Por Gonzalo Ruiz Tovar

"No veo la destitución en un panorama próximo", dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, aunque advirtió que en medio de la incertidumbre tampoco se puede descartar una futura caída de Castillo mucho antes de que termine su período en 2026.

La ventaja para el mandatario radica de alguna manera en que el que fue su partido, Perú Libre (PL), advirtió a través de su nueva portavoz, Silvana Robles, que a pesar de la ruptura no se sumará a la "ofensiva golpista", en referencia a las acciones impulsadas por tres partidos de derecha "dura".

En teoría, si las cuatro facciones en que se divide ahora lo que fue la bancada de PL se mantienen unidas para evitar la destitución, lograrán impedir, junto con la agrupación aliada Cambio Democrático y algunos otros congresistas, que la contraparte alcance los 87 votos (de 130) que se necesitan para vacar (destituir) a Castillo en el Congreso.

"No creo que PL apoye la vacancia, porque preferirá conservar una porción de poder a perderlo todo", afirmó Santa Cruz. En igual sentido, se pronunciaron otros analistas que consideran improbable que el partido termine de furgón de cola de las fuerzas opositoras más radicales.

Sin embargo, hay quienes dudan: el reconocido periodista César Hildebrandt, por ejemplo, asegura tener información de que el jefe del otrora partido de Castillo, Vladimir Cerrón, tiene un acuerdo con la vicepresidenta Dina Boluarte para que ella asuma el Gobierno tras una hipotética destitución.

Boluarte, ministra de Inclusión Social y quien también está en riesgo de ser sacada por el Congreso, fue expulsada meses atrás de PL por criticar a Cerrón, pero Hildebrandt asegura que, según sus fuentes, las discrepancias fueron superadas.

Mientras tanto, el fantasma de la acusación constitucional, que será solicitada al pleno del Congreso por la Comisión de Fiscalización, se convierte en otra espada amenazante para el mandatario, aunque tampoco eso implica una salida inmediata del poder.

La Comisión, presidida por el representante de derecha Héctor Ventura, dice tener "elementos probatorios e indiciarios que acreditan las presuntas comisiones de delitos" por parte de Castillo, quien se expone a señalamientos por "organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo".

Concretamente, el subgrupo parlamentario dice tener elementos sólidos para concluir que Castillo, junto a, entre otros, dos sobrinos y sus entonces secretario general, Bruno Pacheco, y ministro de Transportes, Juan Silva (los cuatro prófugos ahora), recibió dinero para entregar a una empresa la construcción de un puente sobre el río Huallaga.

Además, según Ventura, se encontraron elementos que supuestamente involucran a Castillo en maniobras para ayudar a determinados oficiales en los ascensos militares o para proteger a deudores tributarios.

El caso es novedoso, por ser la primera vez que un presidente queda expuesto a una acusación constitucional cuando aún está en funciones. Además, la Fiscalía, en una determinación también sin antecedentes, dio luz verde a que se investigue ya al presidente, quien el próximo 28 de julio cumplirá su primer año en el poder.

Para el constitucionalista Omar Cairo, la acusación podría entrar en un receso hasta que termine el período ordinario, aunque también podría haber salidas como la de que el Congreso suspenda el mandatario por un determinado lapso, tras lo cual o es repuesto en el cargo o se va destituido.

Por ahora, Castillo, que se dice objeto de persecución, apunta a defenderse con la posición de que las acciones en su contra son ilegales, según el discurso de su abogado, Benji Espinoza. Fue en ese marco que el gobernante se negó a atender la convocatoria a declarar que le extendió la Comisión de Fiscalización.

En ese marco complicado, en el que perdió además a un quinto ministro por destitución del Congreso -el de Interior, Dimitri Senmache- Castillo rompió con PL, el partido autoproclamado marxista leninista que lo llevó a la presidencia.

El mandatario, cuyo ingreso a PL se dio con la campaña electoral ya en marcha, renunció a la militancia apenas horas después de que Cerrón se lo pidiera por supuestamente estimular las deserciones internas y por desarrollar una política "neoliberal" distante de los ofrecimientos socialistas.

Así, la que fue bancada del Gobierno con 37 congresistas está ahora dividida en cuatro: la original, con 16 miembros y la única con estatuto de partido; el Bloque Magisterial -integrado básicamente por profesores y con el que Castillo muestra clara identificación-, con 11, y Perú Democrático y Perú del Bicentenario, con cinco cada una.

Para Santa Cruz, que considera que no es coincidencia que la ruptura se diera cuando se van a definir los cargos directivos en el Congreso, lo que habrá que ver en el inmediato futuro es como se articulan esas fuerzas.

Según el politólogo, Castillo tendrá además que intentar cercanías con bancadas de centroderecha y centro que ya le han dado una mano en peleas con los partidos de derecha Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

Lo que presumiblemente se viene serán nuevos intentos de la derecha radical y sus aliados de destituir no solo a Castillo sino también a Boluarte, contra quien hay un proceso en marcha por conservar la presidencia de un club privado siendo ministra, lo que está prohibido.

En caso de caer ambos, la jefatura de Estado quedaría en quien sea elegido este mes presidente del Congreso. Hasta ahora la gran favorita para suceder a la muy cuestionada María del Carmen Alva parece ser la exfiscal general Gladys Echaíz, quien milita en el partido Alianza Para el Progreso (centroderecha) pero suele estar de lado de la oposición más radical.

La lucha entre un Gobierno y un Congreso que según las encuestas tienen un rechazo popular de 82% y 88%, respectivamente, mantiene en vilo al país desde que asumió Castillo, un maestro rural de 52 años cuya única experiencia política previa era como dirigente sindical del magisterio.