la situación anterior, 15 familias (46 personas) tomaron la decisión de desplazarse forzadamente a la zona urbana de Istmina, las cuales fueron albergadas en la sede de ACADESAN en dicho municipio.

❖ El ente territorial municipal citó a un Comité de Justicia Transicional el día 12 de enero de 2022 de manera presencial en el municipio de Medio San Juan, al cual asistieron delegados de ACADESAN, en el cual se acordó realizar un comité de verificación para el día 14 de enero. Mientras que esto sucedía todos los días familias de las comunidades tomaron la decisión de desplazarse forzadamente. Para el día 13 de enero, habían declarado por hechos victimizantes y desplazamiento forzado 112 familias, para un total de 299 personas.

❖ El día 14 de enero de 2022, se realizó una comisión de verificación de las comunidades de Calle Fuerte y Paimadó La Rancha en el municipio de Medio San Juan, por parte de la Personería y Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, la administración municipal y ACADESAN. Ese mismo día tuvimos conocimiento que se habría encontrado el cuerpo sin vida de Nilson Antonio Velásquez Gil, quien fuera retenido en la comunidad de Paimadó La Rancha el día 10 de enero. Para esta fecha se habían desplazado aproximadamente 400 personas.

❖ El día 15 de enero de 2022, en el mismo municipio de Medio San Juan en la Comunidad Dipurdú del Guásimo, hombres armados ingresaron al caserío disparando indiscriminadamente, causándole la muerte a la menor Valeria Murillo de 10 años, por el impacto de uno de los proyectiles disparados y reteniendo contra su voluntad al joven Juan Jesús Lerma Murillo, del cual se encontró su cuerpo sin vida al día siguiente y con signos de violencia en una playa del río. Esto ha generado el confinamiento de al menos 1.400 personas de dicha comunidad.

❖ El día 16 de enero de 2022, se presentó un nuevo hecho de desplazamiento forzado de la totalidad de la comunidad de Negría (Medio San Juan) aproximadamente 68 familias (alrededor de 260 personas), principalmente

hacia las comunidades de Doidó (Istmina) y Chambacú (Sipí). Hasta el momento no se ha comenzado la atención de estas comunidades y nos encontramos en proceso de recaudar la información del censo de las víctimas. Estas comunidades no cuentan con combustible para movilidad, están sin comida y, por lo tanto, padeciendo hambre. En la actualidad todas las comunidades ubicadas en la subregión del San Juan que pertenecen al proceso organizativo de ACADESAN se encuentran en una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, una situación de victimización y/o riesgo inminente, dentro de las cuales destacan el confinamiento, la restricción de la libre movilidad, que impiden el acceso a bienes y servicios para garantizar el derecho al mínimo vital de las comunidades. Estas comunidades tienen muchas carencias en relación con los derechos económicos y sociales, que se ven agravadas por estos hechos. Podemos afirmar que las comunidades negras del río San Juan están cada vez más en alto riesgo de extinción física y cultural: es decir, hay un etnocidio en curso. Hacemos énfasis en la situación lamentable que viven las comunidades frente a los riesgos de minas antipersonales, la atención a la población desplazada forzadamente, con necesidades de alimentación, elementos de aseo, atención psicosocial entre otros, así como la necesidad de toma de declaración y atención humanitaria a la población confinada en el territorio. Reiteramos la necesidad y urgencia de implementar medidas de prevención y protección colectiva con enfoque diferencial en todas las comunidades pertenecientes a ACADESAN, no sólo en aquellas que se encuentran en medio del fuego cruzado. En este punto es importante mencionar que luego de más de dos años de iniciar la ruta de protección colectiva a través de la UNP (Decreto 2078/17) y cerca de 4 años después del que el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó ordenara implementar medidas de protección colectiva, ACADESAN no cuenta con ninguna medida implementada en esta ruta. Aún más grave, el CERREM aprobó menos del 20% de las medidas de protección colectiva solicitadas por ACADESAN, como consta en la Resolución 10280 del 23 de diciembre de 2021, firmada por el Director de la UNP, señor Alfonso Campos Martínez. Además de la responsabilidad directa de los actores armados, las instituciones civiles del Estado tienen responsabilidad por omisión e incumplimiento de sus obligaciones: esta tragedia es responsabilidad de ustedes, señores y señoras del Estado, que se han negado a cumplir lo establecido en la Constitución, que han preferido callar y ser cómplices, para proteger la comodidad de sus bien remunerados puestos de trabajo, para evitar las molestias que a veces genera defender los derechos humanos y la dignidad humana de las comunidades. Hay funcionarios excepcionales que cumplen sus obligaciones, pero son casos aislados. De igual forma advertimos que la tardanza e insuficiencia en la atención a las comunidades víctimas, no solo es una revictimización y vulneración de los derechos que tienen las comunidades negras, sino que propiciaría escenarios de mayores necesidades de intervención, como ya se vieron en el último trimestre del 2021, donde los desplazados superaron las 1.000 personas. Por esto solicitamos una misión humanitaria y de atención a todas las comunidades que hacen parte del título colectivo, con mayor urgencia a las comunidades de Dipurdú del Guásimo, Chaqui, Primavera, Bebedó, Isla de Cruz, San Miguel, Calle Fuerte, Negría, Chambacú, Doidó y Paimadó La Rancha. Como en otras oportunidades, insistimos en nuestro llamado a todos los actores del conflicto armado interno (legales e ilegales), para que no involucren a la población civil y comunidades étnicas en la guerra. Por todo lo anterior, hacemos un llamado para que de manera urgente se implementen acciones que permitan proteger y restablecer plenamente los derechos de las comunidades negras e indígenas, así como de la población mestiza que habita en el río San Juan. En particular, urge que:

❖ El Gobierno Nacional, en cabeza de la UARIV, garantice el derecho fundamental al mínimo vital de todas las personas desplazadas forzadamente y confinadas, mediante la entrega de atención humanitaria adecuada y con enfoque diferencial en todos sus componentes (alimentos, albergue, ropa, elementos de aseo).

❖ Las entidades que hacen parte del Ministerio Público (Personerías, Defensoría y Procuraduría) articulen acciones para la toma de las declaraciones de desplazamiento (individual y masivo) y de confinamiento, mediante jornadas de atención directamente en territorio y en las cabeceras municipales. En este punto es importante recordar que el subregistro por este tipo de hechos no es sólo de los últimos meses, sino de muchos años atrás.

❖ Se inicien las investigaciones disciplinarias y penales, así como los incidentes de desacato respecto de las órdenes judiciales que han sido reiteradamente incumplidas, contra los servidores públicos que por acción u omisión son responsables de la infame situación que padecen las comunidades.

❖ Se implemente de forma integral el Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno y la otrora FARC- EP, principalmente en lo concerniente al capítulo étnico. ❖ Se avance en los diálogos de paz y firma de acuerdos humanitarios con todos los actores armados presentes en el territorio.

❖ Se reconozca a las comunidades como un actor comunitario étnico no armado, respetando la integridad de sus miembros, así como la autonomía sobre sus territorios ancestrales y ejercicio libre de autodeterminación sobre sus vidas, su presente y futuro.

❖ Se cumpla y vele por el cumplimiento de las órdenes de la medida cautelar del Auto 040 de 2018 de la jurisdicción de Restitución de Tierras, así como lo dispuesto en el Auto 005 de 2009 y el Auto 091 del 24 de febrero de 2017 de la Honorable Corte Constitucional (Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004).

❖ Se cumpla y vele por el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo en las Alertas Tempranas de inminencia Nro. 020 y 024 de 2021.

❖ Se implementen todas y cada una de las medidas de protección colectiva solicitadas por ACADESAN en el marco de la ruta de Decreto 2078 de 2017, que constan en acta del 26 de marzo de 2021.

❖ La comunidad internacional, organismos internaciones, y en general las organizaciones defensoras de derechos humanos contribuyan con la visibilización de la situación y la incidencia para la garantía efectiva de los derechos. Adicionalmente, concertar con las autoridades étnicas de ACADESAN la programación de misiones humanitarias al territorio del Consejo Comunitario, para realizar acompañamiento a las comunidades.

JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL SAN JUAN -ACADESANComunicado No. 001-2022