Por: Jaime Rocha*

El prelado avala la tesis sobre “ineficacia de la presencia de la fuerza pública para un adecuado control territorial, que en algunos casos se configura en claras situaciones de connivencia con el Clan del Golfo”. Ese argumento forma parte del “Informe colectivo sobre la grave crisis humanitaria y de derechos humanos”, que el 18 de noviembre dieron a conocer las misiones humanitarias que a lo largo de 2021 recorrieron el departamento de Chocó y el occidente antioqueño. Esas misiones las conformaron las diócesis de Quibdó-Apartadó, Istmina-Tadó, la Arquidiócesis de Santafé de Antioquia, las iglesias metodista y luterana, las organizaciones étnico-territoriales indígenas y afros de los ríos Atrato, San Juan y Baudó, además de otros equipos religiosos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Hallaron que se habían disparado el destierro y el confinamiento de las comunidades, los asesinatos selectivos, las amenazas a líderes sociales, el constreñimiento de la autonomía de cabildos indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras, el reclutamiento de menores de edad y la violencia urbana, entre otras violaciones de los derechos humanos. Llamaron la atención sobre el desdén del Gobierno frente a la región y acerca del incumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. De esa manera ofrecieron alternativas a la monolítica reducción duquista de la crisis al narcotráfico y a los enfrentamientos entre grupos ilegales

En Tumaco, el 10 de diciembre, se celebró el Día de los Derechos Humanos. En la intervención que ofreció Juliette de Rivero, la representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, sostuvo que garantizar la libertad de expresión contribuye a la consolidación de la paz y que la consecuencia opuesta se alcanza interpelando informes como el mencionado o exigiendo que sus autores se retracten de lo que divulgaron. En efecto, si en el marco de la nueva norma el ministro alegara que son calumniosos los datos del informe, entidades tan emblemáticas para la paz de la región como Cocomacia, Acaba, Acadesan o el Foro Interétnico Solidaridad por el Chocó podrían perder sus personerías jurídicas y no solo quedar silenciadas para expresar sus reclamos y desavenencias, sino maniatadas para defender los territorios colectivos heredados de sus antepasados y legitimados aplicando la Ley 70 de 1993. La ley de mordaza podría ser medio idóneo para debilitar la titularidad ancestral, que para los palmicultores consiste en uno de los mayores obstáculos para el pleno desarrollo económico de esas regiones. Del mismo modo podrían llegar a obviarse los límites a extractivismos de madera y metales. Los interponen cabildos indígenas y consejos comunitarios cuando suscriben convenios acordes con ese Capítulo Étnico, para que organizaciones internacionales compren bonos de carbón y servicios ambientales. Parecería, pues, que la medida va más allá de restringir la libertad de palabra.

*Profesor del programa de Antropología, Universidad Externado de Colombia, y miembro fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.

Fuente: Últimas noticias de Colombia y el mundo hoy | EL ESPECTADOR