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DERECHOS HUMANOS

28 de noviembre de 2021

Sueños truncados: jóvenes de Chalatenango, víctimas de detenciones arbitrarias. segunda parte

EL SALVADOR:
Los 13 jóvenes detenidos en enero de 2021, no han sido los únicos a quienes la policía y militares se llevaron de manera arbitraria. En diciembre de 2018, 4 jóvenes, entre ellos 2 mujeres, de Dulce Nombre de María, fueron apresados y condenados a 15 años de prisión por el delito de extorsión. Una de las jóvenes estaba por ingresar a la universidad. Tras las rejas, su vida ha sido truncada. Estas son sus historias.

Por: Kenia Gómez

Karla quería estudiar idiomas. Había dejado su trabajo en un restaurante de San Salvador, porque los horarios eran agotadores. Regresó al Manzano, en Dulce Nombre de María, con el deseo de ir a la universidad. A sus 22 años tenía planes, estudiaría en la misma universidad junto a Pamela, su hermana menor. Lamentablemente, esos sueños fueron truncados por los policías y militares la madrugada del 18 de diciembre de 2018, cuando le notificaron que iría detenida por el delito de extorsión.

A esta fecha, Karla habría cursado la mitad de la carrera universitaria, pero en lugar de eso, pasa sus días entre las rejas de cárcel de mujeres en Ilopango. “La sentenciaron a 15 años, sin pruebas, solo con lo que la supuesta víctima dijo”, explica Pamela, su hermana, mientras con cierta timidez baja la mirada. Levanta su rostro y continúa explicando una situación que le parece rara: casualmente la supuesta víctima estaba acompañada de otra persona, siempre hay un testigo. El hecho habría ocurrido también en una calle rural de Dulce Nombre de María, tal como está escrito en el informe fiscal de los casos de los jóvenes capturados en enero de 2021, en ese mismo municipio de Chalatenango. Pareciera que la denuncia de 2018 y la de 2021 la hizo la misma persona, dijeron familiares de los jóvenes capturados.  

Eran cuatro soldados y cuatro policías los que llegaron, recuerda Pamela. Aquella madrugada ella y su hermana dormían solas en la casa. Los policías les dijeron que llevaban órdenes de cateo para tres viviendas. Pamela recuerda que los policías no leyeron todo el documento que llevaban, que se supone sería la orden judicial,  únicamente la parte que indicaba el delito: extorsión agravada. Karla fue llevada en una patrulla y con ella se fue el deseo de ser una profesional y graduarse de idiomas. Fue sentenciada a 15 años por supuestamente extorsionar a alguien por la cantidad de 100 dólares. Actualmente espera respuesta de un juzgado ante la apelación interpuesta en su caso.

“Queremos que nos ayuden a parar estas injusticias y que ya no se vuelvan a repetir ”, dice Pamela, quien extraña a su hermana. Solo pide que les devuelvan la paz y la tranquilidad a su familia.

Dos campesinos, una sentencia de 15 años

A Luisa le llevaron a su hijo, Juan Carlos, la misma madrugada de diciembre de 2018. Se dedicaba a cultivar hortalizas y luego las vendía. No se metía con nadie, ni siquiera salía a la calle, dice su madre. Ese día los policías buscaban armas, pero no encontraron nada.

Hubo contradicciones en el proceso, asegura Luisa, eso le han dicho los abogados. Cuando realizaron el careo se dedujo que no hubo participación de su hijo. Sin embargo, los documentos posteriores decían lo contrario, que su hijo Juan Carlos sí participó de la extorsión, pero vía telefónica. Pese a las inconsistencias, fue condenado a 15 años. Desde 2018 su madre no lo ha podido ver ni una vez, “ni siquiera una llamada”, se lamenta.

Mediante un grupo de WhatsApp se enteró que su hijo estaba ingresado en el Hospital Rosales porque ha desarrollado insuficiencia renal, una enfermedad que antes no padecía. A dos años y 10 meses de estar preso ya está recibiendo tratamiento de diálisis. Su enfermedad la padece bajo las rejas en el penal de Quezaltepeque.

La ausencia de Juan Carlos tiene triste a su hijo de 4 años que ahora cuida Luisa, su madre de 64 años, quien debe inventarse un cuento cada vez que el niño le pregunta ¿Dónde está mi papi?

Ernesto, de 25 años, trabajaba en la finca de su padre, se dedicaba a la agricultura. Es parte del grupo de jóvenes que policías y militares sacaron de sus casas el 18 de diciembre. A su casa llegaron a la 1.30 de la madrugada. “Dijeron que se iban a llevar a mi hijo y solo leyeron un papel que andaban”, recuerda Matilde, su madre. Desde hace más de dos años no lo ha vuelto a ver, no hay visitas en el penal de Izalco. Ernesto también fue condenado a 15 años de prisión.

Amenazan a familia del Manzano por denunciar el caso

El hijastro de José Luis fue capturado en 2018 y también ha sido condenado a 15 años. Desde este año ha denunciado el hecho sin mayor temor.  La denuncia que han hecho sobre las detenciones de los jóvenes en 2018 y 2021 ha sido la causa de amenazas.

YSUCA publicó el 03 de septiembre una nota en la que expuso el caso, pero días después de la publicación apareció un rótulo  sobre un árbol cerca de la casa de José Luis. En el cartel, hecho de un pedazo de cartón, se lee una amenaza a una de las familias. “Chon, con todo lo que estás haciendo estás obligando a que la gente sepa quién mató a tu primo Óscar”, se lee en la nota.

Según José Luis, quien escribió el mensaje se refiere a un asesinato que ocurrió en 2013 en el Manzano, un hecho que sorprendió a los pobladores debido a que no suelen suceder actos violentos en esa zona. Con ese mensaje lo intentan vincular con ese hecho de violencia, si no deja de hablar sobre el caso de los jóvenes capturados.

Los familiares de los detenidos tienen indicios de quien podría estar detrás de las acusaciones contra los jóvenes. “No podemos señalar nombres y apellidos de personas posibles, de quienes tenemos sospechas. Hay situaciones que nos indican quiénes son las personas, porque hay una actitud de manera escalonada de difamación continua”, dijo José Luis.

Los habitantes del Manzano sospechan de una catedrática, quien en el año 2007 escribió un libro en el que narra historias, son una especie de leyendas, pero que incluyen pasajes de la vida real de algunos habitantes del Manzano, pero tomadas sin su autorización. Las historias tienen más mentiras que verdades, dice José Luis. Esa misma persona acusó injustamente de robo a un integrante de una cooperativa de la zona, quien debido al acoso, decidió emigrar a Estados Unidos en el año 2006, comentó.

Para José Luis, la detención de los jóvenes es parte de estas mentiras y difamaciones que, luego de 2018, se volvieron a repetir este año. Es por eso que pide un juicio justo basado en una verdadera investigación de los hechos.

Jóvenes migran  por temor a la policía

Según una investigación del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), entre 2014 y 2018 se registraron 60 casos de acoso policial a jóvenes en el país. Cincuenta de ellos hacia jóvenes de sexo masculino de entre 15 y 29 años de edad y 12 abusos a mujeres jóvenes del mismo rango de edad. El nivel de estudios de la mayoría de afectados no supera la educación media. Por tanto, se trata de víctimas jóvenes que son afectadas en sus oportunidades de estudio y de trabajo. Sus proyectos de vida quedan truncados.

Según el informe, como parte de los abusos policiales a los jóvenes se les atribuye la comisión de delitos tales como organizaciones terroristas, extorsión, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, homicidio, robo, resistencia a la autoridad o son acusados de pertenecer a una pandilla.

Los casos que señala el informe del IDHUCA constituyen una muestra de la actuación de la PNC en sus funciones de seguridad pública. Las víctimas relataron haber sufrido detenciones arbitrarias, allanamientos de morada y malos tratos. Los jóvenes del Manzano y otros cantones cercanos no escaparon a esas acciones de la Policía, en este caso en complicidad de la Fuerza Armada.

Hay un problema con el acoso a la juventud de Chalatenango, explicó el padre José María Tojeira, director del IDHUCA. Considera que la Policía debe poner atención e investigar la actitud de algunos de sus miembros.

Estas acciones de acoso hacen que los jóvenes opten por marcharse del país, dice el padre Tojeira.

Habitantes del Manzano confirmaron que hay jóvenes que se marcharon a Estados Unidos, luego de lo ocurrido en 2018 y 2021. Tienen miedo que llegue de nuevo la Policía y los detenga sin mayor explicación.

Alfredo Quijada vive en El Manzano y aunque a él la Policía no le llevó a ningún familiar, se solidariza con el sufrimiento de las madres que luchan porque a sus hijos se les haga justicia.  A todos los que se llevaron los conoce desde que eran niños. Siempre observó en ellos una actitud de respeto hacia todas las personas, asegura. Además, en la zona no se escucha hablar de extorsiones. Don Alfredo cree que al no investigar los casos y condenarlos por delitos que no cometieron se les trunca el futuro a los jóvenes, en un país donde se les niega oportunidades.

Los jóvenes capturados en 2018 ya fueron condenados, están a la espera de una resolución tras una apelación que interpusieron. Los capturados en 2021 esperan la vista pública donde un juez decidirá su futuro.

Por el momento, la libertad de los jóvenes campesinos está en manos de la víctima clave Z 14 -2020 y el testigo clave Gorrión. El requerimiento fiscal indica que ni la víctima ni el testigo recuerdan la fecha exacta en que ocurrió la supuesta extorsión. El caso de 2018 y 2021 tiene similitudes. La víctima estaba con otra persona, que en ambos casos actúa como testigo. Los hechos ocurrieron en una calle rural de Dulce Nombre de María, sin dar más detalles.

En este caso, los policías investigadores declararán como testigos contra los jóvenes. Solo una exhaustiva investigación podría salvar a los jóvenes de pasar años en prisión.

 

FUENTE: YSUCA, 91.7 FM



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