Por Nahuel Lag

“Este proyecto no va a avanzar porque la ciudadanía va a mostrar que no hay licencia social”, sostiene Suyhay Quilapán, vocera de la Multisectorial Defendamos a Nuestro Golfo. El viernes, la Legislatura de Río Negro aprobó sin debate y a puertas cerradas la modificación de la Ley 3308 para habilitar la construcción de un oleoducto que unirá Vaca Muerta con la localidad rionegrina de Punta Colorada, en el Golfo San Matías. “Tenemos todos los argumentos de nuestro lado para que esto no avance: hay ilegalidad porque el proyecto de YPF fue escrito previendo la modificación de la ley vigente”, explica Quilapán. 

La Multisectorial, que se manifestó en las puertas de la Legislatura el viernes pasado, avanzará con presentaciones legales por la violación de la Ley General de Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT. Y advierte el impacto que tendrá la actividad en las áreas naturales protegidas, la reproducción de merluza –central en la actividad pesquera– y el turismo. Las asambleas reunidas en la multisectorial avanzarán por la vía judicial con el acompañamiento de la Asociación de Abogades Ambientalistas. 

El proyecto de YPF se denomina “Vaca Muerta Sur”. Desde el momento de su redacción, puertas adentro de la empresa petrolífera controlada por el Estado pero integrada por capitales extranjeros, se contaba con la modificación de la Ley 3308. Esa norma fue aprobada en 1999 para prohibir la exploración, explotación e instalación de oleoductos y gasoductos. La Legislatura de Río Negro finalmente la modificó para habilitar la instalación de oleoductos y gasoductos. La exploración y explotación seguirán prohibidas. 

El cambio de la normativa se votó sobre tablas el 25 de agosto y el viernes 9 de septiembre se confirmó en una segunda lectura. Los votos a favor fueron 40 de la bancada oficialista de Juntos Somos Río Negro, Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio. Solo el diputado Pablo Barreno (FdT) votó en contra. La diputada María Inés Grandoso se abstuvo e Ignacio Casamiquela y José Luis Berros se retiraron del recinto: los tres son legisladores del Frente de Todos. 

“La votación en la Legislatura, otra vez, fue cerrada. No presentaron sus fundamentos y no nos dejaron ingresar al recinto, mientras que el gobierno movilizó a su brazo sindical para respaldar la modificación”, describió Quilapán sobre lo ocurrido el viernes pasado. Ese día, a la protesta de la multisectorial el gobierno de Arabela Carreras respondió con movilizaciones de la seccional Viedma de la Uocra, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SOMU) y la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos de San Antonio Oeste. El proyecto promete solo cien puestos de trabajo una vez que se finalice la construcción del puerto. 

Según las proyecciones de YPF, en febrero de 2023 se estima avanzar con las obras para la instalación del puerto que finalizarían en 2025. Sin embargo, la vocera de la multisectorial en defensa del golfo confía en que eso no ocurrirá porque “el proyecto está marcado por la ilegalidad”. Los próximos pasos serán una presentación judicial contra la iniciativa de YPF y el Gobierno de Río Negro, con el patrocinio del abogado ambientalista Facundo Molinari y el acompañamiento de la Asociación de Abogades Ambientalistas. 

“Sabíamos que la modificación se aprobaría porque tiene el respaldo político y los legisladores legislan para una minoría con otra cosmovisión, que no es la de la reproducción de la vida sino no la maximización de la ganancia”, apunta Quilapán, también integrante de la multisectorial por la Pastoral Social y la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas.   

La estrategia legal buscará conseguir el respaldo del Poder Judicial frente a una serie de ilegalidades que desde la multisectorial señalan sobre la modificación de la 3308: principios básicos de jurisprudencia ratificados por el país y asentados en el Acuerdo Regional de Escazú, entre ellos la falta de acceso a la información y participación de la ciudadanía; como también la violación del principio de no regresión sostenido en la Ley General de Ambiente. O la falta de consulta previa a los Pueblos Originarios presentes en el territorio que recorrerá el oleoducto desde Vaca Muerta hasta el Golfo de San Matías. 

Un proyecto para la exportación de materia prima sin mirar a las comunidades del Golfo San Matías 

El proyecto Vaca Muerta Sur planifica construir un oleoducto que cruzará todo Río Negro desde territorio neuquino en Vaca Muerta hasta el municipio de Sierra Grande, al sur del Golfo San Matías. En su primer tramo, el oleoducto está proyectado en paralelo al actual ducto de la empresa Oleoductos del Valle Sociedad Anónima (Oldelval), que en diciembre pasado protagonizó el mayor derrame petrolero de la última década. La desembocadura será en el golfo, que reúne cinco áreas naturales, el flamante Parque Nacional Islote de Lobos, las ciudades costeras de Las Grutas y Playas Doradas y toda la actividad pesquera provincial.  

Mientras la Legislatura de Río Negro se preparaba para votar la modificación, la gobernadora Arabela Carreras ya lo daba por hecho en su exposición en el evento “Amcham Energy Forum”, un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) convocado bajo el lema “Argentina, la oportunidad energética”. En ese encuentro, Carreras no solo dio por modificada la Ley 3308 sino que adelantó un proyecto para construir un gasoducto en San Antonio Este –en el extremo norte del Golfo San Matías– con inversión del Grupo Techint. La mandataria ya había adelantado la iniciativa del gasoducto en diciembre cuando el intendente de San Antonio Oeste, el oficialista Adrián Casadei, impulsó una declaración de interés para un proyecto hasta entonces ilegal, por la vigencia de la Ley 3308. 

Los fundamentos oficialistas para ambos proyectos hablan de beneficios para las comunidades locales para avanzar en las redes de gas. “Cuántas comunidades fueron desplazadas para la construcción de las represas de El Chocón y Piedra del Águila y siguen sin tener luz”, recordó Quilapán. “Estos proyectos son para la exportación de materia prima, algo que ya fracasó. Necesitamos modelos de desarrollo reales, hay que construir un modelo de desarrollo que sea para las comunidades y no para el empresariado”, exigió la vocera de la multisectorial y señaló que, en última instancia, ya existen otras zonas donde funcionan puertos. 

“Quieren convertir el Golfo San Matías en zona de sacrificio y ahí se caen todas las estructuras: pueden nombrar la zona patrimonio para la conservación de especies naturales o firmar el Acuerdo de Escazú, pero luego no hay estrategias para aplicar esas normas”, lamenta.   

“No hay remediación ambiental” 

Quilapán explicó que desde la multisectorial solicitaron, sin éxito, el acceso a los fundamentos con los que votaron los diputados que apoyaron la modificación. Y que enviaron correos con fundamentos sobre el porqué de no avanzar en la modificación al canal de comunicación que la Legislatura de Río Negro tiene con la comunidad: un correo electrónico.  

El puerto que proyecta levantar YPF será “el más grande de la Argentina” con 250 hectáreas y un sistema de acopio de 20 tanques –con capacidad para siete millones de barriles– superando la capacidad que la empresa Ebytem Oiltanking tiene actualmente en Puerto Rosales (Bahía Blanca). Además se contempla la instalación de dos monoboyas –sobre las aguas del golfo– para carga de buques.  

La vocera de la multisectorial en defensa del Golfo San Matías enumeró las consecuencias que tendrá la instalación del puerto de exportación petrolera de acuerdo a los biólogos, ingenieros y químicos que vienen consultando. La primera advertencia surge por la previsible alteración que generará la actividad petrolera y portuaria en áreas naturales protegidas, en particular las marítimas de gran fragilidad. 

Además, desde la multisectorial alertan sobre el impacto que tendrá en la actividad económica pesquera de la zona. “Punta Colorada, donde está proyectada la salida del oleoducto, es una zona de desove de la merluza. Esta especie constituye para el pueblo argentino el producto de mar de consumo masivo”, apunta Quilapán. 

En cuanto a las consecuencias de la actividad petrolera, la vocera de Defendamos Nuestro Golfo señaló que el riesgo está presente en toda la traza del oleoducto, que atraviesa la provincia y podría afectar el curso del Río Negro, que abastece de agua a las producción del valle frutícola provincial. El derrame ocurrido en diciembre en el ducto de Oldelval fue a solo cinco kilómetros del Río Colorado. 

Por otro lado, la asambleísta advirtió que en la actividad de carga y descarga de buques, aunque no ocurrieran derrames, sí están contemplados escurrimientos propios del trasvase de las monoboyas a los barcos.  “No existe la remediación en términos ambientales. Jamás se vuelve a punto cero, incluso los detergentes que se utilizan para la remediación son productos del petróleo. Si este proyecto ya está decidido, existen otras zonas ya afectadas por esta actividad que no pueden convivir con el turismo y la pesca”, sentenció la Quilapán.  

“Los gobiernos nos miden la fuerza. Cuando intentaron instalar la planta nuclear China se hablaba como si fuera un hecho, pero todas las comunidades se plantaron y el proyecto se paró. Cuando hay organización, resistencia y no existe licencia social no queda otra que dar marcha atrás. En Río negro estamos cercados por proyectos extractivos: el uranio en Valcheta, el Hidrógeno Verde en Sierra Grande. Es una única lucha contra el extractivismo: hay otros modelos de desarrollo que no incluyen sacrificio de los territorios y muchos menos de las personas”, resumió la asambleísta.