Por Nahuel Lag 

“¡Milei, cumplí la ley!”. A diez años de la sanción de la Ley de Agricultura Familiar (27.118), casi una veintena de organizaciones campesinas, entre ellas varias que integran la UTEP-Rama Agraria, emitieron un duro pronunciamiento como Consejo de Agricultura Familiar, Campesino, Indígena sobre el balance del año de gobierno de La Libertad Avanza. Afirman que se arrasó con las políticas destinadas al sector y, por ese motivo, se presentaron en el Congreso de la Nación. Tierra Viva dialogó con tres voceros de las organizaciones para repasar las estrategias de acción y el impacto de las políticas de Javier Milei. Denuncian que se profundizó el desarraigo en el campo y se atacaron las políticas de soberanía alimentaria.  

La movilización tuvo como objetivo exigir que, mediante el Poder Legislativo, se intime al Ministerio de Economía a presentar el adeudado informe de intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci), a cargo de Inés Liendo. La funcionaria debía informar el estado de situación del Inafci, pero solo se limitó al despido de 900 trabajadores y el vaciamiento de las oficinas del organismo en todo el país. El premio que recibió Liendo fue un nuevo nombramiento, ahora como parte de la «Unidad consultora para la modernización institucional» del INTA, con el objetivo de aplicar el plan de desguace del organismo que anunció el Gobierno a fines de noviembre.

La administración de Milei ni siquiera había abierto al diálogo con las organizaciones campesinas, cuando —pasados tres meses de gestión— el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Inafci y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar (figura creada por la Ley 27.118 para coordinar las políticas del sector). Las organizaciones campesinas respondieron esta semana con un mensaje como Consejo de Agricultura Familiar, Campesino, Indígena; cuerpo consultivo reconocido en la norma y que las organizaciones mantuvieron activo.

“Las decisiones del Consejo las tomamos las organizaciones, somos independientes. Está establecido por ley. Llegamos fuertes a Buenos Aires porque los consejos territoriales durante el año nos fortalecieron”, reivindicó José Luis Castillo, productor e integrante de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (Acina). El objetivo de plantarse en el Congreso, a diez años de la sanción de la ley, fue levantar esa voz que el Gobierno decidió ignorar: “Vamos a seguir mostrándole a quienes tienen roles en el Estado que tienen que dar respuestas al sector, que a pesar de este Gobierno que viene quitándonos derechos conquistados en años, seguimos peleando por acceso a la tierra y vivienda para potenciar la producción de alimentos”, sostuvo Romina Padilla, productora y vocera del MTE-Rural. 

Cuando Adorni anunció el cierre del Inafci y el despido de sus técnicos —que asistían a 250 mil productores de la agricultura campesina e indígena en todo el país— habló de “fiesta del gasto público” e “ineficiencia del organismo”. Poco después, con el decreto 285/2024, se designó a Liendo, abogada y militante del PRO, para intervenir el organismo y presentar un informe de aquellas denuncias. Hasta el momento, las organizaciones no tienen información al respecto. 

“¿Qué políticas públicas tiene planificado implementar para atender a la agricultura familiar, campesina e indígena?”. “¿Qué programas y proyectos de financiamiento nacional y externo se encuentran vigentes destinados a cooperativas y organizaciones de la agricultura familiar?”. Exigieron las organizaciones en el pedido de informe al Poder Ejecutivo presentado el martes en la Cámara de Diputados con el acompañamiento del titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros diputados de ese sector, como el diputado Luis Basterra, secretario de la Comisión de Agricultura; por la que debería avanzar el pedido de respuesta. 

La solicitud fue acompañada con la propuesta del Plan de Acción elaborado por el Inafci durante la gestión del Frente de Todos, en la que estuvo a cargo del organismo Miguel Gómez —integrante de la UTEP por el Frente Agrario Evita—, y que no llegó a ponerse en marcha. “Mientras el Gobierno siga eliminando las políticas que protegen nuestro modelo productivo, que respaldan a la agricultura familiar, vamos a seguir movilizándonos para reclamar, para seguir organizándonos, para frenar este panorama oscuro”, asegura Florencia Abregú, integrante de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. 

“La intervención de Liendo significó parar todo: recorrer las oficinas, no renovar los alquileres, llevarse las computadoras, los vehículos, echar a la gente. ¿Si vos parás todo, qué vas a encontrar que funcione? Este primer año de Milei fue una burla hacia la agricultura familiar, una venganza”, sintetiza Castillo.   

El impacto de la motosierra de Milei en los territorios campesinos 

La avanzada del Gobierno no se quedó solo en la destrucción del Inafci, continuó con el desfinanciamiento y cierre de los programas Prohuerta y Cambio Rural. En las últimas semanas, siguió con el anuncio del desguace del INTA —que el mismo Adorni intentó justificar diciendo que el organismo “se enfocó en temas que nada tenían que ver con la productividad agrícola, como las cuestiones de género; los falsos mapuches y la agricultura familiar”—.

En esa reforma del INTA, el Gobierno impuso —con el aval del voto del Consejo Directivo de tienen representación las entidades del agronegocio, pero no las de la agricultura familiar— como “asesora” del Consejo Directivo a Liendo. La flamante integrante de la «Unidad consultora para la modernización institucional» tendrá cargo equivalente al de un director nacional, con un salario de entre 3 y 4 millones de pesos. El broche del año fue la eliminación por decreto de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. 

“El bajón en el territorio se notó de forma automática. Impactó en los productores que no estaban fortalecidos, que necesitaban el acompañamiento de un profesional para la sanidad de la producción, para el seguimiento de los cultivos y los animales. También afectó en la administración de cooperativas, la comercialización, el mantenimiento de las salas de empaque o frío. Los pescadores también sufrieron mucho”, explica el integrante de Acina, que reúne a productores hortícolas, ganadores y pescadores artesanales. 

Entre los productores de la agricultura familiar aún se mantiene la desorientación y el desamparo estatal, sin encontrar mayores respuestas a los gobiernos provinciales y municipales. Castillo, oriundo de Villa Ocampo (Santa Fe), señala que la migración del campo a la ciudad ya comenzó a verse por las políticas aplicadas por Milei: “Habíamos tenido la experiencia de jóvenes que alquilaban tierra para hacer hortalizas o producción de gallinas, pero cuando se encareció el alquiler y la boleta de luz y agua, para el tercer mes de esta gestión ya habían abandonado el campo”. 

Desde el MTE-Rural y la Federación Rural explican que un proceso similar está ocurriendo en el cordón hortícola de La Plata, uno de los más importantes del país, y que abastece de alimentos al Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. “La irregularidad en las que quedaron los precios de los alquileres de los campos, la quita de subsidios para los servicios, los insumos y las semillas, dolarizados y encarecidos; y el avance del sector inmobiliario plantean una situación muy difícil”, advierte Padilla. Abregú completa marcando que lo que observan en el cordón hortícola es el desplazamiento de las familias—en su mayoría de la comunidad boliviana—, la vuelta a su país o la decisión de dejar el campo para buscar otras formas de ingreso. 

La derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena también marca un alerta para las organizaciones que denuncian cómo rápidamente llegó el mensaje del Gobierno a los empresarios en los territorios. “Hay comunidades que ya están siendo avasalladas, las persiguen, les incendian sus hogares, la destruyen la producción y el ganado menor. Y eso es para que la tierra la exploten los empresarios”, asegura la referenta del MTE-Rural, que ya había denunciado un caso de esta magnitud en Misiones.  

“Tenemos compañeros en Santiago del Estero que ya están con problemas de desalojo, ya sean por las topadoras empresarias o por conflictos legales con las tierras. Los empresarios comenzaron a amedrentar, a incendiar los campos alrededor de las casas de los campesinos para empujarlos a que se vayan o frenaron instancias de acuerdos judiciales. Esto genera el debate en las familias campesinas e indígenas, los jóvenes diciéndole a sus padres: ‘Vámonos porque acá ya no hay futuro’”, grafica Castillo. 

La inflación, un argumento para atacar a la producción de la agricultura familiar   

Las cifras de la inflación son el argumento del gobierno de Javier Milei para justificar las políticas de ajuste y, en particular, la del rubro alimentos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Indec marcó en noviembre un 2,4 por ciento en el nivel general y 166 por ciento interanual. El rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” fue el más bajo con un 0,9 por ciento. Sin embargo, ir a la verdulería continúa siendo un golpe al bolsillo para cualquier trabajador con el poder adquisitivo corriendo detrás de la inflación. El promedio ponderado de los salarios, medido por el Indec, arroja un descenso del poder de compra de 9,6 por ciento. 

Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) permite dimensionar más el dato de lo que ocurrió con frutas y verduras, en base al relevamiento de evolución de precios en hortalizas y frutas en el Mercado Central. En noviembre, la variación interanual en las hortalizas fue del 114 por ciento; mientras que el segmento de frutas la variación interanual alcanzó un 133,8 por ciento. Por debajo de la inflación, pero ¿a qué costo? “La verdura bajó y es parte del problema. En el caso del mercado de alimentos frescos no se vieron grandes aumentos porque al deprimirse el consumo hay una oferta excesiva de precios bajos”, apunta la integrante de la Federación Rural. 

Traducido: la inflación en alimentos no se dispara, en parte, por la caída de los salarios. Lo que se reflejó en otros rubros de alimentos: el consumo interno de carne vacuna por habitante fue, hasta octubre, el peor en 28 años, según las cámaras del sector. El Observatorio de la Cadena Láctea indicó para octubre una baja de 11,4 por ciento en el consumo respecto al mismo período de 2023. El Instituto Nacional de la Yerba Mate indicó que en los primeros diez meses del año la demanda cayó 9,2 por ciento respecto de 2023.

Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Economía planteó una solución para la baja de los precios de los alimentos: abrir las importaciones sin siquiera dialogar con los sectores de la agricultura familiar, que producen el 60 por ciento de los alimentos frescos que llegan a la mesa de los argentinos, según estudios de la FAO. Esa lógica encuentra errores en la ejecución, como en el caso de la cebolla: uno de los productos con los que Argentina compite con Brasil, relación que históricamente pone en juego los precios y la oferta local. Según el informe de CEPA, hasta noviembre, la cebolla incrementó su precio un 161 por ciento interanual, al mismo ritmo que la inflación general.  

“Como el Gobierno abrió las importaciones, está ingresando cebolla de Brasil o tomate de Paraguay. Esto ha generado un impacto fuerte como tener galpones acopiados de cebollas sin poder sacarlos a la venta, porque los intermediarios terminan sacando beneficio ante el juego de precios. Lo que queda en el camino es el trabajo de meses de cuidado de la producción y la inversión. El resultado es que no alcanza ni para pagar los servicios de agua, luz, los insumos y el alquiler “, describe Padilla, con conocimiento de la producción de la cebolla en el sur bonaerense. 

La situación de los productores se agrava no solo por los costos desregulados de los alquileres, los precios dolarizados de los insumos y la quita de subsidios, sino también porque esos precios más altos (de las cosechas) no llegan a sus bolsillos. Según el último informe de CAME, en noviembre, el consumidor pagó 3,6 veces más en la góndola que lo que recibió el productor de alimentos. Las mayores brechas la registró el sector frutihortícola, con la cebolla a la cabeza (7,7 veces). 

“Es una locura abrir importaciones en un país donde se produce alimentos en diferentes provincias, como la cebolla, la papa, el ajo. A este Gobierno no le importa potenciar lo que tenemos si no negociar con las grandes empresas”, sentencia la productora del MTE-Rural. “Desde que abrieron las importaciones lo dijimos: atenta, directamente, contra la producción local que puede alimentar a todo nuestro pueblo. Es una política que va a destruir la soberanía alimentaria”, sentencia Abregú.  

De precios justos y estrategias colectivas de producción   

Ante el incremento de los costos de producción, las organizaciones señalan que la respuesta es colectiva, desde las compras de insumos —sean semillas, biopreparados o nylon para los invernaderos— y fortalecer los canales de comercialización para sostener la producción. “Los costos se triplicaron y tenemos que reinventar estrategias de venta, de organización, básicamente para seguir existiendo”, señala Abregú. 

“La venta de cercanía es lo que estamos explotando al máximo —resalta Castillo—. Montamos la feria en la plaza ofreciendo alimentos de calidad a precios justos. En esas ferias estamos vendiendo mucho, en el caso de Acina tenemos una producción mixta: ofrecemos verduras agroecológicas y pescados frescos elaborados”, valora. 

Castillo pone dos ejemplos de cómo la producción local y la comercialización de cercanía puede traccionar para el acceso al alimento: el pescado de río lo ofrecen a 8.000 pesos el kilo, cuando en las pescaderías se venden el pescado de mar a 11.000o 13.000 pesos. El zapallo se ofrece el kilo a 900 pesos, cuando en el mercado está 1.400 pesos. “Hablamos de mercados de cercanía, sin recorrido, de la chacra a la mesa o del río a la mesa”, valora. 

Con la realidad del territorio, las organizaciones volvieron a plantar sus reclamos en el Congreso de la Nación, “que los diputados puedan llevar el problema y trabajarlo”, se esperanza Padilla. Aunque la respuesta, en principio, haya sido solo de Unión por la Patria, bloque con el que las organizaciones mantienen sintonía política. En la conferencia estuvo también el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, donde las políticas para el sector se mantienen activas, con recursos más escasos. 

Los voceros de la UTEP reconocen, en diálogo con Tierra Viva, que el punto crítico para la sostenibilidad del sector es la posesión de la tierra y el acceso, un punto clave de la Ley de Agricultura Familiar que no fue cumplido en las gestiones anteriores. “Tenemos que seguir con el protagonismo de las organizaciones campesinas: la ley la escribimos nosotros, la promulgamos nosotros, la reglamentamos nosotros. Necesitamos de funcionarios que tomen las decisiones políticas y económicas, que entiendan un poco más la importancia de la agricultura familiar”, reflexiona el integrante de Acina.  

Lo que quedó planteado de cara a 2025 es el reclamo por una ley vigente hace diez años: “¡Milei, cumplí la ley!». “La consigna tuvo que ver con salir de la trampa discursiva con la que la ultraderecha opera, ellos dicen ‘dentro de la ley todo fuera de la ley nada’. Bueno, es momento que hagan cumplir la ley que protege y permite a las familias productoras sostener un modelo productivo nacional, cuando intentan ser desplazadas por negocios inmobiliarios, por el extractivismo”, apuntó Abregú.

VER NOTA COMPLETA EN: https://agenciatierraviva.com.ar/el-primer-ano-de-milei-fue-una-burla-a-la-agricultura-familiar/