"Se presentó la ampliación de la denuncia del juicio ordinario del caso Senkata, contra la señora Jeanine Áñez y su gabinete. Ha decidido la justicia que corresponde a la justicia ordinaria y no un juicio de responsabilidades la tramitación de esa causa", reveló el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

Áñez asumió la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019 en medio de una crisis política en la que el entonces presidente Evo Morales fue obligado a salir del cargo y debió refugiarse en México.

Siles precisó que el Estado fue notificado formalmente por las instituciones víctimas en el caso Sacaba y Senkata, “el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima), que es parte del Ministerio de Justicia, que corresponde el juzgamiento por la vía ordinaria”, reseñaron la agencia Sputnik y el sitio Fides.

Áñez está acusada de genocidio, lesiones graves, lesiones leves, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes.

En junio del año pasado, la justicia condenó a Áñez en el caso Golpe de Estado a diez años de cárcel, que actualmente cumple en la Cárcel Femenina de Miraflores en La Paz.

 

Masacre de Senkata

Al menos 37 personas murieron en la masacre de Senkata, ocurrida en 2019 en El Alto, La Paz, cuando fuerzas policiales y militares reprimieron a manifestantes que protestaban contra Áñez cerca de una planta de almacenaje de combustibles.

Mientras, el vicepresidente David Choquehuanca instó a generar un movimiento nacional para que “los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata sean sancionados”.

En 2019 y 2020 “hubo masacre, hubo persecución y estos hechos no pueden quedar en la impunidad; necesitamos generar todo un movimiento; no es solo de responsabilidad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sino que todo el pueblo tiene que trabajar para que todos estos hechos no queden en la impunidad”, indicó Choquehuanca durante un acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Ante un auditorio colmado por familiares de los fallecidos durante las masacres de 2019, Choquehuanca señaló que luego del golpe de Estado se violaron “gravemente los derechos humanos” y destacó que sólo con la lucha del pueblo boliviano se pudo recuperar la democracia.

“Gracias a esos hermanos (de Sacaba y Senkata), que han ofrendado sus vidas hemos recuperado nuestra democracia y es obligación, no solo del Ministerio de Justicia, del Defensor del Pueblo, de los organismos internacionales, los luchadores sociales, sino de todos, reparar integralmente estas graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo, según la estatal agencia ABI.

El 15 de noviembre de 2019, el gabinete de Áñez aprobó el Decreto Supremo 4078 que eximió de “responsabilidad penal” a policías y militares por sus operaciones en Senkata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba.