La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó que 56,5 millones de personas sufrieron hambre en 2021 en América Latina, mientras que 268 millones padecieron inseguridad alimentaria. Según el reciente informe "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI, por sus siglas en inglés)", en solo dos años (entre 2020 y 2021), otras cuatro millones de personas de América Latina y el Caribe se sumaron a las millones que no comen de forma regular ni suficiente.

En 2021 padecían hambre en el mundo entre 702 y 828 millones de personas. La cifra aumentó en unos 150 millones desde la irrupción de la pandemia de Covid-19 —103 millones de personas más entre 2019 y 2020 y 46 millones de personas más en 2021—. Según las previsiones de la ONU, unas 670 millones de personas seguirán padeciendo hambre en 2030, es decir, el ocho por ciento de la población mundial, el mismo porcentaje que en 2015: cuando se puso en marcha la "Agenda 2030" para reducir el hambre.

Este retroceso se produce después de un aumento de nueve millones más de personas con hambre entre 2019 y 2020, con el número de personas desnutridas alcanzando un total de 56,5 millones en 2021, el 8,6 por ciento de la población regional. 

El relevamiento global señala que, del total de personas con hambre en 2021, más de la mitad vive en Asia, más de un tercio en África, mientras que América Latina y el Caribe concentra el 7,4 por ciento de quienes sufren hambre a nivel mundial. 

Por los impactos de la guerra en Ucrania, las simulaciones contenidas en el informe SOFI sugieren que, bajo el escenario de choque moderado, el número global de personas desnutridas en 2022 aumentaría en 7,6 millones, mientras que este aumento ascendería a 13,1 millones de personas más con un escenario de guerra más severo. 

Respecto a las políticas de los Estados para paliar esta situación, el estudio advierte que el apoyo a la producción agrícola se concentra principalmente en los alimentos básicos, los lácteos y otros productos ricos en proteínas de origen animal, especialmente en los países de ingresos altos y medianos altos. El arroz, el azúcar y las carnes de diversos tipos son los que más incentivos reciben a nivel mundial, a diferencia de las frutas y las hortalizas, que reciben menos apoyo en general, o a los que incluso se penaliza en algunos países de ingresos bajos.

El SOFI es una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Faltan políticas públicas y sobra inflación

Según el informe, el hambre casi se ha duplicado en América del Sur desde 2015, mientras que en el Caribe ha aumentado 2,2 puntos porcentuales y en América Central 0,9 puntos porcentuales desde ese mismo año. Para la ONU, el incremento registrado en su informe “refleja las exacerbadas desigualdades entre países y dentro de ellos”. El estudio indica que “es momento de que los gobiernos empiecen a examinar su apoyo actual a la alimentación y la agricultura”.

El organismo internacional asegura que “se precisarán también políticas relacionadas con el medio ambiente, la salud, el transporte y la energía a fin de potenciar los resultados positivos de la adaptación del apoyo en los ámbitos de la eficiencia, la igualdad, la nutrición, la salud, el cambio climático y el medioambiente”.

Otro factor que incide negativamente es la inflación en los precios de los alimentos, en muchos casos acelerada por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. A su vez —explica la ONU— el contexto de recesión actual dificulta aún más que muchos gobiernos incrementen sus presupuestos para invertir en la transformación de los sistemas agroalimentarios. No obstante, el SOFI asegura que “se puede, y se debe, hacer mucho con los recursos existentes”.

Una recomendación clave del informe es que los gobiernos deben replantearse cómo pueden reasignar sus actuales presupuestos públicos para hacerlos más eficaces y eficientes a la hora de reducir el costo de los alimentos nutritivos e incrementar la disponibilidad y la asequibilidad de las dietas saludables, de manera sostenible y sin dejar a nadie atrás.