Su paso era lento. Su humilde casa está a pocos minutos caminando del centro del municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, pero su estado de salud hizo que ese corto recorrido le tomara más tiempo del previsto. En su rostro, la tristeza es evidente. Esta mañana lleva un catéter en la mano; la noche anterior su frágil salud se complicó. En la emergencia del hospital, el médico le recordó sus problemas respiratorios que ahora se suman a la profunda depresión y tristeza que carga desde hace un año, desde aquel 20 de junio de 2023 cuando le llamaron para decirle que su hija murió en una masacre carcelaria. 

Sonia Andrade Zelaya, madre de Diandra Mariel Andrade Zelaya, una de las 46 mujeres privadas de libertad brutalmente asesinadas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), decide hablar con nosotras esa mañana. Después de un año, el dolor por la ausencia de su hija se ve aumentado por el abandono de las autoridades y la sociedad en general hacia este caso, como si solo importara a las familias de las víctimas.

Según fuentes cercanas al caso, las autoridades recibieron numerosas advertencias antes de la mañana del 20 de junio de 2023, día en que se perpetró la mayor masacre en una cárcel de mujeres en la historia actual. Dentro de la prisión, 46 mujeres fueron asesinadas, mientras que otras más resultaron mutiladas y heridas. Este incidente involucra a pandilleras del Barrio 18, pero sobre todo señala la responsabilidad de las autoridades carcelarias y de seguridad, que sabían que algo así podría ocurrir y no tomaron medidas. Su inacción los convierte en cómplices. 

Sonia recuerda que esa mañana una vecina llegó a su casa alterada diciéndole: ‘¡Ya se enteró lo que pasó en la cárcel!’. Su respiración se detuvo por un instante, luego salió corriendo para encender la televisión. Así comenzó la agonía. Media hora después, lo que su corazón temía se hizo realidad. “Recibí una llamada de la cárcel y una muchacha me decía: madre, madre, Diandra está entre las muertas, la asesinaron madre”.

“Colgué el teléfono y solté en llanto. Mi hija murió con tantas ganas de vivir y tantos sueños. Esa mañana todos los recuerdos me cayeron encima, las pláticas que tenía cuando llegaba de visita a la cárcel. Aún recuerdo como ella estaba emocionada porque le dijeron que revisarían su caso, que podría tener una esperanza para volver a ver a sus hijos, para hacerse cargo de ellos”. 

La última vez que Sonia vio a su hija fue en diciembre de 2022, durante las fiestas navideñas. En esa ocasión llevó a los hijos de Diandra, un niño y una niña, para que pudieran compartir juntos. Estas son unas de las pocas fechas en que se permite que los menores visiten a sus madres en la cárcel. «Fue una plática hermosa; ella me contaba las metas que tenía para cuando saliera de la cárcel. Mi hija era una joven dinámica; ayudaba en la cocina, en el área de costura, hacía deportes, era muy emprendedora», dice entre lágrimas esta madre.

Diandra Mariel llevaba dos años y medio recluida en la prisión. Era oficial de policía y fue capturada junto a otros de sus compañeros acusados de traficar con migrantes que intentaban llegar hasta Guatemala en su camino hacia Estados Unidos. Según las autoridades, Diandra y otros cuatro policías eran parte de una red de traficantes que llevaban a migrantes irregulares de un punto a otro en la frontera de Honduras con Guatemala, alimentando así un negocio ilícito. 

Un año ha pasado desde la masacre y ninguna autoridad ha sido acusada formalmente. Las únicas acusaciones se dieron en abril pasado contra ocho integrantes de la pandilla 18. En declaraciones a medios de comunicación, Roberto Glen Andino, fiscal de Delitos contra la Vida, mencionó que este 2024 no podrá presentarse acusación contra alguna autoridad de la cárcel, a pesar de haberse confirmado que muchas de las privadas de libertad fueron asesinadas con armas de uso oficial. Según el abogado Glen, la investigación continuará al menos por otro año para seguir identificando autores y coautores materiales e intelectuales.»

Todo indica que la justicia continuará demorándose en este caso.

A juicio ocho pandilleras vinculadas en el asesinato de 46 mujeres recluidas en el PNFAS 

Para los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, la responsabilidad del Estado en estos crímenes no puede ser ignorada. Las armas de uso oficial solo pueden ser manejadas por agentes penitenciarios, y además hubo advertencias de las propias mujeres privadas de libertad que solicitaban ser trasladadas a otras cárceles, dado que estaban al tanto de lo que ocurría. La autoridad del centro penal no tomó medidas al respecto. Ahora, 46 familias lloran a sus seres queridos.»

De intervención en intervención 

Organismos de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado reiteradamente su preocupación por la crisis que enfrenta el sistema penitenciario en Honduras, caracterizado por deficiencias estructurales, especialmente en materia de salud y seguridad. Durante la administración actual de la presidenta Xiomara Castro, se han realizado múltiples intervenciones en las cárceles hondureñas:

• En agosto de 2022 se declaró emergencia en el sistema penitenciario y se eliminó la Junta Interventora que presidia la Fuerza de Seguridad Institucional (FUSINA), pasando la responsabilidad a la Policía Nacional.
• En abril de 2023 se nombró a la Viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, a cargo del manejo de las cárceles.
• Después de la masacre ocurrida el 20 de junio de 2023, se disolvió esa Junta Interventora y se entregó la administración de las cárceles a la Policía Militar, situación que se mantiene hasta la fecha, un año después.

Los frecuentes cambios en las autoridades que supervisan las cárceles evidencian la complejidad y la dificultad para encontrar soluciones efectivas a los problemas estructurales del sistema penitenciario en Honduras. La transferencia de la administración carcelaria entre distintas fuerzas de seguridad sugiere la ausencia de un plan integral y sostenible para abordar estos desafíos. Además, la reciente masacre en la cárcel de mujeres, junto con la impunidad que la rodea, recuerda la persistente inseguridad y falta de control en estos centros, según Daniel Cáceres, abogado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

Un año después de este trágico evento, aún hay muchas interrogantes sin respuesta por parte del Estado. «Las autoridades tenían control sobre el armamento; ¿cómo es posible que internas fueran asesinadas con esas armas? ¿Dónde están las líneas de investigación que podrían conducir a la responsabilidad de las autoridades carcelarias? La seguridad en las cárceles es responsabilidad exclusiva del Estado, y deben rendir cuentas sobre estos crímenes», enfatiza Cáceres.

El representante del CONADEH también destaca que la sobrepoblación en las cárceles, con más de 19 mil internos y un exceso del 40 por ciento, constituye una bomba de tiempo que podría resultar en más tragedias. «Aunque desde el Comisionado reconocemos que la construcción de más cárceles no necesariamente soluciona este grave problema, es crucial considerar otras medidas», concluye.

Desde el día en que le entregaron el cuerpo de su hija, Sonia no ha recibido ninguna información sobre el caso. «Ni siquiera los medios de comunicación hablan de ello; parece como si hubieran sido animales las que murieron. Nadie pide justicia, nadie se acuerda de ellas», lamenta.

Un año después, ninguna autoridad se ha comunicado con Sonia para informarle sobre el avance de la investigación o para indicar que se está trabajando para evitar que el caso quede impune.

Entre su frágil salud y la responsabilidad de cuidar a sus nietos, los dos hijos de Diandra, Sonia asegura que tiene poco tiempo para buscar respuestas por parte de las autoridades. «Las familias no estamos organizadas; no tenemos más detalles sobre la muerte de nuestras hijas. Es doloroso pensar que todo quedará así».

Con el primer aniversario de la masacre de las mujeres en Támara, Francisco Morazán, también se cumple el primer año del nuevo proceso de militarización de las cárceles, una receta ya aplicada en Honduras, pero que hasta ahora no ha dado respuestas, por el contrario, suma más denuncias de agresiones y violaciones a los derechos humanos de la población penitenciaria. 

En este primer año de impunidad en este caso organizaciones de derechos humanos piden a la autoridad asegurar la implementación de protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza. Asimismo, recuerdan que el Estado debe cumplir con la obligación de acceso a la justicia para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos mediante una investigación efectiva, pronta e imparcial y la sanción de los responsables en todos los niveles jerárquicos.

POR: Lolany Pérez 

Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, política y sociedad.

fuente: Radio Progreso, Honduras