El agente disparó hacia México y mató a Sergio Adrián de 15 años, quien jugaba con amigos en ese momento.

“Si esto fuera al revés, si un policía mexicano hubiera matado seis civiles estadounidenses, eso sería sumamente grave. No podemos tener un doble estándar, la vida de un ciudadano mexicano no vale menos que la de un estadounidense”, expresó Richard Boren, coordinador de la asociación Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza.

El Departamento de Justicia ha dicho que Mesa estaba tratando de detener los cruces fronterizos ilegales y disparó en contra del menor después de que fue atacado por un aluvión de piedras. En marzo del 2018, la Quinta Corte de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos dictaminó que el agente no puede ser demandado por la familia del adolescente. El tribunal de apelaciones votó 13-2 para mantener la decisión de un juez de distrito federal que desestimó los reclamos de la familia.

Boren compartió que existen otros cinco casos similares al de Sergio Adrián, en el que se incluye la muerte de José Antonio Elena Rodríguez quien fuera asesinado el 2012, a los 16 años de edad, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Lonnie Swartz disparó varias veces a través del muro fronterizo impactando al joven que se encontraba al lado mexicano.

“De los seis casos, cinco tienen demandas civiles. El fallo de la corte en el caso de Sergio Adrián decidirá todo el destino de los demás casos y veremos si se procede con la demanda”, dijo.Agregó que si la Corte decide darle el visto bueno a la Patrulla Fronteriza “prácticamente se le está otorgando permiso a la agencia de matar a personas al otro lado de la frontera”.

En los últimos 15 años, más de 100 personas han sido asesinadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos como resultado directo del uso excesivo de la fuerza, incluyendo los asesinatos transfronterizos de Sergio Adrián Hernández Güereca en 2010 y de José Antonio Elena Rodríguez en 2012. Ni un solo agente de la Patrulla Fronteriza ha sido considerado legalmente responsable de sus crímenes, y un reciente informe del gobierno interno, obtenido por Quartz, encontró que la conducta delictiva de los agentes fronterizos está en su máximo de cinco años. La madre y la abuela de José Antonio estuvieron presentes en las actividades en Fort Benning de este año para hablar de su búsqueda de justicia tras los argumentos orales del 12 de noviembre de 2019 ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Hernández/Mesa, que sentará un precedente en cuanto a si los ciudadanos no estadounidenses, asesinados por las fuerzas de seguridad estadounidenses fuera de los Estados Unidos, tienen derecho a justicia.

Con Información de El Diario de El Paso y SOAWatch

*Este texto ha sido publicado en la Revista El Derecho de Vivir en Paz N°14.