Por Vecinos y Colectivos Ambientales de Laguna Francia

La Laguna Francia se encuentra en Resistencia (Chaco). Es parte del sistema de 21 lagunas que aún resisten los embates del extractivismo inmobiliario en esta ciudad asentada en el valle de inundación de los ríos Negro y Paraná. Años atrás, eran 63 las lagunas que integraban el sistema. La lucha de vecinos y colectivos ambientalistas de Villa Altabe, uno de los barrios que se encuentran dentro del área de influencia de la laguna y sufre de las inundaciones por la pérdida de humedales, logró un fallo histórico del Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia. La sentencia reconoce como «sujeto de derechos» a Laguna Francia frente a la amenaza de un proyecto inmobiliario, con complicidad de la Municipalidad de Resistencia y la Administración Provincial de Agua (APA).

Cronología de la defensa de Laguna Francia

La Municipalidad de Resistencia decidió en 2019 otorgar un permiso de construcción a la empresa Patagonia SRL para desarrollar un emprendimiento inmobiliario sobre la Laguna Francia. El permiso contó con el aval de otras instituciones como la APA, que años atrás había negado la factibilidad para construir en esa zona, a otro propietario, aplicando la entonces vigente Resolución 1111/98, que establecía la cota de la línea de ribera a 30 metros del cuerpo de agua. Esa norma impedía que las viviendas avancen sobre el valle de inundación.

Sin embargo, la resolución anterior de la APA se modificó con una nueva resolución (la 333/17), que disminuyó la cota de ribera a 15 metros, dejando sin efecto el principio de «no regresión ambiental» y habilitando así a la empresa a construir en ese lugar. Ese mismo 2019, fecha de firma del permiso de construcción, los vecinos de Villa Altabe realizaron un recurso de amparo en el Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia, a cargo del juez Julián Flores, contra el el proyecto edilicio presentado en el municipio. La obra quedó paralizada.

En febrero de este año, el juez convocó, a través de un edicto en los diarios locales, a la empresa, a vecinos y al presidente de la Comisión Vecinal de Villa Altabe, Marcelo Barrios Dambra. El objetivo era analizar la factibilidad de una propuesta «superadora» de la obra, que había sido presentado a la nueva gestión municipal. La empresa proponía modificar la construcción de viviendas a oficinas y construir un espacio verde, aunque privado.

La audiencia ocurrió en el mismo predio de la laguna y se firmó un acta entre la empresa y Dambra —quien ya era cuestionado por los vecinos y en la actualidad tiene su mandato prorrogado— para darle curso al nuevo proyecto presentado por la compañía. Aquel día, el gremio de la Uocra asistió convocado por la empresa Patagonia SRL para respaldar el proyecto.

De todas formas, el juez Flores estableció dentro del acuerdo que el nuevo proyecto debía someterse a votación en una nueva audiencia pública a realizarse en el predio. Esto generó la movilización de los vecinos y organizaciones, y un ida y vuelta entre la Municipalidad de Resistencia y la empresa. La constructora, sabiendo de la falta de licencia social, terminó por retirar la propuesta. Lo que hizo que se caiga el acta de acuerdo firmada en febrero.

La decisión de la empresa significaba una victoria de los reclamos vecinales, pero se inició una operación de amedrentamiento contra vecinos y las organizaciones ambientalistas que habían defendido la Laguna Francia. Comenzaron a recibir cartas documento por parte de la empresa, exigiendo que se presenten en la causa retractándose por haber firmado el acta de acuerdo de febrero o, de lo contrario, deberían abonar un «resarcimiento» por daños y perjuicios por 500 millones de pesos.

De esta forma, los perjudicados directos eran amenazados con ir a juicio por sumas millonarias para resarcir a un solo desarrollador inmobiliario, que no solo atentaba contra el patrimonio natural sino también con la calidad de vida de los vecinos. Es importante destacar que cada vez que llueve poco más de 100 milímetros los vecinos y vecinas de Villa Altabe tiene el agua por los tobillos.

En paralelo, vecinos y vecinas presentaron notas en diferentes organismos públicos y ante el Juzgado de Faltas Ambientales de Resistencia denunciando la construcción del muro perimetral en las tierras de la empresa y la realización de conexiones sanitarias y eléctricas, cuando la obra estaba paralizada por estar abierto el expediente judicial.

La sentencia a favor de la naturaleza como sujeto de derechos

La exposición pública del conflicto, a partir del trabajo de difusión de los vecinos y colectivos ambientales, y gracias a algunos medios de comunicación locales, permitió visibilizar el caso y exponer a la empresa y los organismos cómplices, como el APA. Con estas denuncias públicas de fondo, se presentaron ante el juez Flores las presentaciones paralelas y la documentación probatoria del avance de obra (notas, videos e imágenes) para solicitar la resolución de la demanda.

La decisión del titular del Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia resultó ser un fallo sin precedentes. Flores reconoció a la Laguna Francia como sujeto de derechos, definiéndola como un zona de alta sensibilidad ecológica afectada por actividades humanas, que comprometen su capacidad de autoregulación hídrica y diversidad biológica.

 

La decisión de reconocer este cuerpo de agua como sujeto de derecho no solo permite su protección frente al avance del sector inmobiliario sino que también exige medidas para revertir el daño causado. El fallo se transforma en una herramienta significativa en materia normativa, que se suma a la legislación vigente y tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú para poder seguir defendiendo los humedales urbanos y, en particular, el valle de inundación del río Negro.

El fallo promueve también la creación de una Autoridad de Gestión de Integral de Lagunas Urbanas de Resistencia (Argilur), que debería estar integrada por vecinos, colectivos ambientales y universidades, para el gerenciamiento y la preservación de estos reservorios de agua. Es necesaria que la creación de esta autoridad no este viciada de la burocracia estatal.

Laguna Francia no es un triunfo definitivo. La empresa apeló el fallo, en conjunto con la Municipalidad de Resistencia. Se demuestra así, una vez más, la connivencia entre desarrolladores inmobiliarios y diferentes gestiones de gobierno provincial y municipal. El importante destacar que el fallo del Juez es resultado de la lucha de años de vecinos y colectivos ambientales reclamando por su territorio y el respeto a los humedales.

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