"(Es) la formulación de la política de paz como una política de Estado, eso significa en primer lugar que no será solamente el alto comisionado para la paz sino el conjunto de los ministros y ministras los que tendrán a su cargo desarrollar distintos aspectos de la política en este campo", dijo a Télam el senador oficialista Iván Cepeda, quien estuvo presente en la presentación del proyecto en el Congreso.

Además, comentó que la iniciativa establece que "cada Ministerio deberá -desde su compentencia- desarrollar aspectos complementarios de la política de paz total".

"Asimismo, queda de facto abolido el servicio militar obligatorio y se genera una alternativa para los jóvenes de Colombia que es prestar un servicio social para la paz", explicó Cepeda.

Este servicio, agregó, tendrá por objetivos, "por ejemplo, implementar el Acuerdo (de Paz) de 2016, buscar que se alfabetice a poblaciones rurales en el uso de las técnicas digitales, así como la posibilidad de que los jóvenes trabajen en esas zonas rurales con las victimas" del conflicto armado.

El servicio, de ser creado, tendría una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar.

Finalmente, Cepeda detalló que la iniciativa "incluye la creación de la figura región de paz que implica territorializar la política de paz, con la inclusión de comisionados regionales que serán nombrados por el alto comisionado de paz".

El proyecto prorroga la Ley 418 de Orden Público que data de 1997 pero además introduce modificaciones para poner "a la política de paz en el centro del conjunto de iniciativas del gobierno nacional", según Cepeda.

El texto fue radicado este martes en la Cámara de Representantes por el Gobierno, representado en la figura del ministro del Interior, Prada, y el de Defensa, Iván Velázquez, acompañados además por Cepeda y por los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, David Racero y Roy Barreras.

En lo que respecta al sometimiento de bandas criminales a la justicia, fuentes consultadas el diario colombiano El Tiempo aseguraron que habrá otro proyecto que establezca el procedimiento y sería presentado en las próximas semanas.

El proyecto de ley asegura que se comprometerá a las autoridades "de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento" y habrá reuniones bimensuales para dar seguimiento al proceso.

Los déficits en torno al cumplimiento y ampliación de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son uno de los principales desafíos del actual ocupante de la Casa de Nariño, en un país en el que según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hay 6 conflictos armados aún vigentes.

De todos modos, el nuevo Gobierno colombiano, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya manifestaron su voluntad a dialogar camino a lograr la "paz total", que ha sido una promesa de Gustavo Petro desde la campaña presidencial.