Un importante contingente de Según los sindicatos del sector, esta práctica afecta de manera directa sus fuentes de trabajo y genera serias preocupaciones por las consecuencias sociales y ambientales. Cientos de afiliados de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) marcharon desde El Alto hasta la sede de gobierno como parte de un reclamo articulado y multitudinario.

De acuerdo con la agencia EFE, la movilización tuvo como principal demanda que el Gobierno de Bolivia intervenga de forma efectiva para frenar el avance de actividades mineras no autorizadas y sancione a quienes, según los trabajadores, actúan al margen de la ley y ocasionan daños significativos al medioambiente.

La concentración comenzó en la Ceja de El Alto, donde delegaciones de distintos puntos del país se reunieron antes de descender a la capital paceña. Los manifestantes, identificados por sus uniformes y cascos, avanzaron por las principales avenidas, portaron pancartas y utilizaron petardos, además de detonar bloques de dinamita.

El tránsito vehicular colapsó en varias zonas debido a la marcha, que llegó hasta las puertas del Ministerio de Minería. Allí, los sindicalistas realizaron un mitin para exigir al presidente Luis Arce y a Alejandro Santos Laura, titular de la cartera, la aplicación de la Constitución y las leyes relacionadas con la actividad minera y la propiedad de concesiones.

El secretario ejecutivo de la Fstmb, Andrés Paye, criticó la inacción gubernamental durante la manifestación. En declaraciones difundidas por EFE, denunció que diversas áreas de explotación gestionadas por sus afiliados han sido “tomadas de manera ilegal” por grupos identificados como cooperativas mineras, especialmente en Potosí, Oruro y La Paz.

El conflicto no es reciente. Según Televisión Unitel, en las últimas semanas ocurrieron intentos de apropiación violenta de concesiones en Andacaba, Reserva Tres Amigos, Porco, Colquiri y Caracoles. En estos sitios, los asalariados afirman que cooperativistas y residentes de comunidades aledañas ingresaron sin autorización, desatando episodios de tensión y enfrentamientos. Esta escalada llevó a la Fstmb a declararse en “emergencia permanente” y a advertir que podrían endurecer sus medidas si sus demandas no son atendidas.

En una resolución interna, el sector minero asalariado apostó por “acciones de hecho” y calificó la movilización como una “gran marcha nacional de protesta contundente, en repudio a los avasallamientos delincuenciales”.

De acuerdo con Televisión Unitel, las denuncias llegaron al Ejecutivo y el ministro de Minería, Alejandro Santos, prometió “mano dura” contra los responsables.

“Es un delito que está penado por la ley, está penado por las normativas vigentes del pueblo boliviano. Si no vamos a colocar mano dura, cualquier otro momento va a haber algún avasallamiento”, expresó Santos en respuesta a la presión sindical.

La situación en Viacha visibiliza el riesgo, donde denuncias de pobladores señalaron que al menos veintitrés empresas, principalmente extranjeras, operan sin autorización.