"La búsqueda de nuestros familiares no puede continuar siendo una búsqueda a ciegas: es necesario que quien tiene información, la otorgue, es urgente quebrar el silencio y romper con la cultura de la impunidad", señaló la agrupación a través de un comunicado, leído en conferencia de prensa por Alba González Souza, madre de Rafael Lezama González, secuestrado en Buenos Aires en octubre de 1976, al presentar la marcha.

"Los avances son lentos e insuficientes, el tiempo corre y seguimos sin saber qué hicieron con nuestros familiares; seguimos con una justicia incompleta, que desoye el reclamo por verdad", añadió el texto.

"En esta oportunidad, volvemos a reclamar por la verdad que las Fuerzas Armadas mantienen al día de hoy secuestrada", indicó la organización, que consideró necesario que "el Estado asuma su responsabilidad", para que "nunca más haya terrorismo de Estado".

Tras el fin de la dictadura, en 1986, en Uruguay se aprobó la denominada Ley de Caducidad, refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989 y 2009, que brindó durante años una amnistía a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados.

Con la llegada del Frente Amplio al poder en 2005, se buscaron excepciones a la ley para iniciar varios juicios a militares y políticos por su rol en esa época y, finalmente, una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2011 permitió ampliar los procesos, que llegaron a producir condenas de cárcel de hasta 30 años.

“Seguimos en la lucha porque no conseguimos nada, pero es evidente que el Estado debe decir qué pasó con nuestros familiares. Siempre estamos pidiendo información y no nos contestan, es como si fuera natural los desaparecidos y no es natural, es algo terrorífico lo que ha sucedido”, señaló González Souza a Télam tras la conferencia de prensa.

“No hay que claudicar, además el pueblo está respondiendo porque están haciendo pequeñas marchas en sus departamentos y localidades y esto es nuevo porque lentamente la gente se ha dado cuenta que tenemos toda la razón. Pero seguimos luchando, aunque nos vamos yendo, seguimos y el pueblo sigue cada año haciendo más multitudinaria esta Marcha del Silencio. Es una lucha contra la impunidad”, completó.

Por su parte, Ignacio Errandonea, hermano de Juan Pablo Errandonea, desaparecido en Argentina en 1976, recordó la presencia en la coalición de Gobierno de Luis Lacalle Pou del partido Cabildo Abierto, con una estructura "compuesta por militares formados en la doctrina de la Seguridad Nacional, en la que se basó el terrorismo de Estado".

"Siguen reivindicando lo hecho en la dictadura y tratando de torcer la historia y justificar lo que fue el golpe de Estado por los movimientos guerrilleros que había, cuando es de público conocimiento que la guerrilla estaba derrotada. Tienen una política muy agresiva con respecto a la verdad, de disputar todo lo que es la historia comprobada por los testimonios y por los juicios”, aseguró a Télam en Montevideo.

“Nosotros salimos de la dictadura y desde los primeros gobiernos hay una negación sobre lo fue el terrorismo de Estado y los desaparecidos. Lo hicieron los gobiernos de (Julio María) Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, padre del actual presidente. Recién en el mandato Jorge Batlle (año 2000) con la Comisión para la Paz se reconoce que hubo desaparecidos producto del terrorismo de Estado. Esto fue después de 15 años”, graficó.

 

“Seguimos en la lucha porque no conseguimos nada, pero es evidente que el Estado debe decir qué pasó con nuestros familiares. Siempre estamos pidiendo información y no nos contestan, es como si fuera natural los desaparecidos y no es natural, es algo terrorífico lo que ha sucedido”González Souza

Errandorena consideró que la impunidad también viene desde la coalición de Gobierno y detalló que “hubo un proyecto del partido militar (Cabildo Abierto) que le daba prisión domiciliaria a las personas que estaban presas por delitos cometidos en la época del terrorismo de Estado".

"Con esto estamos retrocediendo en materia de derechos humanos. Encima como sociedad asumimos tardíamente la cuestión de la Verdad y la Justicia y es por eso que hoy tenemos solo 50 militares condenados o presos, de los que algunos murieron y otros gozan de prisión domiciliaria”, apuntó.

En tanto, Graciela Montes de Oca, hija de Otermín Laureano Montes de Oca, que desapareció en 1975, resaltó: “La experiencia que nos dio la pandemia es podernos abrir a todos los colectivos y fundamentalmente a todo el interior. Encontramos una nueva forma de conectarnos para recordar durante todo el mes de mayo a nuestros desaparecidos y hacer memoria para el Nunca Más”.

Montes de Oca recordó que el año pasado el Ministerio de Defensa quiso establecer por decreto que mayo fuera el mes del soldado.

"Y hay que felicitar a los compañeros del interior que resistieron esta medida con acciones simbólicas, como pegar o sembrar margaritas, que aquí representan a los desaparecidos. Fue una pulseada que se ganó, ya que este año ya no se habló sobre que mayo fuera el mes del soldado, sino mayo mes de la Memoria”, apuntó.

La Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo en recuerdo del asesinato en esa fecha de 1976 de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser ultimados.