Eran las 5:30 de la tarde del 13 de febrero de 2023, los hermanos Alfredo y José repartían tortillas como lo hacen durante años. Las reparten en bicicletas para terminar más rápido. 

Ese día, cuatro policías los detuvieron, les indicaron que pusieran las manos arriba de sus cabezas, pero antes de cumplir la orden llegaron los golpes y las cachetadas. Pero los golpes no fueron suficientes, les tiraron las tortillas al suelo y les rompieron las bicicletas. La patrulla los llevó a la delegación más cercana y ahí comenzó el calvario  para los hermanos. 

Por separado los metieron a un cuarto oscuro. “No se miraba nada, solo las voces se escuchaban”, recuerda José. Los dejaron en ropa interior y volvieron a golpearlos. Los policías, unos cinco según recuerda, tenían las botas sobre ellos y con un bate presionaban su cuello. 

A José, de 14 años, le exigían que confesara los nombres de su pandilla, le mencionaron alias que José desconocía. Al no obtener respuesta arreciaron los golpes. El joven asegura que no tiene ningún apodo, pero los policías se encargaron de inventarle uno y lo perfilaron como pandillero de la 18.

Los golpes no bastaban y también hubo amenazas de muerte. Uno de los policías, como si fuera juez, le aseguró que lo metería 15 años en la cárcel. Que podía matarlo si quería y lanzarlo a un barranco.

Su hermano Alfredo, de 25 años, también fue agredido por los policías. Cuando lo detuvieron le golpearon con un fusil, después, en el mismo cuarto oscuro, se aseguraron de apagar unas cámaras para pegarle y que no quedara evidencia. Otro de los agentes le puso la pistola en la frente. 

A José le fracturaron el brazo y Alfredo tuvo heridas en los hombros. Los liberaron después de varias horas de tortura. Las radiografías no mienten, muestran golpes y lesiones.

José y Alfredo fueron liberados el mismo día. La policía no encontró qué delitos imputar.  Otros salvadoreños no han tenido la misma suerte de ser liberados una vez son arrestados por la policía.  Han sido encarcelados y más de 200 han fallecido sin haber sido condenados. 

22 prórrogas para una medida temporal 

Han pasado más de 20 meses desde el 27 de marzo de 2022, más de 600 días, desde que El Salvador aprobó el régimen de excepción. Una medida que sería temporal y que se ha prorrogado 22 veces. Hasta el 31 de diciembre  de 2023, 220 personas fallecieron en este período, según el registro del Socorro Jurídico Humanitario. 

Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años, fue de los primeros que murieron. Falleció el 19 de abril de 2022 a solo 16 días de su detención y a menos de un mes de aprobado el régimen de excepción. Fue capturado el 3 de abril, cuando se dirigía a ver un partido de fútbol con un amigo. 

Elvin era músico,  le gustaba tocar la guitarra y el saxofón. Su  caso ha sido uno de los que más conmovió a la sociedad salvadoreña por las irregularidades que lo rodearon. A la familia le entregaron el cuerpo en una caja sellada porque supuestamente había muerto a causa del covid-19, pero no hubo una prueba que confirmara que tuvo esa enfermedad. 

El Instituto de Medicina Legal no realizó una autopsia, sólo informaron que falleció por covid-19, pero el hospital registró la causa de muerte como hipertensión y muerte súbita. 

El cuerpo de Elvin tenía hematomas. Signos de tortura. 

Elvin es de los 27 jóvenes menores de 30 años fallecidos hasta noviembre de 2023. Las autoridades salvadoreñas, como en muchos casos, nunca comprobaron que perteneciera a las pandillas. 

Los cuerpos de seguridad del Estado han capturado durante el régimen de excepción, en su mayoría, a personas jóvenes. Siete organizaciones defensoras de derechos humanos  atendieron entre marzo de 2022 y septiembre de 2023 a 5,775 personas que se consideran víctimas, más del 50% son menores de 30 años. 

Las duras condiciones en las cárceles de El Salvador también provocaron el fallecimiento de personas de la tercera edad, entre ellos Víctor de 72 años. 

Eran las 11 de la mañana del 19 de septiembre de 2022, Víctor trabajaba en su milpa, cuando policías, sin mayores argumentos lo arrestaron y lo trasladaron a la delegación del 911 de Sonsonate, departamento ubicado en el occidente de El Salvador. Le imputaron el delito de agrupaciones ilícitas; sin embargo, su familia asegura que nunca estuvo involucrado con estructuras criminales. 

Víctor falleció ocho meses después, el 6 de mayo de 2023, en el Hospital Rosales, luego de ser trasladado desde el penal de Quezaltepeque por complicaciones en su salud. Pero la oficina de Centros Penales notificó a la familia hasta el 20 de septiembre, es decir, 137 días después. 

“Nos dijeron que había fallecido hacía tres días”, dice su sobrina quien omitió su nombre. Sin embargo, cuando fueron a reconocerlo a la morgue les informaron que tenía cuatro meses de fallecido. En Medicina Legal les advirtieron que no abrieran el ataúd, que lo enterraran de inmediato, pero la familia decidió verlo por última vez. “Su piel ya se estaba desprendiendo”, dice su familiar. 

Víctor falleció por insuficiencia renal, una enfermedad que no tenía antes de ser arrestado. “Es una injusticia, es gente trabajadora, agricultora, a la que andan molestando”, agrega la sobrina del fallecido.

Pese a que ya había muerto, desde centros penales le llamaron a la esposa para que fuera a dejar el paquete que cada mes se le debe entregar a los privados de libertad (alimentación, medicamentos, objetos de higiene personal).  Le dijeron que necesitaba los productos, pero en esa fecha tenía un mes de haber muerto. 

Por falta de recursos económicos a los dos o tres meses le iban a dejar un paquete: “Debemos rebuscarnos con unos centavos para ver qué le podemos pasar, ellos también necesitan”, dice la sobrina del fallecido, quien también tiene a su padre en prisión desde hace más de un año. Teme que tenga el mismo fin que su tío. 

Víctor forma parte de la lista de 220 fallecidos que el Socorro Jurídico Humanitario registró hasta el 31 de diciembre de 2023, entre ellos 218 adultos y dos bebés. De los adultos, 206 son hombres y 12 mujeres.  

Según registros del Socorro Jurídico Humanitario, 61 fallecieron al interior de una prisión, 138 en un hospital —luego de ser llevados de emergencia desde un centro penal—,  ocho murieron en su casa, luego de ser liberados y en 11 casos se desconoce el lugar de su deceso. 

La mayoría fallecieron en hospitales. Esto es así porque: “No se saca a nadie de la celda, hasta que está a punto de morir”, relató un custodio, quien prefirió no dar su nombre y que trabaja para un penal. 

En 91 casos, el Socorro Jurídico Humanitario cataloga los casos como posible homicidio, debido a los rasgos de violencia en su cuerpo, 68 habrían fallecido por falta de atención médica y el resto por otras causas. 

Únicamente en 12 casos de los 218 adultos se comprobó que el fallecido era pandillero activo o retirado, el resto eran taxistas, agricultores, molineros, un pastor evangélico, comerciantes, un pescador y un mecánico, entre otras ocupaciones.  

Para el Socorro Jurídico sólo el 8% de los fallecidos estaba perfilado como pandillero, el 92% no tenía vinculación a estructuras criminales. Esto lo demuestran los arraigos entregados por sus familiares y las constancias que evidencian que no tenían antecedentes penales. 

Autoridades niegan muertes y torturas 

“Hay gente que está falleciendo en los centros penales, que padecen hasta cuatro morbilidades y quienes se niegan a recibir sus tratamientos de quimioterapia”, dijo el director de centros penales, Osiris Luna, en octubre de 2022, para justificar las muertes al interior de las cárceles.  

Un mes después, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el 7 de noviembre del 2022, confirmó la existencia de 90 muertos en centros penales, en el marco del régimen de excepción. En ese momento dijo que todas las muertes estaban siendo investigadas por la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal. 

En  junio de 2023, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó la existencia de 142 casos de fallecidos en el interior de centros penales durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. 

“142 casos no constituyen delito, de acuerdo con nuestras investigaciones”, dijo el fiscal general en una entrevista televisiva en junio de 2023. Aseguró que los fiscales investigaron “técnicamente cada uno de los hechos”. Sin embargo, la fiscalía no publicó ningún documento sobre las investigaciones realizadas, ni las familias de los fallecidos fueron notificados sobre dichas investigaciones. 

El comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión, Andres Guzmán, en más de una ocasión, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), negó que ocurran muertes y torturas en los centros penales de El Salvador. 

En la audiencia de noviembre de 2023,  el comisionado presidencial defendió las políticas de seguridad del gobierno y dijo que las oenegés buscan atacar los planes de seguridad del Gobierno porque “son efectivos” y lo hacen con “fines electorales”.

Los funcionarios salvadoreños no hablan de muertes violentas, ni de las visibles torturas en los rostros y cuerpos de los fallecidos. Los casos documentados por el Movimiento de las Víctimas del Régimen (Movir) evidencian los golpes, cortes y hasta quebraduras en los cadáveres. Pero los fallecimientos quedan consignados como consecuencia de neumonía, anemia, infarto, insuficiencia renal, hemorragia cerebral, tuberculosis, edema pulmonar, entre otras.

“Pensé en quitarme la vida” 

César agacha su mirada y habla bajo. Mueve sus piernas nervioso, pero con mucha convicción en sus palabras. Estar en el penal fue muy triste, dice. Al ingresar lo hincaron en grava, lo desnudaron y lo golpearon con macanas. Al siguiente día no podía ni sentarse. Los malos tratos no fueron solo físicos, también psicológicos, pues  les decían que ahí se iban a morir. “¿Qué estoy pagando si no debo nada?”, se preguntaba a sí mismo.

En las celdas no hay energía eléctrica, recuerda. “Las noches son tristes, cada noche era un infierno para mí”, dice César; mientras recordaba que en su casa tenía una buena cama y en la prisión debía dormir en el piso. La depresión fue tanta que pensó en quitarse la vida. Muchos lo piensan, otros han intentado cortarse las venas, añade César.

“Me siento manchado, han violentado mis derechos, todo eso el Gobierno no me lo va a reconocer, todo lo que han hecho en mi vida como joven”, reflexiona. César estaba entusiasmado porque iría a la universidad, estaba apunto de pagar la matrícula, cuando lo capturaron. 

“Es bien crítico todo lo que le han hecho a la sociedad”, se lamenta el joven quien asegura que el régimen de excepción le cambió la vida.

Las torturas en las cárceles de El Salvador 

– Joven, 23 años: falleció el 18 de abril de 2022. El cadáver presentaba señales de golpes en varias partes del cuerpo, quebraduras en pies y manos, llagas en la espalda en forma alargada tipo quemadura, lo que evidencia que pudo ser víctima de tortura.  El cadáver fue entregado a la familia en un ataúd cerrado. El Instituto de Medicina Legal determinó que se trató de “muerte súbita”.

– Hombre, 30 años: murió a consecuencia de “asfixia mecánica por estrangulación”. El cadáver tenía una especie de protuberancia y hematomas, posiblemente perpetrados con un objeto rígido. Pudo ser estrangulado con un palo o macana.

– Mujer, 42 años: falleció en el Hospital San Juan de Dios de Sonsonate. Su cuerpo era irreconocible, bajó 40 libras de peso en las cárceles de “Ilopango” y “Apanteos”. Su detención se produjo por denuncia anónima.

Los anteriores son casos que la organización de derechos humanos Cristosal documentó en el informe “Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”. El texto recopila los casos de torturas en los centros penales y quienes han estado ahí lo confirman.

El ambiente al interior de los penales es agobiante, las láminas se calientan demasiado. A partir de las 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde el calor es insoportable. Así lo describe Dolores, quien estuvo presa. Las celdas estaban calculadas para 78 personas,  pero con el régimen las han saturado hasta con 170. 

Los custodios amenazan con echar gas pimienta y cuando las reclusas no se callan, cumplen su amenaza. A las 9 de la noche nadie debe pronunciar ni una palabra, “solo los grillos se deben escuchar”, dice.  Si alguien habla o murmura puede ser golpeado por los custodios. 

Otro castigo es no permitirles salir a los sanitarios. Les llevan una cubeta para que hagan sus necesidades. Hasta que la cubeta se llena la sacan de la celda, mientras tanto permanece en medio de las casi 200 detenidas que hay en las celdas.

“A algunas mujeres las guindan con esposas en una tela ciclón que tienen, “ahí las tienen día y noche, a otras las llevan al calabozo”, un  lugar de castigo. 

Sicariato y fosas en Mariona